La democracia, más que nunca, en venta

Los grandes medios de comunicación se están centrando, en el análisis de la reforma electoral de Milei, en la cuestión de las Paso. La eliminación de las Paso es en efecto un gran objetivo político del gobierno, para evitar un mecanismo que pueda servirle a un peronismo en crisis para unificar candidaturas y montar una precaria unidad para abordar la elección presidencial. Pero es un instrumento también contra el PRO, que podría valerse de la existencia de las Paso para rearmar un espacio de derecha “republicano”, junto a los jirones de Cambiemos. Pero tomar solamente la cuestión de las Paso como centro de la reforma política es sesgado y funcional al sistema empresarial de medios, en primer lugar, y a la clase capitalista en su conjunto, en segundo lugar, que ven con muy buenos ojos una reforma que refuerce enormemente el copamiento empresarial, en todos los niveles, de las campañas electorales. Se busca ocultar a las fuerzas políticas críticas y emergentes para copar el régimen electoral con dos o a los sumo tres grandes alianzas, totalmente sometidas, a través del financiamiento, a los intereses capitalistas.

La reforma tiene en efecto cuatro patas centrales. En primer lugar, elimina las Paso. En segundo lugar, aumenta enormemente los requisitos de reconocimiento de los partidos políticos: aumenta a 10.000 el número de afiliaciones en los distritos grandes (de 4.000 actuales), aumenta a 5 por mil del padrón los afiliados necesarios, se coloca un mínimo de afiliados por partido nacional que hoy no existe y se aumenta de 5 a 10 el número de distritos necesarios para legalizarse nacionalmente. Se establece un piso enorme de avales para presentar una candidatura, y se aumenta al 3% del padrón el piso necesario para mantener la personería, con el agregado de que en el caso de las alianzas deberán dividirse los votos para llegar a ese 3%, en lugar de, como ocurre actualmente, que cuando alcanza el piso la alianza, comprende a todos los partidos integrantes. En tercer lugar, elimina los espacios cedidos para la difusión electoral en medios de TV y radio. En cuarto lugar, no solamente elimina el financiamiento estatal de las campañas, sino que además desregula enormemente el financiamiento privado. La reforma permite gastos sin límite en las campañas, eleva enormemente el límite de aportes privados a los partidos políticos, permite contratar espacios de publicidad sin plazos de campaña, permite que los privados contraten publicidad electoral para las agrupaciones políticas e, inclusive, se llega al extremo de permitir que lo hagan sin declaración alguna del aporte.

La compactación de la “oferta electoral”

Cuando se instituyeron las Paso, en 2009, denunciamos su carácter proscriptivo. Efectivamente, las Paso venían incluidas con el piso antidemocrático del 1,5% de los votos positivos para participar en las elecciones generales. Denunciamos además, la injerencia en los partidos que representaba forzar a participar en internas abiertas para elegir candidatos. Estos mecanismos tenían el objetivo de compactar la oferta electoral para producir mayorías forzadas que permitieran superar la fragmentación del sistema de partidos y reforzar la “gobernabilidad” del régimen político. Así, se llegó a una elección presidencial en tres vueltas, en las cuales un ciudadano que vota en las Paso a una fuerza puede ser llevado a votar en las generales por otra y en el balotaje por una tercera, forzando una mayoría para reforzar la autoridad presidencial. Es lo que pasó con Milei. En las elecciones de diputados, las Paso y los pisos se combinaron con un régimen que mantuvo el piso de votos en las generales de la provincia de Buenos Aires y la subrepresentación de la misma (los diputados representan una cantidad proporcionalmente mayor de población que en el resto del país) acentuando una subrepresentación de la izquierda y en general de todos los bloques minoritarios.

Ahora, se pretende pasar a un sistema de injerencia en los partidos y proscripción al cuadrado, porque la “compactación” de la oferta electoral, que actualmente se realiza en las Paso, se hará por la vía de liquidar partidos que actualmente actúan como tales, forzando que sean o bien proscriptos, o bien que tengan que recurrir a fusiones para mantener su legalidad. El cedazo que se pretende pasar apunta a un régimen de dos o tres grandes alianzas patronales, porque si se mantiene la cláusula del 3% del padrón electoral dividiendo los votos al interior de una alianza, se establece incluso un límite matemático a la cantidad de partidos con posibilidades de seguir reconocidos.

