Políticas
26/12/2025
Editorial
Milei atrapado en el laberinto
Se avecina un verano más que caliente.
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Preparemos la intervención de los trabajadores.
Cuando faltan apenas días para hacer efectivo el pago de los 4.200 millones de dólares a los bonistas la precariedad e inconsistencias de la política económica del gobierno se han acrecentado. Hasta ahora el gobierno de Milei no ha asegurado de dónde va a sacar los fondos para hacer frente a ese vencimiento, le estarían faltando según algunos análisis 1.700 millones. Está claro que no cuenta en las reservas con fondos de libre disponibilidad, solo logró tomar una deuda (local) por casi 1.000 millones de dólares a una tasa muy alta -superior al 9%-, y a posteriori entre el miércoles y jueves de la semana pasada vendió U$S 241 millones según el último registro oficial disponible para intervenir en el mercado de cambios y evitar un alza del dólar.
La pretensión del tándem Caputo-Milei es conseguir un préstamo de última instancia e incluso llegar a un acuerdo con los bonistas en una suerte de “canje” de una parte del vencimiento. Hasta ahora los bancos internacionales son reacios a hacer préstamos por la ausencia de garantías –Trump y Bessent no aflojan la firma.
Para poder ofrecer una garantía de fortaleza política y gobernabilidad –luego del triunfo electoral de octubre- el gobierno pretendía tener aprobado el Presupuesto 2026 en tiempo y forma y, por lo menos, la media sanción del Senado al proyecto de reforma laboral. En ambos casos viene fracasando. Por un lado la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto con los votos del oficialismo, sus aliados y el aporte de los gobernadores peronistas del norte fundamentalmente. Votaron un presupuesto que profundiza el ajuste a niveles brutales y allana el camino para que, violando incluso la legislación previa, el gobierno avanza con la hipoteca nacional (artículos 53 y 54).
Lo que el gobierno no pudo mantener es el capítulo XI donde se derogaban la emergencia en discapacidad, los fondos para las universidades, la actualización por inflación de la AUH y otras disposiciones, como el resarcimiento a las empresas energéticas, el gobierno sostiene que este capítulo es clave para sostener el equilibrio fiscal, lo que es falso porque solo en la reforma laboral está resignando U$S 6.000 millones de recaudación, mientras coloca como prioridad la deuda usuraria y las concesiones tributarias a los capitalistas. Ese golpe recibido en pleno recinto mostró la fragilidad del armado con los aliados, sobre todo con algunos gobernadores. Finalmente el gobierno decidió asumir la pérdida del capítulo en cuestión para que este viernes 26 el Senado apruebe sin modificaciones el despacho de Diputados (uno de cuyos artículos, el 53, habilita el canje con los bonistas sin que pase por el Congreso y sin que mejoren las conducciones del endeudamiento).
Sin embargo no tiene la certeza que sea así, hay un cuestionamiento de un sector aliado al gobierno (radicales) al artículo 30 que “elimina pasajes clave de las leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional, Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Técnico Profesional” que lo dejaron pasar en Diputados. Por otro lado hay un reclamo de los gobernadores de Córdoba y Chubut en particular por los fondos para las cajas provinciales. Si estos reclamos se trasforman en modificaciones al dictamen el proyecto vuelve a Diputados. El gobierno está haciendo negociaciones de última hora para que esto no suceda.
Así y todo Caputo ha dado cuenta que los problemas para el gobierno están más complicados de lo que parecen. Al declarar la necesidad de “ir independizándose de Wall Street” -viniendo de un hombre del JP Morgan– Caputo puso de manifiesto que el acceso de Argentina al mercado internacional de capitales está cuestionado, por eso el ministro propone “fondearse” con el país con el retorno de los depósitos en el exterior (un nuevo y oneroso blanqueo), y en particular a través de los 3.000 millones de dólares que le van a sacar a la Anses para constituir el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que figura en el proyecto de reforma laboral para eximir a las patronales del pago de la indemnización con “la propia”. Es decir, Caputo se quiere fondear en parte “con la nuestra”, con la plata de los trabajadores.
La reforma laboral para febrero
En el marco de esta situación el gobierno a través de Patricia Bullrich tuvo que reconocer que no tenían los votos para aprobar la reforma laboral, lo hizo al señalar que a pesar de que el proyecto oficial tuvo dictamen de comisión estaba sujeto a modificaciones y que el tratamiento del mismo sería el 10 de febrero.
