El Decreto 264/2026 de Milei autoriza el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, para la participación en el ejercicio "Daga atlántica", que pretende llevarse a cabo en territorio argentino, en la Base Naval Puerto Belgrano, en la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina en Moreno. Se trata de un decreto de extrema gravedad política, porque profundiza la orientación del gobierno nacional de subordinación a los intereses estratégicos y militares de los Estados Unidos.

El ingreso de tropas extranjeras y la realización de ejercicios militares son elementos de una política sistemática de alineamiento de nuestro país con el aparato militar de los Estados Unidos que interviene en conflictos en todo el mundo, promoviendo guerras, ocupaciones, genocidios, espionaje y desestabilización de gobiernos que no le son afines.

El contexto internacional en el que se dicta este decreto es el de un EEUU apoyando la matanza del pueblo palestino y profundizando su injerencia en Irán y el Líbano. Habilitar la presencia militar del ejército de Estados Unidos coloca a nuestro país como cómplice del imperialismo.

El diputado nacional del FIT-U, Nestor Pitrola, presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional planteando la “nulidad absoluta e insanable del Decreto 264/2026, así como de todos los actos que de él se deriven, y rechazar de manera categórica cualquier forma de injerencia militar extranjera en nuestro país”.

Para mostrar alineamiento con el imperialismo yanqui, a cambio de promesas de inversiones y endeudamientos, todos los gobiernos argentinos han permitido injerencias de este tipo. Durante el gobierno de Cristina Fernández (2011) se votó la Ley Antiterrorista (redactada por el Departamento de Estado norteamericano). Allí se definía el terrorismo como “actos que se hubieran cometido con el fin de atemorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o de alguna organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Con esta ley cualquier protesta de trabajadores contra el Estado capitalista, manifestación sobre alguna embajada o incluso una huelga en un sector “esencial” podría ser considerada como un acto de terrorismo. De hecho, ya se ha aplicado contra la población mapuche y contra los activistas antimegaminería.

Macri le hizo modificaciones para aplicarla y, por supuesto, Javier Milei puede hacer uso de la Ley Antiterrorista para “perseguir a la extrema izquierda” como es el objetivo internacional de Trump. Los nuevos lineamientos emitidos para la Side, el mayor financiamiento y el avance en su capacidad de espionaje y hasta de detención de personas sin orden judicial, parecen inspirados en estas órdenes emitidas por Estados Unidos. Es preciso recolectar el rechazo absoluto del pueblo argentino a esta nueva injerencia yanqui en la Argentina. Sólo la clase obrera, organizada políticamente de manera independiente, puede derrotar al imperialismo. En particular, los trabajadores de Moreno debemos alzar la voz contra los operativos militares imperialistas en nuestro distrito.