Políticas
7/10/2026
Neuquén: se desmorona la causa trucha del fiscal Vignaroli contra las organizaciones sociales
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La causa iniciada en julio de 2024 en Neuquén, con 14 allanamientos violentos y mediáticos deteniendo a 10 mujeres luchadoras tras dos años de investigación de la Fiscalía, se derrumba antes de llegar a juicio por la inconsistencia de las acusaciones de parte del fiscal Pablo Vignaroli. Entre los imputados figuraban dirigentes del FOL y del Polo y el Partido Obrero. Se los acusaba de defraudación al Estado por más de $1.200 millones.
Desde el primer minuto se trató de una maniobra armada desde el Poder Ejecutivo provincial y ejecutada por el Ministerio Público Fiscal por motivos esencialmente políticos y persecutorios.
Fue el propio gobernador Rolando Figueroa quien a minutos de producidos los allanamientos iniciales “llamó a la eliminación de intermediarios en la ayuda social” (LMN 13/7/2024). Además, el Poder Ejecutivo actuó como querellante a través de la Fiscalía de Estado, que adhirió en un 100% a los argumentos e imputaciones del Ministerio Público Fiscal.
El MPF actuó también de acuerdo a los intereses del Poder Ejecutivo al poner como fecha límite de la ejecución del delito el 22 de diciembre de 2023 (doce días después de asumido el actual gobernador) para no involucrar a éste y sus ministros en la acusación. Pero tan torpe ha sido la Fiscalía, que no se percató que aun así el actual ministro de Trabajo y Desarrollo Humano de “La Neuquinidad”, Lucas Castelli, fue quien hizo un desembolso, pero no lo imputó como a los dos ministros de la etapa emepenista.
En su momento, el fiscal Vignaroli había afirmado que la adjudicación de Aportes No Reintegrables de parte del Poder Ejecutivo a una organización, no implica que no se tenga que rendir el uso dado a ese aporte. Pero el Poder Ejecutivo entregó, entrega y entregará centenas de ANR a empresas estatales y privadas (como las concesionarias de transporte público), pero no se conoce una palabra del MPF sobre el control de alguna rendición en estos casos.
En su fallo, la jueza Natalia Pelosso, tal vez se refirió a esta discrecionalidad cuando afirmó que "Podrá alguien en esta sala decir o pensar que hasta acá no estoy diciendo nada. Probablemente pensarán así aquellos para quienes las garantías no existen o piensan que solo se aplican en relación a un grupo social". Un duro mensaje para un aparato judicial y un Ministerio Público Fiscal que se dedica a otorgar impunidad bajo la muletilla de “la garantía de seguridad jurídica” solo a las petroleras saqueadoras y las empresas y que no encuentra razones para impugnar la presencia de la empresa pirata británica Harbour Energy en dos áreas de Vaca Muerta.
El duro fallo de la jueza... contra el fiscal Vignaroli
En otro aspecto del fallo la jueza distinguió perfectamente entre los casos en que se “roba para la corona” y el presente caso: "Pretenden juzgar a quienes a simple vista se puede observar intentaron entregar una cuota de paz al abonar sueldos a sus pares", mencionó la jueza, que consideró que "nadie se enriqueció, nadie cambió de estilo de vida. Sin trabajo no hay salario, sin salario no hay alimento, no hay vestimenta, no hay calefacción. ¿Si cuando el dinero va a algo tan básico como el salario de su mismo grupo de pertenencia, aun cuando ese fin era otro, reviste el mismo grado de gravedad de la corrupción? Claramente esto debió haberse valorado y no sucedió" (Letra P 5/10/2026).
Se trata de un fallo que la prensa ha caracterizado como “durísimo”, pero no con los acusados, sino con la Fiscalía acusatoria, que estuvo toda ella en el armado de la causa durante dos años, como también lo observó la jueza, y solo pudo presentar una teoría del caso “carente de toda seriedad y rigorismo técnico", "contradictoria en sí misma" y "una especie de gran bolsa de gatos" (LMN 5/10/2026). Y agregó "Bastó con mover un poco las piedras para que la verdad comenzara a salir a la luz" (Idem).
Y definió su tarea de la siguiente manera: "Mi función no es esforzarme por salvar o sostener el evidente trabajo no ajustado a derecho de la acusación. Mi función aquí es velar por el respeto estricto de las garantías constitucionales" (Idem). Lapidario.
