Políticas
29/1/2026
EDITORIAL
La crisis de “los de arriba” en la Argentina de Milei y la lucha de los trabajadores
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El dueño de Techint, Paolo Rocca, junto a la senadora Patricia Bullrich
La pelea de buitres que estalló entre el gobierno y Techint en torno a la licitación para la provisión de caños para el gasoducto entre Vaca Muerta y Punta Colorada es una muestra de la Argentina que se está gestando de la mano de Milei. Mientras el país se hunde sin reactivación económica, los salarios caen sistemáticamente, el trabajo se precariza día a día, el gobierno arbitra e interviene en las disputas de los grandes negocios dominados por un puñado de pulpos petroleros, mineros y agrarios, a los que hay que sumar, por supuesto, el sector financiero alimentado por la política de endeudamiento de Caputo.
El consorcio indio Welspun le ganó a Techint la licitación ofertando 200 millones de dólares por la provisión de caños para la exportación de gas licuado. Es un negocio que va en vías de dispararse, con la habilitación de buques licuefactores y la adquisición de dos buques que van a permitir exportar el 18% de la producción local. La asignación a la empresa india por parte del consorcio Southern Energy, integrado por YPF, los Bulgheroni (PAE) y Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), fue festejada por el ministro Federico Sturzenegger por “abaratar costos”. “Rebaja de costos” que jamás llegará a los usuarios, sino que irá a engrosar los márgenes de beneficio de las petroleras. Del lado de Techint denunciaron dumping de China (que proveería el acero a Welspun) y amenazaron veladamente con el cierre de su planta en Valentín Alsina, que emplea 450 obreros. Extorsionando en nombre de una “industria nacional” a la cual el gobierno le impide en este caso ser siquiera una socia menor proveedora de la cadena petrolera. El gobierno redobló la apuesta sosteniendo que Techint jugó fuerte en el proceso electoral para forzar una devaluación, contra el gobierno. La burguesía nacional presiona para una megadevaluación que le permita bajar sus costos, pulverizando aún más el salario. El gobierno se opone a sabiendas que en el cuadro actual provocaría una escalada de los precios internos desatando las condiciones para una rebelión generalizada.
Mientras se desarrolla este choque público, la misma Techint se prepara para disputar, junto a Mindlin de Pampa Energía, la licitación por la construcción del mismo gasoducto, con los tubos provistos por la empresa india. En esta licitación, de nuevo, la oligarquía local intenta preservar sus posiciones frente a la presión del capital internacional. Según La Nación, la inversión total en infraestructura en el proyecto alcanza los 1.300 millones de dólares. El gobierno juega un rol de arbitraje en todos estos negocios a través de YPF, y del conjunto de regulaciones que el Estado nacional pone en pie para garantizarlos, que incluyen fuertes exenciones impositivas, a través del Rigi, la legislación minera, y diversos mecanismos, actuales o heredados del kirchnerismo. Y busca ampliar el campo de negocios (mineros) con la entrega de los glaciares que proyecta junto con los gobernadores cordilleranos de todos los signos políticos. En oposición a los meganegociados y la entrega de los recursos naturales, levantamos un programa de nacionalización de la industria petrolera bajo control obrero, en resguardo de los puestos de trabajo y los recursos nacionales, y como parte de un programa de reorganización social de la mano de los trabajadores.
La extorsión de la reforma laboral
Por supuesto que no tardaron en saltar los comentaristas que atribuyen el costo de los tubos de Techint a las “regulaciones laborales” e impositivas, que el gobierno estaría abordando a través de la reforma laboral. De manera tal que esta guerra de buitres por la confiscación de la riqueza nacional deberían pagarla los trabajadores poniendo el lomo para la competitividad de los Techint y sus socios de la “burguesía nacional”. Los choques de negocios que separan al gobierno de Rocca y otros sectores de la burguesía nacional se saldan cuando se trata de liquidar derechos laborales.
