Las tijeras del FMI se mostraron especialmente afiladas en materia de inversión pública. La misma cayó 38,3% en términos reales durante el 2022, destacándose el ajuste en vivienda, urbanización y obras para extender el acceso al agua potable.

Los datos forman parte de un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Allí se puede observar una caída real del 54% y del 54,7% en la inversión pública destinada a vivienda y urbanismo y a agua potable y alcantarillado, respectivamente. Esto, cuando la crisis habitacional afecta a sectores enteros de la población y la falta de acceso a los servicios básicos es moneda corriente en los barrios populares.

Según el Indec, el 4,2% de los habitantes de los aglomerados urbanos vive en condiciones de hacinamiento crítico. A su vez, el 12,6% de los hogares está construido con materiales parcialmente insuficientes y el 6,5% con materiales insuficientes. Por otro lado, el 11,8% de los mismo tiene un saneamiento inadecuado. En cuanto al acceso a servicios básicos, el 12,4% de la población no cuenta con agua de red y el 29,8% carece de cloacas.

Además de pisotear el derecho de la población trabajadora a vivir en condiciones dignas de habitabilidad, el ajuste en vivienda y obras públicas por parte del gobierno también atenta contra la creación de trabajo genuino y la reactivación de la actividad económica. Finalmente, el oficialismo le da la espalda a las necesidades populares en función de cumplir con la meta fiscal del FMI. Como si fuera poco, ha decidido recortar 160 mil programas sociales, dejando sin ingreso a las familias más vulnerables.

Al mismo tiempo, los gobiernos provinciales descargan todo su peso represivo sobre las lucha por tierra y vivienda que impulsan los pobladores. Tal como ocurre en la ocupación de tierras fiscales en Rio Pipo en Tierra del Fuego, donde la policía impide el paso de alimentos y agua, o con el reciente desalojo en el barrio La Resistencia en el distrito bonaerense de La Matanza. Como contrapartida, prolifera la entrega de terrenos para los negocios inmobiliarios a lo largo y ancho del país.

Es necesario luchar por planes de vivienda y urbanización, controlados por los vecinos y que empleen mano de obra desocupada bajo convenio. Así como también la creación de un banco de tierras fiscales y ociosas para construir allí vivienda popular. Dichas medidas deben financiarse a través de un impuesto progresivo  y permanente a la vivienda ociosa y a los pulpos inmobiliarios y mediante el repudio de la deuda y la ruptura con el FMI.