Políticas
13/7/2026
Milei pagó 4.300 millones de dólares a los bonistas, con lo que roba a trabajadores y jubilados
El pago de la deuda se financia con jubilaciones, salarios, universidades y tarifazos.
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Mientras millones de trabajadores no llegan a fin de mes, las jubilaciones continúan hundidas, las universidades nacionales sufren recortes presupuestarios y los tarifazos no dan tregua, el gobierno de Javier Milei acaba de desembolsar alrededor de 4.300 millones de dólares para cumplir con los vencimientos de la deuda pública. Una vez más queda al desnudo cuál es la verdadera prioridad del gobierno: garantizar el pago de una deuda usuraria y fraudulenta a costa del saqueo contra el pueblo trabajador.
En un solo día el Estado transfirió a los acreedores privados una suma equivalente a más de dos veces lo necesario para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, o a meses enteros de aumentos jubilatorios –o el equivalente a casi 16 millones de jubilaciones mínimas- que el gobierno rechaza sistemáticamente por considerarlos un supuesto riesgo para el equilibrio fiscal. Cuando se trata de salarios, jubilaciones, salud, educación o asistencia social, el discurso oficial es que “no hay plata”. Pero para los bonistas y los organismos internacionales de crédito siempre aparecen miles de millones de dólares.
Los datos de la ejecución presupuestaria del primer semestre muestran con claridad hacia dónde se orientan los recursos públicos. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), mientras el gasto destinado a activos financieros aumentó un 104,8% y los servicios de deuda crecieron un 51,6%, el ajuste recayó sobre las partidas sociales. Las ayudas sociales y asignaciones familiares se redujeron un 13,1%; las transferencias a universidades nacionales cayeron un 7,2%; las destinadas a provincias y municipios se desplomaron un 61,8%; y la inversión en bienes de uso sufrió una poda del 44,1%. A esto se suma el recorte en gastos de personal (-4,4%), que por el peso de esa partida explica una parte importante del ajuste total.
La transformación del presupuesto es particularmente ilustrativa del ajuste en curso. La seguridad social continúa siendo el principal rubro, pero su participación cayó del 63% al 56% del total en apenas un año. En sentido inverso, el pago de los servicios de la deuda escaló hasta convertirse en la segunda partida presupuestaria más importante, absorbiendo el 13% del gasto total. Es decir que el Estado destina una proporción creciente de sus recursos a satisfacer a los acreedores privados mientras reduce el peso relativo de las jubilaciones y demás prestaciones sociales.
Este desvío de recursos constituye el eje central del programa pactado con el FMI. El gobierno se comprometió a cumplir una meta de superávit fiscal que descansa íntegramente sobre el ajuste de las condiciones de vida de la población. La caída sostenida de la recaudación tributaria, producto de la recesión y de las propias rebajas impositivas otorgadas al gran capital, lejos de llevar al gobierno a revisar el pago de la deuda, lo empuja a profundizar todavía más el recorte del "gasto" social, lo que termina repercutiendo en una circulo vicioso, con menor actividad económica y recaudación tributaria local.
La prórroga de la emergencia energética confirma esta orientación. Bajo ese paraguas legal continúan aplicándose aumentos mensuales de tarifas que descargan sobre trabajadores y jubilados el costo del sistema energético, mientras los subsidios y mecanismos de transferencia de recursos hacia las empresas del sector permanecen intactos.
La economía recauda menos por la recesión, el endeudamiento continúa creciendo y cada vez demanda mayores pagos de intereses y amortizaciones. Para sostener esos compromisos, el gobierno profundiza el ajuste sobre salarios públicos, jubilaciones, universidades, obra pública, provincias y programas sociales. Es un mecanismo permanente de transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia el capital financiero.
El contraste entre los 4.300 millones de dólares girados puntualmente a los bonistas y la negativa oficial a recomponer jubilaciones, financiar las universidades -cumpliendo con la ley- o frenar los tarifazos demuestra el verdadero contenido de la política económica. El llamado "equilibrio fiscal" no es otra cosa que un gigantesco operativo para asegurar el cobro de una deuda ilegítima mediante el empobrecimiento de la población trabajadora.
La salida no pasa por aceptar nuevos sacrificios en nombre del superávit o de los compromisos con el FMI. Es necesario romper con esta política de pago serial de una deuda fraudulenta -legitimada por todos los gobierno capitalistas y particularmente por el kirchnerismo-, rechazar los dictados del Fondo Monetario Internacional y destinar esos recursos a recomponer salarios y jubilaciones, garantizar el presupuesto de la educación y la salud públicas y atender las necesidades sociales más urgentes. Esa es la única alternativa al programa de ajuste permanente que hoy descargan sobre las espaldas del pueblo trabajador, para lo que es preciso organizarnos de forma independiente, como lo proponen los comités unitarios del Frente de Izquierda, para echar a Milei y a todos los ajustadores.
