Políticas
15/12/2025
Milei negocia con los gobernadores: avales para más deuda, ajuste y saqueo ambiental
Avales del Tesoro, más endeudamiento provincial y avance extractivista forman la moneda de cambio para aprobar el ajuste y las reformas antiobreras en el Congreso.
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Milei junto a gobernadores.
El gobierno de Milei encara una etapa decisiva en el Congreso: la aprobación del Presupuesto 2026 y un paquete de reformas antiobreras que incluye capítulos laborales, fiscales, penales y ambientales. Sin mayoría propia en Diputados, y luego de dos años consecutivos de presupuestos prorrogados (un hecho inédito en la etapa democrática reciente), el gobierno liberfacho se apoya en un esquema de negociación directa con los gobernadores, donde el eje no es la siempre romántica invocación del “federalismo”, sino el más descarado canje de votos por endeudamiento, concesiones políticas e incluso, como ya se ha visto, prebendas personales.
Tal como señaló Prensa Obrera en la cobertura de la primera sesión del nuevo Congreso, Milei logró consolidar una mayoría circunstancial en Diputados con el apoyo de bloques “dialoguistas”, mientras la izquierda denunció que se abría una etapa de ofensiva frontal contra los trabajadores. Ese alineamiento parlamentario es el que ahora el Ejecutivo busca consolidar para sancionar el Presupuesto y destrabar las denominadas “reformas estructurales”.
Avales para endeudamiento: el corazón del poroteo
El punto neurálgico de la negociación con los gobernadores son los avales que tiene que brindar el Tesoro Nacional para aprobar el endeudamiento de las provincias, una herramienta clave para disciplinar provincias sin recursos propios ni acceso fluido al crédito.
Los pedidos son explícitos. El artículo 59° del dictamen de Presupuesto 2026 firmado por Oscar Agost Carreño, Mariela Coletta, Eduardo Falcone, Ignacio García Aresca, Pablo Juliano y Oscar Zago, referentes de los bloques de Provincias Unidas, Democracia para Siempre (desprendimiento de LLA), solicita una serie de avales del Estado nacional para nuevas operaciones de crédito público en Jujuy, Santa Fe y Córdoba, por un total de 1.412 millones de dólares, lo que implica un incremento cercano al 25% sobre los avales ya reconocidos, que ascienden a 5.596 millones de dólares según los últimos datos oficiales, correspondientes al año 2024.
En todos los casos, el plazo mínimo de amortización es de tres años, lo que compromete recursos futuros para sostener el ajuste presente.
Endeudamiento generalizado y mayor dependencia
Este esquema se suma a otros procesos de endeudamiento en curso. En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri avanzó con deuda por 600 millones de dólares a una tasa del 7,8%. En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof impulsa un endeudamiento por 3.685 millones de dólares, hasta el momento no autorizado por el Tesoro Nacional. A su vez, Chubut, bajo la gestión de Ignacio “Nacho” Torres, ya obtuvo aval nacional para renovar deuda a fines de noviembre.
Los gobernadores reclaman la puesta en marcha de la ley aprobada por el Congreso para repartir automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con un remanente de $645.275 millones sin ejecutar por parte de la Nación (La Nación, 3/11).
La negociación no se limita al Congreso. El ministro de Economía Luis “Toto” Caputo fue convocado a mesas de trabajo para definir la letra fina del Presupuesto 2026 y las negociaciones con los gobernadores (elDiarioAR, 18/11). En esas instancias estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros. El objetivo explícito de esa mesa fue definir límites fiscales, montos y prioridades concretas que el gobierno puede ofrecer como parte del “toma y daca”.
La necesidad de autorización del gobierno nacional se convierte así en una poderosa palanca de presión política sobre los gobernadores. A diferencia del ciclo de endeudamiento provincial abierto en 2016, durante el macrismo, este proceso adquiere un carácter más explosivo, ya que Argentina no ha recuperado el acceso al crédito internacional bajo el gobierno de Milei y mantiene un riesgo país que no baja de los 600 puntos. El resultado de esta operación es evidente: una mayor subordinación financiera de las provincias y un agravamiento de la dependencia externa.
También vienen por los glaciares
El poroteo con los gobernadores no se limita a la deuda. En paralelo, el gobierno impulsa la reforma de la Ley de Glaciares, un reclamo histórico de las provincias mineras y de los pulpos extractivos. La iniciativa apunta a redefinir áreas protegidas para habilitar explotaciones mineras y energéticas, comprometiendo reservas estratégicas de agua a cambio de inversiones y alineamiento político. Es desbocado el interés de los diputados y senadores de las provincias extractivistas por integrar las comisiones parlamentarias de Ambiente, quieren bloquear las posibilidad de que surja algún dictamen negativo, al margen de que luego de la reforma constitucional de 1994, los bienes comunes naturales son propiedad de las provincias y no del Estado nacional. La contracara de estas negociaciones entre ajustadores y entreguistas, es la tenaz lucha del pueblo de Mendoza en defensa del agua y contra el avance megaminero.
En suma, las negociaciones en curso por la aprobación del Presupuesto 2026 condensa una orientación clara: mientras se habilita el endeudamiento provincial y el avance extractivo, se consolidan recortes en educación, ciencia, obra pública y jubilaciones, y se desconocen leyes votadas por el propio Congreso, como las emergencias en discapacidad y salud pediátrica.
El “consenso” que Milei busca construir con los gobernadores tiene un contenido claro: más deuda, más ajuste y más saqueo ambiental al servicio del imperialismo, donde por ejemplo pivota el flamante embajador yanqui Peter Lamelas, que sin tapujos confesó que va a recorrer las provincias para salvaguardar los intereses del gobierno de Trump.
Frente a este pacto, la defensa de los intereses de los trabajadores, del ambiente y de todas nuestras reivindicaciones inmediatas, no vendrá del poroteo parlamentario, sino de la movilización independiente contra el programa antiobrero de Milei y los gobernadores, al servicio de la cual estará la bancada del Frente de Izquierda Unidad en el Congreso de la Nación. La jornada de lucha del próximo jueves 18 de diciembre contra la reforma laboral, nuevo aniversario de las famosas “14 toneladas”, también se convierte en un rechazo a toda esta podredumbre.