De todas maneras, el choque con Techint tiene otra implicancia para la clase trabajadora: la política del gobierno agrieta permanentemente el frente patronal por la propia crisis capitalista que enfrenta la Argentina, donde los beneficios y la entrega al capital internacional son el soporte de un gobierno que de no contar con esto entraría en colapso inmediato. El método de Milei de crisis y choques revela las contradicciones enormes de la política de ajuste y entrega del gobierno. Es lo que hace al mismo tiempo con los gobernadores, cuando incluye en el proyecto de reforma laboral una rebaja sustancial del impuesto a las ganancias que golpea fuertemente la coparticipación federal. Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora (firmes defensores de esta “modernización” esclavista), salieron a cuestionar estos aspectos y la negociación de la reforma se puede empantanar en el Congreso si el gobierno no encuentra una respuesta a los reclamos de las arcas provinciales o bien retrocede en estos artículos.
Las grietas y choques en el frente patronal solo pueden explotar en favor de los trabajadores con una política independiente: con un paro nacional y un plan de lucha, para derrotar la reforma laboral y poner en primer plano la lucha por todos los reclamos del movimiento obrero: el salario, las fuentes de trabajo, las condiciones laborales, etc. Es decir, promover la huelga general contra todos los ataques a los trabajadores para quebrar el avance antiobrero del gobierno y poner en jaque el conjunto de su política. Pero la política de todas las alas de la burocracia sindical se opone a esta línea. La última expresión la tuvimos con la reunión de la UOM, de la cual participaron Aceiteros, ATE, APA, y Yasky, entre otras expresiones del sindicalismo crítico de la posición del triunvirato.
Este sector resolvió impulsar movilizarse en Rosario y Córdoba para plantearle a los gobernadores “que no nos entreguen”. Una línea suplicante de presión sobre sectores que están aplicando en sus propias provincias reformas antiobreras violentísimas (sobre todo en el terreno jubilatorio) y que apoyan claramente la entrega de los derechos laborales. Nada de largar un paro nacional con movilización a Congreso, que sería el primer paso real para enfrentar la reforma laboral. Se trata de una vía segura a la derrota, a través de la adaptación a una oposición patronal paralizada y cómplice de la monumental transferencia de ingresos contra los trabajadores que promueve el mileísmo.
Todos a la autoconvocatoria el 2
Bien visto, el debate en el Frente de Izquierda tiene mucho que ver con este cuadro político. Porque de lo que se trata es de explotar las crisis al interior de la burocracia y en el frente patronal para desarrollar una política de independencia de clase y llamar a movilizarse e intervenir con asambleas, paros y movilizaciones para enfrentar la reforma laboral, de ninguna manera de adaptarse a una oposición patronal y una burocracia sindical totalmente paralizadas. Esta orientación de lucha e independencia política es la que levanta el Plenario del Sindicalismo Combativo, los movimientos piqueteros independientes y las agrupaciones de jubilados, que convoca este 2 de febrero a una autoconvocatoria en Parque Lezama para enfrentar la reforma laboral. Estarán presentes el Sutna, la Unión Ferroviaria Oeste, Ademys, la AGD UBA, la Junta Interna de ATE Garrahan, y las principales luchas de la etapa.
Un sector del FIT-U (el PTS y el MST) tiene por política hostilizar común del clasismo y todos los sectores independientes, esta hostilidad tiene que ver con una política de sembrar expectativas en una “gran coalición” (PTS) con sectores que hoy se agrupan con la UOM: tanto aceiteros como diferentes alas y sectores de la CTA. Es una línea de franeleo con sectores que no sacan los pies del plato de la política de la burocracia. Al contrario, lo que corresponde es clarificar que la parálisis de estos sectores nos lleva a una derrota segura. La única forma de enfrentar esta reforma es con un paro activo y movilización con la perspectiva de las grandes puebladas que frenaron este tipo de intentos: la más reciente es la del 14 y 18 de diciembre de 2017 enfrentando al gobierno de Macri. En ese momento, el gobierno pudo hacer pasar su reforma jubilatoria, pero debió archivar la reforma laboral por la enorme fuerza de la movilización popular.
La tarea de la hora es organizar el amplio rechazo popular a la reforma laboral para transformar esta inquietud en una movilización contundente. Con esa orientación apoyamos el plenario del 2 de febrero que convoca el Plenario del Sindicalismo Combativo, el movimiento piquetero independiente y los movimientos de jubilados y vamos a redoblar la campaña ganando las calles y los lugares de trabajo, reclamando un paro nacional y plan de lucha hasta la huelga general y llamando a movilizar para derrotar a Milei.
