Políticas
20/1/2026
Los trabajadores de reparto y la precarización laboral no registrada
El Indec busca que las empresas de reparto brinden datos sobre las personas que emplean. Milei oculta el crecimiento de la informalidad.
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Trabajadores de Rappi.
Marco Lavagna, el director del Indec, comenzó a tener reuniones con las empresas de aplicaciones de reparto con la mira puesta en que el organismo pueda medir cuántos trabajadores pertenecen al rubro para poder considerarlos correctamente en las estadísticas.
El gobierno se vale de la situación imperante para maquillar los datos y ocultar el fuerte crecimiento del empleo precario, en un país donde también caen los salarios y se pierden puestos de trabajo formales, y donde el empresariado, tomado de conjunto, busca imponer una reforma laboral para reventar los derechos laborales y obtener ganancias extraordinarias sobre la base de la superexplotación de la fuerza de trabajo.
Actualmente, en la categoría de repartidor se tienen en cuenta trabajadores cadetes, colocadores de afiches y de otras ocupaciones. Además, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) funciona con lo que se conoce como declaración de ocupación: una persona puede declarar que su labor es repartir productos de supermercado, pero queda en una incógnita cómo lo hace.
Algo similar ocurría hasta hace poco con la inflación. Con la actualización del cálculo, el Indec le dará una mayor representación a los servicios, que son los que más aumentaron, golpeando el poder adquisitivo de los trabajadores. Al estar subestimados, el gobierno podía exhibir una inflación menor.
Desde el Indec ya mantuvieron reuniones con PedidosYa, aunque por el momento no hubo avances concretos. Las empresas vienen negándose a brindar los datos de su plantel de trabajadores, justificándose con la “propiedad privada” de estos. Los capitalistas del sector lideran el ranking de negreros.
La Fundación Encuentro publicó en noviembre pasado un informe en el que da cuenta de que, para sostener a una familia tipo, un repartidor debía realizar alrededor de 461 pedidos por mes. Trabajan en un rubro donde carecen de derechos y los ingresos son inestables. Deben costearse el mantenimiento del vehículo, los planes de datos móviles y el combustible.
Además, carecen de seguro de accidentes cuando están sometidos a jornadas extenuantes en las que a menudo deben recorrer largas distancias y en las que entran en juego los tiempos de espera, o en las que deben lidiar con condiciones climáticas desfavorables o con el flagelo de la inseguridad. Varios han muerto en accidentes o en el marco de robos.
Si las negociaciones llegaran a buen puerto, dicen los analistas, habría una dimensión más clara de la precarización laboral, que ha aumentado considerablemente bajo el gobierno de Milei.
En el tercer trimestre de 2025, el desempleo disminuyó 0,3 puntos con respecto al mismo periodo de 2024. Pero, en el mismo lapso, la informalidad creció 0,7 puntos. Buena parte de ese incremento se concentró en las aplicaciones de reparto, así como también en el rebusque informal y el cuentapropismo.
Según el Instituto Argentina Grande (IAG), casi el 85% de los puestos de trabajo creados durante el último año fueron informales. Con Milei los despidos se acercan a los 300.000 y más de 20.000 empresas cerraron sus persianas.
Como ocurre con los trabajadores de reparto, el resto de los informales también cobran salarios bajos y carecen de los derechos laborales más elementales. Los cuentapropistas informales, por ejemplo, son tres veces más pobres que los asalariados formales.
Incluso los “sectores dinámicos” (minería, agro), que empujan hacia arriba una economía que ha ingresado en recesión, muestran pérdidas de empleo. Por ejemplo, en la industria minera-petrolera hay 87.500 empleos formales, cuando en noviembre de 2023 había 94.600 (El Destape, 22/12).
La intermediación financiera es lo que más aportó al “crecimiento de la economía” que divulga tramposamente el gobierno; es un sector que no genera puestos de trabajo. Además, esto da cuenta, en parte, de la especulación capitalista reinante con las tasas de interés altas y un dólar relativamente planchado.
La reforma laboral que los capitalistas y el gobierno quieren aplicar contra los trabajadores no revertirá este cuadro. Al contrario, significa un ataque brutal contra los convenios colectivos de trabajo, el derecho a huelga, la jornada laboral, las obras sociales, las jubilaciones y un sinfín de derechos que la clase obrera conquistó con su organización y su lucha. Es generalizar las condiciones de precarización mencionadas.
Salgamos a luchar masivamente contra la reforma laboral.