La postergación evidentemente complica al gobierno y a todos los partidarios de una reforma. Los trabajadores están empezando a tomar conocimiento del verdadero carácter esclavista de la reforma mientras se agravan los problemas de empleo por los despidos y suspensiones, el crecimiento de la informalidad laboral y sobre todo por la depreciación constante del salario cuando la inflación está en subida y las paritarias firmadas han establecido aumentos mayoritariamente del 1% mensual.
La burocracia sindical ha saludado la postergación para insistir en ser convocada a discutir los términos del proyecto, sobre la base de caracterizar la necesidad de “una modernización”, eufemismo con el que se pretende ocultar una mayor flexibilidad laboral, la eliminación de la jornada de 8 horas, la rebaja sustancial de las indemnizaciones, la eliminación de los convenios colectivos por rama, la instauración del “salario dinámico” que ata los salarios a la productividad entre otros ataques, la derogación del estatuto del periodista, de la ley de teletrabajo y una decena más de estatutos, el ataque a la asamblea obrera y al derecho de huelga. Es la política del peronismo que a través de todas sus alas ha colocado la necesidad de producir una “adecuación del régimen laboral”, desde Cristina Fernández a los gobernadores peronistas, de Grabois a Massa. Sobre esa coincidencia de fondo que obviamente incluye al PRO, radicales y otros partidos de los capitalistas se monta el gobierno para ir a fondo.
La preocupación de la burocracia se concentra en la rebaja en un punto de los aportes patronales a las obras sociales –las cuales están en crisis-, el financiamiento de los sindicatos y la creación de sindicatos por empresa. Todo lo cual plantea una reconfiguración de la organización del movimiento obrero para imponerle una mayor dispersión. En un sector de la clase capitalista existe una preocupación si este desmembramiento no terminará inundando el país de sindicatos sin control de la burocracia que es la que viene habilitando todos los ataques a los trabajadores.
La política de buscar el diálogo como eje es lo que llevó a que la propia burocracia le quitara esfuerzos a la movilización del 18 de diciembre que ella misma había convocado –posiblemente sabiendo que ya estaba resuelta la postergación-, quedó muy lejos de los 150.000 manifestantes que había prometido, y vació la Plaza de Mayo en 35 minutos, luego de amenazas sin precisiones de apelar al paro. En un análisis de los distintos gremios aparecerán los claros y oscuros de la convocatoria, habría que resaltar por ejemplo los más de 10.000 trabajadores movilizados en Comodoro Rivadavia, los 1.500 de Río Gallegos.
Resalta, en este cuadro, la decisión del Plenario Obrero Combativo de organizar la convocatoria a marchar a Plaza de Mayo con el reclamo de paro nacional y plan de lucha, con una columna independiente, con un documento propio de delimitación de las burocracias de la CGT y de las CTAs y su disposición a negociar los términos de la reforma.
A preparar la intervención de los trabajadores
Lo que la burocracia no pudo evitar es que la convocatoria a marchar colocara el debate sobre la reforma, sus objetivos y medidas entre los trabajadores de todo el país. Y eso es lo que hay impulsar en los lugares de trabajo, en los sindicatos, para que junto al conocimiento de los verdaderos alcances de lo que buscan el gobierno y los capitalistas se resuelvan medidas de acción, se impulse un plan de lucha y se produzca una gran agitación que coloque a todo el movimiento obrero en estado de movilización.
La consigna que debe guiar la intervención obrera es el rechazo al proyecto de plano, el 99% de sus artículos están destinados a garantizar el carácter esclavista del régimen laboral que quieren imponerle a los trabajadores, ninguna modificación o agregado puede cambiar esto. Solo una derrota de este intento podrá abrir paso a mejores condiciones de trabajo que las actuales, las cuales se conseguirán con la lucha de una clase trabajadora fortalecida por la derrota del gobierno y los capitalistas empeñados en producir este ataque profundo a los trabajadores.
Junto a la agitación contra la reforma hay que empeñarse en la organización de la lucha por el aumento de los salarios. La burocracia firmó acuerdos aceptando el techo del 1% mensual que impuso el gobierno, los gremios -como el Sutna- que no aceptaron el cepo salarial han salido a la lucha para quebrarlo, pero la burocracia no mueve un pelo cuando el costo de vida sigue en ascenso y los aumentos pactados cubran casi el 40% de la inflación reconocida.
Hay que usar este primer mes del año 2026 para preparar la intervención de los trabajadores con una gran lucha que derrote al gobierno y sus cómplices.
