Municipalidad de Córdoba: Presupuesto 2027, más ajuste y endeudamiento
Prioriza a los empresarios y acreedores por sobre las necesidades populares.
El Presupuesto 2027 de la ciudad de Córdoba vuelve a poner en el centro el equilibrio fiscal, el endeudamiento y los beneficios para los sectores empresarios. Detrás del discurso de responsabilidad fiscal, se profundiza una orientación que descarga la crisis sobre los trabajadores y los sectores populares.
Por más esfuerzos que haga el intendente Daniel Passerini por diferenciarse de Javier Milei, su presupuesto comparte los mismos principios: ajuste del gasto público, equilibrio fiscal y garantías para los negocios privados.
Con una inflación estimada del 21,9%, el municipio proyecta aumentos reales inexistentes para las áreas sociales. Tomando una inflación del 25%, Educación crecería apenas un 3,86%, Salud un 3,26% y Desarrollo Social un 5,74%. Las partidas destinadas a políticas de género representan apenas el 0,010% del presupuesto; discapacidad, el 0,70%; y vivienda social, el 0,012%. En una ciudad donde alrededor de 120.000 familias tienen problemas habitacionales como resultado de la entrega del suelo urbano a los especuladores inmobiliarios.
Beneficios para empresarios, tarifazos para los trabajadores
El propio texto de elevación del Código Tributario reconoce que el eje de la política impositiva es continuar reduciendo los costos de los sectores productivos. Se mantiene una rebaja del 30% en las alícuotas de la contribución sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, que según el municipio alcanza al 85% de sus contribuyentes. También continúan las reducciones para industrias manufactureras, desarrollistas urbanos, entidades financieras y aseguradoras.
Mientras Passerini garantiza beneficios fiscales a las empresas, los trabajadores soportan el encarecimiento del transporte y los servicios. Desde que asumió la intendencia, el boleto urbano pasó de $240 a $2.150: un aumento del 795,8%. Todo para garantizar la renta empresaria de las empresas de transporte urbano de pasajeros.
Una nueva hipoteca para la ciudad
El presupuesto mantiene amplias facultades para tomar deuda: autoriza Letras del Tesoro por hasta 100 millones de dólares y operaciones de financiamiento de mediano plazo de hasta tres veces ese monto, con un límite mayor para operaciones de reconversión o renegociación.
Apelando a ese recurso, este año Passerini concretó un préstamo internacional por 120 millones de dólares, destinado a cancelar obligaciones financieras existentes.
Además, se habilita garantizar las operaciones con recursos de Rentas Generales y fondos provenientes de la coparticipación federal y provincial. Incluso se permite afrontar capital, intereses y gastos con recursos generales o mediante nuevo endeudamiento. La lógica es peligrosa: tomar deuda para refinanciar deuda y comprometer los ingresos de los próximos años. Una eventual devaluación podría agravar todavía más el peso de las obligaciones en dólares.
Los recursos de los vecinos, al servicio del mercado financiero
El presupuesto incorpora nuevos mecanismos de financiamiento. Habilita fideicomisos que podrán utilizar recursos del Fondo de Infraestructura Sanitaria y Cloacal, del Fondo de Reparación Urbanística e incluso derechos de Rentas Generales. Los valores podrán emitirse en pesos, dólares o UVA, y los certificados de obra podrán pagarse hasta 48 meses después.
También autoriza a invertir los saldos disponibles de fondos y cuentas especiales en instrumentos del mercado de capitales. Recursos que deberían responder a necesidades concretas de la población quedan así habilitados para operaciones financieras.
La pregunta es inevitable: ¿Por qué los fondos destinados a cloacas, infraestructura y reparación urbana pueden convertirse en instrumentos financieros mientras siguen pendientes necesidades urgentes en los barrios?
Un presupuesto contra las mayorías trabajadoras
Estamos ante un presupuesto que prioriza a empresarios y acreedores por sobre las necesidades populares. Lo rechazamos y planteamos que los recursos municipales deben destinarse a trabajo, salarios, salud, educación, vivienda, transporte y servicios públicos de calidad.
Córdoba no necesita más deuda ni negocios financieros. Necesita que los recursos que aportan sus trabajadores se utilicen para resolver los problemas de las mayorías populares.


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