Mientras las nuevas familias se hacinan en las casas de sus padres o en las tierras que no son factibles de urbanizar, o que son insalubres para vivir en ellas, como las márgenes de los ríos o al lado de los basurales, el Estado no tiene una política de construcción de viviendas ni de loteos populares.

No es por falta de tierras. Es que la compra de lotes o viviendas, y los alquileres, se han vuelto inaccesibles para la población trabajadora. No solo para las familias precarizadas (el 40 % de los trabajadores en Salta trabaja precarizado o en negro), sino también para el asalariado de clase media, por los bajos salarios promedio que cobran. Las propiedades se cotizan en dólares y los salarios, en pesos devaluados. La relación entre la cantidad de sueldos necesarios para adquirir un lote se ha incrementado notablemente, pasando de una media histórica de 60 sueldos a unos 100 sueldos en la actualidad -el equivalente a más de 10 años de trabajo. Y en el caso del 50% de la población, que es cuentapropista o changuera, más de 30 años de ingresos. Este aumento del valor de las propiedades impacta en los alquileres, que han pasado a representar más del 50% del salario promedio.

La causa de este encarecimiento se cimenta en el aumento del valor de la tierra por el incremento de la especulación inmobiliaria, a través de la construcción de viviendas como reserva de valor de los capitalistas y no para habitar; o de barrios cerrados, que se han quedado con las mejores tierras de la ciudad, expulsando a las familias trabajadoras a la periferia; o por el acaparamiento de tierras para los agronegocios, alrededor de las ciudades, estrangulando su expansión natural.

En la Argentina, el déficit habitacional oscila entre los 3,5 y los 4 millones de viviendas, lo que fue refrendado por el último censo. Las causas: la combinación de la caída del salario y el aumento desmesurado del valor de la tierra.

En Salta, el último censo informa que hay 72.000 familias que carecen de techo, lo que implica que hay cerca de 300.000 personas que viven en condiciones de hacinamiento (cuatro o más personas en un cuarto) o cerca de los basurales o en zonas inundables. Esto se agrava porque el gobierno provincial no entrega nuevos loteos, desde el año 2016; no compra tierra para resolver la demanda creciente y no tiene planificado en el presupuesto la expropiación de lotes baldíos e improductivos que rodean las ciudades.

Si a eso le sumamos que el Estado nacional no propicia una política de acceso universal al crédito hipotecario para los sectores populares, ni siquiera una familia trabajadora asalariada puede acceder hoy a la compra por sus propios medios.

Los anuncios del nuevo gobierno

La afirmación de Milei de que derogará la Ley de Alquileres vigente y que a partir de ahora los contratos serán libres entre las partes, en cualquier moneda y será el mercado el que ponga el precio, ya ha comenzado a promover la especulación inmobiliaria. El resultado puede ser que ante la excesiva demanda y la escasa oferta, los precios de los alquileres se vayan por las nubes, volviéndose más inaccesibles para la familia trabajadora promedio.

Si a esto le sumamos su anuncio que cesa la construcción de obra pública, está claro que piensa desligarse de darle solución al problema de la vivienda.

Este agravamiento de la situación de millones de familias sin techo propio, promueve los asentamientos y la recuperación desesperada de tierras baldías por parte de las familias en situación crítica. En Salta, la toma de terrenos ociosos ha sido brutalmente reprimida por el gobierno de Gustavo Sáenz, a manos de su Policía descompuesta.

Un programa para salir de la crisis habitacional

Denunciamos que ni el Estado nacional ni el provincial tienen una planificación para resolver el crecimiento natural de la población. Sáenz ni siquiera tiene un plan de loteos populares. La última gran impostura fue el Plan Mi Lote que no entregó un solo lote en 2 años.

Está planteado para las familias trabajadoras, organizar un gran movimiento de los sin techo, que reclame:

1-Un Presupuesto destinado a la compra o expropiación de tierra privada, con fines de urbanización y entrega de lotes con servicios, a todas las familias que carecen de la capacidad de ingresos que le permita hacerlo por sus propios medios.

2-La constitución de un Banco de Tierras, formado por tierras fiscales y privadas ociosas, que sean destinadas para loteos sociales y para la vivienda única, con una planificación de la ciudad, que prevea el crecimiento natural de las familias. Sobre estas tierras el Estado debe garantizar la construcción inmediata de viviendas de calidad y entregarlas a través de créditos hipotecarios, cuyas cuotas no deben superar el 25% del ingreso familiar mensual. Para esta tarea debe emplear mano de obra de trabajadores actualmente desocupados, registrados y bajo el convenio de la actividad.

3-De igual modo debe destinar recursos para la urbanización efectiva de los barrios, villas y asentamientos existentes, para garantizar la extensión de los servicios básicos a todas las ciudades (electricidad, agua, cloacas, gas e internet).

4-Para terminar con la precariedad reclamamos también la inmediata regularización dominial de los barrios que se encuentran en situación irregular. Exigimos la suspensión de los desalojos de tierras que han sido recuperadas en todo el territorio provincial por personas que no poseen ni tierra ni vivienda.

5-Exigimos también la suspensión de las ejecuciones a los hipotecados UVA y la eliminación del sistema y su reemplazo por cuotas que nunca superen el 25% del ingreso familiar.

6-Exigimos la eliminación del Impuesto inmobiliario sobre la vivienda única y su reemplazo por un impuesto progresivo a las viviendas desocupadas y ociosas.

7- Para que haya crédito hipotecario, necesitamos nacionalizar el sistema bancario, para que el ahorro de los argentinos no se vaya al exterior y romper con el FMI; para quienes los gobiernos de los últimos 40 años, vienen destinando todo el ahorro nacional. Esta será una tarea de primer orden de un gobierno de los trabajadores.

Construyamos un gran movimiento de familias sin techo, que supere las trabas de las direcciones punteriles de los movimientos anteriores, dirigidos por las distintas facciones del PJ, que terminaron asociándose al negocio del Estado, de reparto de lotes para los amigos. Por la independencia política de los gobiernos de Milei y de Sáenz, para luchar por el acceso universal a la vivienda.