Financiamiento y espacios

La reforma del financiamiento apunta a invisibilizar directamente a las expresiones políticas que no tengan un directo apoyo empresarial. Es un "bocado de cardenales" para los medios, que ahora van a estar más “ensobrados” que nunca. El “ensobramiento” pasa a ser legal, en la medida que se habilita la contratación libre de publicidad electoral y, por lo tanto, pagar para salir, e incluso para bloquear la salida de adversarios políticos o fuerzas que no encajen en los moldes empresariales. Todo el arco empresarial de medios queda habilitado a un negociado fenomenal con la competencia por tarifas en campaña. Mientras tanto, se habilita la contratación de publicidad inclusive antes de las propias campañas, ampliando el arco del negocio.

La cuestión del debate, además de ser una obvia limitación de la posibilidad del electorado de confrontar posiciones, se transformará en un negociado antidemocrático, porque le brinda a canales o plataformas la posibilidad de organizar debates a medida para forzar polarizaciones electorales ficticias. El combo se completa con la eliminación del presupuesto público para campañas, por un lado, y la desregulación en los aportes privados, por el otro, que van a reforzar enormemente la capacidad empresarial de lobby sobre todas las fuerzas políticas del sistema, buscando dejar a la izquierda anticapitalista fuera del mapa, por las proscripciones y el ahogo económico sobre las campañas electorales.

Es evidente que se trata de un enorme golpe a la posibilidad de que las elecciones reflejen así sea distorsionadamente algún interés popular. Es un golpe a la posibilidad del electorado de elegir en forma fundada las agrupaciones políticas que desea votar. Y fundamentalmente de un golpe a la izquierda agrupada en el FIT-U, un bloque de independencia de clase que no tiene financiamiento patronal, que está levantando en las encuestas y sondeos de opinión y que el gobierno tiene un especial interés en proscribir.

Un régimen a la medida del Fondo, las mineras y las petroleras.

El espejo de estas campañas electorales lo tenemos en muchas elecciones provinciales, donde la caja del Estado y la influencia determinante sobre los medios locales inclinan sistemáticamente la cancha en favor de los gobernadores y los lobbys capitalistas que representan, sean mineros, agrarios o petroleros. En la política nacional, en cambio, los últimos 20 años mostraron la emergencia de fuerzas políticas nuevas de diversos signos. Fue la forma en que se fue procesando una crisis política emergente que desde el 2001 jamás consiguió establecer un régimen de gobierno totalmente estable y estuvo atravesada por crisis recurrentes y rupturas, bonapartismos fallidos, coaliciones quebradas y, atravesando todo, una crisis de fondo del régimen capitalista que impacta en una crisis de representación política. El mileísmo mismo fue un emergente de esta crisis, explotando el descrédito tanto del peronismo como del macrismo.

Ahora, la reforma política pretende ponerle un coto a esta deriva. La regimentación de la posibilidad de la emergencia de nuevas expresiones políticas apunta directamente contra la izquierda e indirectamente pretende refundar un régimen político basado en dos o tres grandes fuerzas patronales, dependientes hasta la médula del financiamiento del gran capital, y con capacidad de controlar enteramente los procesos electorales. Este reordenamiento reaccionario es a la medida del Fondo Monetario, el capital financiero, las petroleras y las mineras que pretenden una estabilidad política que les permita seguir saqueando la Argentina sin preocuparse por quien ocupe circunstancialmente el sillón de Rivadavia.

Perspectivas

En la negociación abierta entre las fuerzas patronales no se discute todavía el fondo de este diseño, porque están concentrados en los temas de “vida o muerte” para los gobernadores, las fracciones del PRO, la UCR y el PJ que quieren sobrevivir a la reforma y reforzar su peso propio en el Congreso, en un escenario que imaginan de reelección presidencial. Entonces, para evitar un copamiento “violeta” de sus distritos, los radicales, el PRO y muchos gobernadores del peronismo también discuten el régimen de colectoras. Esta negociación, que apunta a un fraude contra el electorado (porque puede multiplicar la aparición de los candidatos de LLA o el peronismo en la boleta por la cantidad de colectoras permitidas), tiene de todas formas una gran importancia porque si el gobierno no consigue resolver esta interna se debilitará en su intento de avanzar en todo el paquete. Así, todo podría terminar en el aborto de una nueva suspensión de las Paso, o bien de unas primarias abiertas no obligatorias. Se trata en todos los casos de variantes de emergencia de manipulación política para favorecer la continuidad del mileísmo en el poder.

La tarea actual consiste en denunciar a fondo este engendro reaccionario y en reforzar las filas del Frente de Izquierda, la única fuerza consecuente en cada lucha obrera y la única que no depende del financiamiento patronal de las mineras, las petroleras o el capital financiero.

Por una remontada para que los trabajadores demos vuelta el partido

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