El jueves 28 de diciembre sesionó por segunda vez en siete días y por tercera vez en el año la legislatura bonaerense. Esta vez, el punto del debate eran los proyectos de Ley Fiscal Impositiva para el ejercicio 2024 de la provincia y un paquete de medidas diversas expresadas en una sola ley, megaendeudamiento incluido, al estilo ley “ómnibus”.

La sesión inició de forma escandalosa, ya que antes de comenzar a tratar los temas en cuestión, mediante un acuerdo entre los bloques de Unión x la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, se votó crear una secretaría de “participación ciudadana” en el ámbito de las autoridades de la Cámara de Diputados, y entregársela a… ¡Los liberfachos de Milei! Sí, justo a la fuerza política que plantea que serían ilegales las reuniones de 3 o más ciudadanos en la vía pública, como bien denunció Guillermo Kane en la sesión.

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Luego se procedió a tratar los proyectos ya mencionados. Respecto de la presentación inicial, ambos proyectos tuvieron modificaciones que vale la pena repasar. Mientras Kicillof había propuesto aumentos entre el 140% al 300% en el impuesto inmobiliario, finalmente estos serán entre el 130% y el 200%. Una reducción menor para las propiedades más baratas y mucho más considerable para las de mejor valuación. Más allá de eso, se ratificó que cada cuota de este impuesto, como del impuesto automotor (cuyo tope de aumento en 270% no se modificó), se ajusten según un índice de ARBA, es decir, a pedido del gobernador.

Por el lado de la ley “ómnibus” de Kicillof, se votó la prórroga de las emergencias planteadas (que otorgan mayores potestades al Ejecutivo) y, como cuestión central, un megaendeudamiento de casi 2.900 millones de dólares. Se ratificaron las modificaciones a la carta orgánica del Banco Provincia en favor del sector privado y los exportadores, entre otras disposiciones varias. En cambio, quedó trunca la intención del gobernador de crear una empresa sociedad anónima de medicamentos, que no reunió los apoyos necesarios de los bloques opositores.

En esta ley se dio el segundo escándalo de la noche/madrugada del transcurso de la sesión. Al mismo tiempo que la presidencia de la cámara ponía a votación la norma, se enviaba a los bloques políticos la última versión con modificaciones y sobre todo agregados importantes.

La prenda de cambio para que la mayoría de Juntos por el Cambio acompañe la votación fue la creación de un nuevo “Fondo de Fortalecimiento Municipal” (116.000 millones de pesos), la condonación de deudas de los municipios con la provincia y un artículo que se ha transformado en costumbre: la eximición de responsabilidad a funcionarios municipales que desvíen fondos o consoliden deudas. Una maniobra para salvaguardar a los intendentes frente a los desvíos que realizan, por ejemplo, con el fondo educativo, pocas veces utilizado para la infraestructura escolar.

Además del bloque oficialista, una parte mayoritaria de Juntos por el Cambio acompañó ambos proyectos. Los votos en contra, provinieron del bloque del Frente de Izquierda, de un sector disidente de la UCR, que responde a Facundo Manes, de 2 diputadas del bloque PRO que responden a Bullrich, de los 5 diputados libertarios del bloque “oficial” de Milei y el diputado Castello, que ingresó por la lista de Espert en 2021 y ahora apoya a Milei desde su monobloque.

Párrafo aparte merece el bloque “Libertad por Siempre”, de nueve diputados peronistas electos por las listas de Milei, que durante la sesión dieron a entender un voto favorable. El presidente de dicho bloque dijo, al referirse a los proyectos que “corresponden las críticas y corresponde el acompañamiento” y que “no vamos a obstruir la gobernabilidad del gobernador Kicillof”. Un par de días después, evidentemente presionado por el rechazo de Milei a los proyectos de Kicillof, dicho bloque “desmintió” haber votado a favor. Llamativamente, en el Senado, el bloque que encabeza Kikuchi, que comparte espacio con el mencionado bloque de diputados, sí votó favorablemente.

Por otro lado, la argumentación de Castello sirve para graficar el contenido antagónico del rechazo del Frente de Izquierda respecto de los otros bloques. Castello tildó a Kicillof de “marxista”, haciendo el ridículo al mostrar el manifiesto comunista, al tiempo que lo denunciaba por una supuesta “progresividad impositiva” que aleja a los empresarios y las inversiones. Sin duda, Castello quiere libertad de impuestos para los capitalistas.

La respuesta por parte de Guillermo Kane, del PO-FITU, partió de desmentir la supuesta “progresividad” que Castello le asignaba a la ley fiscal, para explicar el contenido del rechazo de la izquierda al paquete de Kicillof. Los aumentos son un caso de la regresividad: Los exportadores, beneficiados por la devaluación, pueden absorber fácilmente la suba, mientras que los trabajadores tienen que hacer frente a un incremento del impuesto inmobiliario al tiempo que su salario se depreció enormemente.

Que la parte del león de la recaudación provincial esté en el impuesto por Ingresos Brutos, que se traslada directo a los precios de productos y servicios, es justamente otra muestra de la regresividad de la ley fiscal del gobierno. Por último, la política impositiva de Kicillof continúa con las exenciones a sectores industriales y sectores concentrados del campo, que además se ven beneficiados por la subvaluación de sus terrenos (hasta la décima parte de su valor real), nunca modificada por ningún gobierno.

Con estas leyes, y con la prórroga del presupuesto 2023, Kicillof se adecúa al rumbo del gobierno nacional. La denuncia de que la prórroga presupuestaria en nación licúa las partidas vale también para la provincia, donde el gobernador se reserva la posibilidad de reasignar partidas arbitrariamente con la extensión de las emergencias.

Así como es necesario salir a enfrentar el brutal ataque que plantea el DNU, la ley ómnibus y el plan motosierra de Milei en general en el país, también hay que hacerlo en la provincia. La cuestión salarial ocupará sin dudas un lugar central en esta etapa, con miles de docentes y trabajadores estatales que ya ven afectados sus ingresos por la inflación y la devaluación.

Más que nunca, la organización por los reclamos, con total independencia de los gobiernos de turno será fundamental para defender los derechos laborales. El Partido Obrero y el FIT-U rechazó ambos proyectos planteando un camino alternativo de no pago e investigación de la fraudulenta deuda provincial, un esquema impositivo realmente progresivo que afecte las grandes fortunas de la provincia y pueda financiar un plan de viviendas y obras públicas.

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