El supuesto plan antiinflacionario del gobierno continúa demostrando su fracaso estrepitoso, y se esfuman las promesas de Massa de llegar a marzo con una inflación que no pase del 4%. La estampida de precios parece recuperar envión con los índices de enero (consultoras privadas relevan subas en torno al 6%), y para febrero se esperan una gran cantidad de aumentos en los precios regulados por el Estado. El gobierno que culpa a la gente por la “inflación autoconstruida” es el principal formador de precios.

En tanto, el programa Precios Justos que el gobierno acordó con los supermercados, y con algunos comercios barriales, se destacó por el enorme incumplimiento, y además incluyó un tercio de desabastecimientos en los productos. A esta farsa sumaron además a las organizaciones sociales oficialistas como Movimiento Evita y Barrios de Pie, y el sindicato de Camioneros, como fundamento para acoplarse a los topes paritarios que quiere imponer el gobierno y dejar pasar el ajuste como con las 160 mil bajas en los planes sociales.

Asimismo, La Nación asegura que esos mismos productos que están incluidos en Precios Justos pueden costar hasta 167% más caro en los comercios de cercanía, que son a los que accede la población de menores recursos. Las empresas proveedoras de consumo masivo admiten que pasan una lista de precios más cara a los comercios que no son parte del programa Precios Justos, donde no tienen obligación de cumplir con el acuerdo y donde estos comercios tienen mayor desigualdad de negociación, especulando con la inflación y la devaluación.

Ahora la Secretaría de Comercio prometió revisar el programa porque las empresas reclaman aumentos en los precios y mayor “fluidez” en los beneficios para importar que el gobierno concedió a modo de contraprestación por el congelamiento de precios. El gobierno ahora habilitaría alzas en torno al 3,2% mensual para los productos que están fuera de la canasta, puesto que las empresas sostienen que esos aumentos deberían recomponer los márgenes de ganancia que se achican en Precios Justos: “Les dijimos que necesitamos mínimo recomponer los porcentajes con el resto del portafolio” (La Nación, 25/1). Además reverían el congelamiento en algunos productos que integran el programa para el mes que viene, incluso cuando el acuerdo vence el 28 de febrero. El gobierno continúa respondiendo a los reclamos patronales en detrimento del bolsillo popular.

En el mercado de hacienda el ganado en pie aumentó un 20%, las patronales agrarias ya anticiparon que podría trasladarse al precio de las carnicerías, esto se suma a una presión que se genera porque el aumento del maíz y la soja, especialmente por el dólar soja, inciden también sobre el precio del alimento del ganado, algo que se va trasladando a toda la cadena.

Para febrero también se esperan nuevos aumentos en los precios regulados por el Estado, orientados también a cumplir con la meta de ajuste fiscal. En primer lugar mediante el recorte en los subsidios que será trasladado a las tarifas, y en segundo lugar a contribuir con la recaudación fiscal mediante el incremento de ingresos por la carga tributaria que se le aplica al consumo.

Así, se aplicará por primera vez el nuevo esquema de suba de cuotas de medicina prepaga, incluso a pesar de que estas empresas cerraron el 2022 con aumentos por encima del 100%, superior a los niveles de inflación. Para los inquilinos cuyos contratos tengan que realizar la actualización anual en febrero de 2023, los aumentos serán cercanos al 86%. Los combustibles tendrán un incremento del 4%. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó incrementos de hasta 9,8% en febrero y 7,8% en abril para los servicios de telefonía, Internet y televisión por cable.

Larreta también impulsa el mismo ajuste en CABA. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un aumento del 25% en la cuota de colegios privados. La empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) realizará una audiencia pública para aprobar actualizaciones en las tarifas en cuatro tramos para 2023, lo que le permitirá al Estado reducir los subsidios. Aysa, dirigida por Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa, también continuará con el esquema de quita de subsidios para usuarios y aún resta definir aún de cuánto será el nuevo aumento de tarifas que el gobierno le otorgó a las distribuidoras y transportadoras de gas y electricidad.

A esto se suma la aceleración del ritmo devaluatorio que está aplicando el gobierno a pedido del FMI, lo cual también impulsa el ensanchamiento de la brecha cambiaria, incentivando las remarcaciones. Sin embargo, Alberto Fernández viene de declarar que la inflación es “autoconstruida, está en la cabeza de la gente”. Una aberración si consideramos que viene del mismo gobierno que aplica los tarifazos en un contexto en que cada vez más hogares no logran llegar a fin de mes debido a la caída real de sus ingresos.

El gobierno viene aplicando el pacto con el FMI con el consecuente ataque al pueblo trabajador: no se trata de una “situación obligada”, sino de una orientación que privilegia los negocios capitalistas contra las necesidades populares. No hay salida al problema inflacionario mientras la riqueza del país se la siga llevando el FMI y los grandes capitalistas, por lo tanto está planteada la intervención del movimiento obrero para recomponer los salarios, abrir los libros de las empresas alimentarias y nacionalizar el comercio exterior.