Políticas
22/4/2026
La reforma electoral de Milei: un proyecto autoritario como recurso de crisis
El presidente.
“Se acabó la joda”, proclamó Milei en su cuenta de X al anticipar el envío al Congreso Nacional de la reforma electoral, que incluye la eliminación de las Paso, cambios en el financiamiento político, restricciones y pisos electorales, fin de la publicidad gratuita y la implementación de la llamada Ficha Limpia, entre otras “delicias” del autoritarismo facholibertario. Pero detrás de la escenificación, el cuadro es otro: un gobierno que, golpeado por la crisis económica, el deterioro social y las brutales internas de LLA, busca reordenar un régimen político que muestra signos crecientes de descomposición.
Según detalla la información periodística, el proyecto que el gobierno empezaría a debatir estas semanas incluye la eliminación de las Paso, la implementación de la Boleta Única de Papel, nuevas exigencias para la constitución de partidos y altísimos pisos electorales, privatización del financiamiento político y la incorporación de la llamada “Ficha Limpia”, un instrumento de proscripción opositora vía justicia adicta. Se trata de un paquete integral que apunta a modificar la arquitectura electoral y sus condiciones de “competencia”. Es un traje a medida de un Milei candidato único de su fuerza contra una oposición completamente fragmentada.
Pero no se puede descartar que la iniciativa tenga fines puramente propagandísticos, ya que Milei sabe que no cuenta con los votos necesarios para aprobarla en el Congreso sin concesiones significativas. La presentación anticipada del proyecto funciona para “cambiar el eje de la conversación política” (Clarín, 22/4), en semanas aciagas para el gobierno con el escándalo del "deslomado" Adorni a la cabeza. Ya Miguel Pichetto, empeñado en el “gran frente antiMilei”, se opuso porque la reforma torpedea el operativo.
En este marco, aparece un rasgo que atraviesa toda la orientación de La Libertad Avanza: la eliminación sistemática de mediaciones políticas. Ya se vio en la reforma laboral esclavista, en las amenazas a las cajas de la burocracia sindical y ahora se replica sobre el sistema de partidos. Bajo el discurso de “terminar con la casta”, lo que se impulsa es un vaciamiento “tecnológico” de instancias de organización y representación, para concentrar aún más el poder político y subordinarlo de manera directa a los intereses del capital. Dicho de otro modo, un salto hacia una mayor concentración del carácter capitalista de la democracia, o mejor aún, una mayor garantía del dominio capitalista del Estado y de la política.
La eliminación de las Paso es presentada como un mecanismo de ahorro fiscal. El propio oficialismo habla de un supuesto recorte de más de 200 millones de dólares. Sin embargo, el trasfondo es otro: las primarias son una forma de intervención en la designación de los candidatos de los partidos, pero el gobierno pretende golpear el mecanismo para que una oposición en disgregación y crisis ordene su propia interna de cara al 2027. En la misma línea se inscriben los nuevos requisitos para el reconocimiento de partidos. La exigencia de afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón con tope en dos millones significa 10.000 afiliados en los grandes distritos, una enormidad. Al mismo tiempo “digitaliza” la afiliación con “tecnología biométrica”, lo que está destinado a una inusitada dificultad para reunir cada afiliado a las fuerzas que no dispongan esa información que sí está en poder de los partidos de Estado.
Por otro lado, la ley exige presencia en diez distritos para obtener personería nacional, duplicando las condiciones actuales, ya proscriptivas. A esto se suma la pérdida de personería si no se alcanza el 3% del padrón en dos elecciones consecutivas, lo que puede ser el 5% de la elección. El objetivo es claro: avanzar en una depuración del sistema político que expulse a organizaciones menores y limite la pluralidad política. Concretamente es un misil contra las organizaciones del Frente de Izquierda en un momento de aumento en la consideración popular.
El capítulo del financiamiento electoral revela con mayor nitidez el carácter de clase de la reforma. El proyecto eleva los topes de aportes privados y elimina los límites de gastos de campaña, al tiempo que elimina mecanismos de financiamiento público como la publicidad gratuita en medios. Este esquema profundiza la dependencia de los partidos respecto del gran capital y consolida una competencia electoral dominada por quienes tienen mayor acceso a recursos económicos. La “libertad” que pregona el gobierno se traduce, en este terreno, en la subordinación directa de la política a los intereses empresariales.
Un punto particularmente regresivo es la llamada “Ficha Limpia”. Presentada como una herramienta contra la corrupción, establece la inhabilitación de candidaturas para personas con condena confirmada en segunda instancia. Desde una perspectiva de defensa de las libertades democráticas, esta figura es profundamente cuestionable. Como se ha señalado en Prensa Obrera, se trata de un mecanismo que habilita la proscripción política a partir de fallos judiciales en un poder que no es independiente sino que responde a intereses de clase.
La experiencia reciente muestra que el Poder Judicial ha sido utilizado sistemáticamente para perseguir opositores y disciplinar luchas sociales. La “Ficha Limpia” no apunta contra los responsables del saqueo capitalista, sino que abre la puerta a la criminalización de luchadores, dirigentes sindicales combativos y referentes populares. La inclusión de esta figura que el propio Milei volteó en un pacto con el PJ en el Senado, cuando acordó la nominación de Lijo a la Corte, es ahora un anzuelo para captar los votos del PRO en favor de la reforma. La crisis política dirá si les alcanza.
El proyecto también elimina la obligatoriedad de los debates presidenciales y termina con los espacios cedidos y gratuitos, recortando enormemente espacios de exposición pública y de confrontación política abierta que la izquierda revolucionaria utilizó desde que superó los pisos proscriptivos de la actual ley de Paso. No votamos la ley de Paso ni la actual legislación electoral de partidos políticos, pero lucharemos en contra de esta reforma reaccionaria.
La defensa de las libertades políticas no puede quedar en manos de quienes administran el mismo régimen que ahora se busca reforzar. Solo la intervención independiente de la clase trabajadora, en las calles y en todos los terrenos de lucha, puede enfrentar una reforma que apunta a cerrar aún más el sistema político en beneficio de los mismos intereses de siempre. En ese marco, cobra mayor importancia la realización de un acto unitario del Frente de Izquierda-Unidad este 1° de mayo, como expresión de una alternativa política propia frente a esta nueva ofensiva.
