Se abrió un nuevo capítulo en una de las confiscaciones buitre contra la Argentina más importantes de la historia. Rodolfo Barra, el nazista que oficia de procurador del Tesoro en el gobierno de Javier Milei, se excusó de intervenir en la causa por la estatización de YPF. A cargo de la “defensa” del Estado argentino quedará Andrés De la Cruz, un abogado que tiene lazos con la familia Eskenazi, la cual podría beneficiarse si los litigantes hacen primar sus intereses en el juicio. Los ladrones están ahora de los dos lados del mostrador: como demandantes y como “defensores”. El caso YPF, por otro lado, puso de manifiesto la política confiscadora, antiobrera y proimperialista de la burguesía argentina.

El conflicto se origina en 2012, cuando la Justicia norteamericana dictaminó que el gobierno de Cristina Kirchner, al “estatizar” YPF, perjudicó al Grupo Petersen, la sociedad española de los Eskenazi, al no realizar una oferta por las acciones que poseía. La jueza Loretta Preska condenó, en septiembre pasado, a la Argentina a pagar 16 mil millones de dólares al fondo buitre Burford. Entretanto, el país viene acumulando millonadas en intereses de deuda. Milei aceptó el pedido de excusación luego de que se conociera que Barra dictaminó a favor de CFK en la Causa Vialidad.

En 2015, Burford compró al Grupo Petersen el derecho a litigar contra el país en los tribunales de Nueva York. Los Eskenazi sacaron una tajada de 15 millones de dólares por esa operación. Además, si la Justicia falla a favor de Burford, cobrarían un 30% de la indemnización.

Andrés De la Cruz fue parte de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, una firma de abogados multinacional-estadounidense. Su trabajo allí consistió en defender al Grupo Petersen. Ahora, los Eskenazi y Burford tienen su delfín al interior del Estado argentino para luchar por la conquista de la indemnización confiscatoria.

Los Eskenazi son parte de la burguesía argentina y estuvieron ligados de alguna u otra manera a todos los gobiernos democráticos. Néstor Kirchner les entregó en su momento el manejo del banco de Santa Cruz –fueron denunciados por lavado de dinero espurio. Con dádivas del Estado fueron acumulando riqueza.

En 2008, ayudado por los Kirchner, el Grupo Petersen adquirió el 25% de YPF usando dinero proveniente de créditos que más tarde fue pagando con las ganancias que obtenía de la explotación del negocio petrolero como socio menor de la española Repsol. El kirchnerismo presentaba este involucramiento de un sector de la clase capitalista criolla como la “argentinización” de YPF, escondiendo que se estaba procesando un saqueo de características espectaculares.

Entre 1993 y 2012, la producción de petróleo cayó un 49% y la de gas un 43%, mientras que las reservas de petróleo se derrumbaron un 31,6% y las de gas un 55,6%. Al mismo tiempo que se desplomaba la inversión, el kirchnerismo otorgaba subsidios a las empresas. La huelga de inversiones adquirió grandes dimensiones y el gobierno tuvo que proceder a importar energía.

En 2012, el gobierno de CFK, que tenía a Axel Kicillof como ministro de Economía, avanzó en la “reprivatización” de YPF. Decimos que se trató de una reprivatización porque se expropió (con el pago de una indemnización de 6.000 millones de dólares) a Repsol y luego se le entregó el negocio a la compañía norteamericana Chevron, y porque YPF continuó cotizando en la bolsa de NY con la posibilidad de que el Estado argentino sea juzgado en tribunales internacionales.

Por otra parte, YPF quedó sometida a los negocios capitalistas privados más generales. El Estado fue interviniendo únicamente para que el proceso de acumulación capitalista se desarrolle en los mejores términos posibles. A Chevron, asimismo, se le otorgó la posibilidad de girar divisas al exterior, se la eximió de responsabilidades por cualquier daño ambiental y también se le dio la posibilidad de demandar a la Argentina en los juzgados imperialistas.

Milei se apresta a reconocer este fraude. Hace relativamente poco anunció que creará la “tasa Kicillof”, un bono con el que le abonaría la indemnización a Burford. El presidente dijo que “todos los argentinos” tendrán que pagar todos los años “el error monstruoso que cometió Kicillof”, ocultando que los platos rotos los pagará fundamentalmente la clase obrera con un mayor empobrecimiento.

A su vez, bajo el gobierno de Milei, la burguesía nacional sigue teniendo un peso importantísimo en la explotación del negocio petrolero. De los Eskenazi hemos pasado a los Rocca (Grupo Techint). El magnate de la siderurgia, Paolo Rocca, copó YPF y tiene funcionarios en el gobierno nacional.

Caputo duplicó la facturación en pesos de Techint con la superdevaluación de diciembre pasado, ya que las chapas y los caños que produce se venden en dólares en el mercado local. Rocca ya había engordado sus bolsillos en 2023 como consecuencia del aumento del 300% en el precio del acero y también de una caída espectacular del salario (40% desde 2015). Entretanto, le niega aumentos salariales a sus trabajadores (que vienen protagonizando luchas por sus reivindicaciones) e impulsa fervientemente la contrarreforma laboral mileísta.

Los trabajadores no podemos ser víctimas de la confiscación del imperialismo y de la clase capitalista argentina. La salida a esta situación pasa por la expropiación total de YPF bajo control de los trabajadores (sin indemnización) y por el desconocimiento del juicio.

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