El uso de la Fiscalía como herramienta política del poder
Esta distinción entre el destino del dinero administrado por las organizaciones sociales (amenguar el hambre y la miseria) y los casos de corrupción estatal, viene al caso porque en la causa que se desmorona, junto a los dirigentes sociales estaban implicados dos ministros del anterior gobernador.
Un intento del gobernador Rolando Figueroa para pegar a las organizaciones sociales a la corrupción estatal. Es que Figueroa ya había tenido éxito cuando en medio de la campaña electoral por la gobernación (en disputa con el MPN) usó a su favor lo que se conoció como “estafa con los planes sociales”. Ahora trató de utilizar de nuevo los servicios del MPF para ensuciar políticamente a quienes con su acción cotidiana, merenderos y comedores barriales le reclaman al poder los recursos que éste pretende reservar para subsidiar al capital. En este caso fracasó. Pero insistirá ya que el fiscal Vignaroli amenazó con apelar el fallo.
El MPF bien podría utilizar los recursos para investigar en serio un mecanismo de “robo para la corona” que el MPN en el gobierno manipuló desde larga data, incluso cuando el actual gobernador era vicegobernador del MPN (2015-2019). No lo hará, porque gran parte del gobierno de “La Neuquinidad” está integrado por exfuncionarios que provienen, precisamente, del MPN.
Podría investigar también al actual gobernador, quien continúa con la política que destina recursos fiscales a entregar Aportes No Reintegrables a ONG o Fundaciones afines políticamente. Se financian Sociedades del Estado o Sociedades Anónimas con mayoría estatal, administradas por empresarios, o a la Fundación del Banco Provincia S.A. que no la sostiene el propio banco, sino los fondos fiscales.
Por ejemplo, el MPF podría abrir una investigación hacia aquellos que la jueza Pelosso mencionó cuando dijo que las “garantías” solo se aplican “en relación a un grupo social”. Podría comenzar por los ANR a las empresas que ya se mencionaron, o por las entidades involucradas en el caso que estalló públicamente ante denuncias de la empresa distribuidora de energía eléctrica de la Capital (Calf) y la cámara empresaria ACIPAN.
Un caso testigo de los que gozan de plenas garantías
La disputa de Calf y Acipan expone crudamente al grupo social que goza de las garantías que el fiscal Vignaroli niega en la causa armada contra las organizaciones sociales y sus dirigentes.
Calf le pidió a Acipan que “justifique millonarios beneficios y descuentos en las tarifas aplicados a grandes consumidores industriales y comerciales”.
La cámara patronal contestó que "se limitó a actuar como entidad intermediaria frente a sus socios usuarios de tarifas T2 y T3, actuamos como intermediarios institucionales”.
Es que los millonarios beneficios provenían del Programa de Promoción e Incentivo a la Eficiencia Energética y se financió con ANR (Aportes No Reintegrables) otorgados por el Estado, donde la provincia aportó $180 millones y la Municipalidad de Neuquén aportó $60 millones.
El mentado programa fue anunciado por el actual gobernador a inicios de agosto del año pasado, es decir, el MPF debería comenzar, entonces, por citarlo a que explique sobre la “eliminación de intermediarios en la ayuda social”. Porque como queda demostrado se limitó solo en lo referente a las organizaciones sociales populares y barriales. Para las empresas, los intermediarios siguen gozando de excelente salud.
El Centro PyME-Adeneu informó (7/8/2025) que los beneficiarios de dicho programa son empresas de los rubros “Avícola, Bodegas, Celulosa, Empaques, Forestal, Forrajero, Frigoríficos, Ganadería, Matadero, Olivícola, Piscicultura. Producción primaria de Frutas de Pepita, Carozo, Frutos Secos, Hortícolas y Fruta Fina”. No los pobres, no los desocupados o hambrientos a los que el fiscal Vignaroli quiso quitar el acceso a lo elemental, sino empresarios y muchos de ellos para nada medianos o pequeños, sino bien grandes.
Por si el MPF quiere investigar hay que decir que se trata de un Programa que sigue vigente el presente año “Con una inversión de 4.700 millones de pesos”, según NeuquénInforma (boletín de prensa oficial) del 30/3/2026.
Y para mayor escarnio de la fiscalía, se trata de un programa creado dentro del período fijado para investigar contra las organizaciones sociales, ya que se trata del Decreto 715/2023 del 14 de abril del año 2023 y también firmado por el gobernador de entonces y también refrendado por dos ministros.
Pero de esto la fiscalía no habla, no investiga, pero lo encubre. Es la fiscalía la que ha terminado imputada finalmente. Por actuar como herramienta política del poder de turno. Deberían ir todas/os a juicio político.
