Políticas
30/9/2026
La Corte Suprema habilita la extranjerización de tierras de Milei, frenémoslos con la movilización popular
Vayamos a Tribunales para rechazar esta avanzada proimperialista y exigir el juicio político a los jueces cómplices.
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La Corte Suprema volvió a dejar vigente la derogación de la Ley de Tierras, eliminando los límites establecidos para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, una cuestión que fue duramente resistida por la población y derrotada en el intento del gobierno de imponer la extranjerización de tierras por medio de una ley en el Congreso. Cobra fuerza la convocatoria a una movilización a Tribunales para rechazar el fallo nefasto de la Corte Suprema.
Los cortesanos dieron marcha atrás al fallo que había frenado el artículo 154 del DNU 70/23, en una decisión adoptada por los tres integrantes del tribunal, que se fundó en que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) no estaría “legitimado” para promover la acción y que no existía un caso concreto en los términos exigidos por la Justicia.
La Ley de Tierras (derogada por el decreto presidencial) establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, además de fijar límites por nacionalidad y establecer que un mismo titular extranjero no podía superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente territorial. Gracias a Milei, a la Corte y a la oposición patronal que se negó sistemáticamente a derogar ese megadecreto nefasto del gobierno “libertario” ahora se eliminan esas restricciones.
Hay que armar una gran movilización a los Tribunales contra el nefasto fallo de la Corte Suprema. La casta judicial labura para los Piter Thiel y Lewis que quieren acaparar la tierra para sus propios negociados.
— Gabriel Solano (@Solanopo) September 30, 2026
Una Corte reaccionaria
La resolución llega después del intento del gobierno de modificar nuevamente el régimen de tierras mediante el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El oficialismo había impulsado inicialmente la eliminación de las restricciones, luego negoció un límite del 25% para las tierras extranjerizadas y finalmente retiró todo el capítulo ante la falta de apoyos suficientes en el Senado y una fuerte oposición de la población, con una contundente movilización independiente en todo el país.
El 6 de agosto, el Senado aprobó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 37 votos contra 33, pero el texto finalmente tratado ya no contenía las modificaciones al régimen de tierras, que había caído producto de la gran movilización que denunció que esto favorecía el saqueo y el avance extractivista y que además remata la soberanía del país debido a que entrega las zonas fronterizas a capitales foráneos. La eliminación del capítulo dejó subsistentes las restricciones de la Ley de Tierras, hasta que la decisión de la Corte volvió a poner en funcionamiento el artículo 154 del DNU.
La Corte, sin embargo, no estableció que esas restricciones sean inconstitucionales ni resolvió sobre el fondo del cuestionamiento al decreto, sino que se amparó en una cuestión de “forma” para habilitar la entrega de las tierras nacionales a los capitales extranjeros, sin límite alguno.
Gravísimo. La entrega de tierras que el gobierno no pudo lograr con su nefasta "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" gracias a la enorme movilización popular del 6 de agosto, ahora lo quieren imponer a través de un fallo de la Corte Suprema.
— Romina Del Plá (@RominaDelPla) September 30, 2026
El fallo deja sin efecto la…
El Congreso cómplice
Esta situación vuelve a poner sobre la mesa lo actuado respecto al nefasto mega DNU 70/23 inaugural de Javier Milei, por el cual el presidente recién asumido buscó imponer un paquete de modificaciones legislativas reaccionarias y antipopulares de un saque.
El régimen de los decretos de necesidad y urgencia establece un mecanismo de intervención de ambas cámaras para producir la derogación definitiva de los mismos -una herencia que debemos agradecer al kirchnerismo-, por lo que el Senado y Diputados colaboraron para que el decreto no se caiga, restringiéndose solo la aplicación de aquellos apartados con una sentencia o medida cautelar en contra del gobierno.
El dirigente del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, manifestó al respecto que “la Corte Suprema comete una aberración jurídica cuando le permite al gobierno cambiar una ley por decreto para vender tierras al capital extranjero. Es tal la violación de la Constitución que corresponde el juicio político (...) Por cosas como estas decimos que los jueces deben ser electos y revocables por el pueblo”.
Lo que el gobierno no pudo imponer de hecho, ni en el Congreso de la Nación, es garantizado ahora por una Corte reaccionaria, compuesta por tres cortesanos inamovibles, quienes resuelven contra la voluntad de la mayoría de la población y el pueblo expresado en las calles.
Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales citados por Chequeado, la superficie rural en manos extranjeras había alcanzado 13,3 millones de hectáreas en 2026, que es el equivalente a la superficie de Santa Fe, mientras que durante la gestión de Milei se habían autorizado 111 operaciones de compra por parte de extranjeros hasta agosto. Una tendencia que podría crecer con la eliminación de restricciones.
Hay que poner en pie una movilización a los Tribunales contra el fallo reaccionario de la Corte Suprema, que trabaja para los grandes terratenientes y el capital extranjero, habilitando el acaparamiento indiscriminado de tierras y la entrega del país, contra los intereses populares.
