Políticas
11/5/2026
Neuquén: jubilaciones anticipadas de estatales
Con las disculpas no alcanza. El Estado-patrón debe pagar su deuda.
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Figueroa y Quintriqueo.
A mediados de abril el sindicato ATE Neuquén, con la firma de su secretario general Carlos Quintriqueo, presentó el proyecto de Ley Nº 18.252 por el cual se “busca establecer un régimen de pasividad anticipada destinado a trabajadores y trabajadoras estatales que hayan superado en más de cinco años la edad exigida por ley para jubilarse pero no reúnan los aportes necesarios para acceder al beneficio”, según el parte de prensa de la Legislatura.
Se trata de unos 3.000 trabajadoras/es estatales, según el propio Quintriqueo, que en su momento fueron incorporados a realizar tareas para el Estado provincial en distintas dependencias, pero bajo la forma del fraude laboral de contratos temporarios, precarios o cobrando los subsidios establecidos por la ley Nº 2.128, una conquista del movimiento de desocupados de los 90, y que el Estado-patrón la bastardeó para usar laburantes sin relación de dependencia, sin aportes jubilatorios y sin derechos laborales. Muchos de ellos fueron designados como auxiliares de servicio en las escuelas luego del fusilamiento del compañero Carlos Fuentealba en el año 2007.
Pero hubo incorporaciones al Estado mediante un fraude laboral desde muchos años antes.
El actual gobernador, ya lanzado a la campaña electoral, recogió el guante y antes que un debate legislativo de la ley presentada por ATE saque a la luz la larga historia de fraude laboral del Estado provincial como empleador, decidió cortar esa opción dictando un decreto, el Nº 640/2.026. El dirigente de ATE aceptó y apoyó evitar al gobierno este debate.
Porque como se verá, el gobernador Figueroa trata de disimular el daño ya realizado durante décadas a las finanzas de la caja jubilatoria y la obra social, diciendo que su medida no afecta a las mismas de acá para adelante.
El Decreto 640/2026
El Decreto 640/2026 establece un “régimen especial, de carácter excepcional, voluntario y transitorio” para que pueden jubilarse trabajadoras/es estatales que excedidos en edad respecto a la establecida por ley, no tienen la cantidad de años de aporte requeridos. En un 90% se trata de mujeres.
A partir de su adhesión al decreto, quienes lo hagan estarán eximidos “de contraprestar servicios en forma activa” y percibirán no su salario sino “una prestación económica que tome como referencia sus haberes normales y habituales, excluyendo aquellos conceptos vinculados a la efectiva prestación de servicios”, o sea, deberán vivir con un monto inferior al actual. El gobierno disminuye, por su parte, la masa salarial.
Los potenciales beneficiarios deben haber estado incluidos “en los Decretos N° 0483/07, N° 0581/07, N° 2.010/07 y N° 2.246/07 u otros”.
Sobre esto hay que decir que los tres decretos mencionados solo incluyen 309 trabajadoras/es. Pero tanto el sindicato ATE como el gobierno estiman que se pueden acoger al Decreto 640/2026 unos 3.000. Acá es donde se despliega la trampa del término “otros” en dicho decreto. Porque la política de contratar bajo la forma de subsidios, planes o contratos precarios sin relación laboral para desarrollar tareas cotidianas en el Estado, ni arrancó en el año 2007, ni se terminó ese año. Se continuó a lo largo de este período, incluso en el gobierno actual. Por eso menciona “otros” decretos.
La política estatal ya ha sido “mileísta” cuando Milei ni aparecía en el horizonte. Llegando al colmo que algunas de estas contrataciones mediante fraude laboral se realizaron en … ¡la Subsecretaría de Trabajo!
El actual gobernador pretende encubrir esta política de fraude laboral durante décadas del MPN y la suya propia, planteando que el Estado debe “pedir perdón” por esto. Cuando lo que debe hacer el Estado como patronal, es ingresar al ISSN (Caja jubilatoria y Obra Social) los casi 30 años de aportes y contribuciones que evadió.
Eso no se puede tapar con un “perdón”, hubo violación de las leyes laborales, por lo que el Estado como empleador debería ser condenado por fraude, enriquecimiento ilícito (se benefició con una contraprestación laboral sin cargas sociales ni costos laborales) y los máximos gobernantes y responsables que ejecutaron estas acciones, deberían responder con su pecunio.
Pero ni el Ministerio Público Fiscal (que se dedica a perseguir a los que luchan y mitigan la miseria y el hambre en las barriadas) ni la Fiscalía de Estado moverán un dedo en este sentido. Menos debe esperarse la actuación de oficio de algún juez laboral.
Será parte de la lucha que de conjunto debemos encarar las bases estatales, docentes, judiciales, etc., las que pongamos sobre la mesa estos objetivos.
El Encuentro de trabajadoras/es de la educación que está siendo convocada por las seccionales recuperadas será una oportunidad para iniciar la campaña que exija la reparación al ISSN de toda la deuda que el Estado-patrón ha generado en más de tres décadas a través del fraude laboral, y que hoy pretende solucionar pidiendo “perdón”.
