Ante los anuncios del gobierno nacional de una reducción de los subsidios al transporte público, la empresa estatal Saeta ha solicitado un aumento del boleto urbano. El pedido es para que el boleto pase de los $110 actuales a $500; es decir, más de un 350% de aumento. Una bomba atómica contra el bolsillo de las y los trabajadores. El último aumento se aplicó en agosto de este año.

El pedido de aumento tiene que ser analizado por la Autoridad Metropolitana de Transporte, que debería convocar a una audiencia pública. Sin dudas será tan trucha como las que se vienen convocando, en enero y en lugares alejados de la ciudad de Salta, que concentran la gran mayoría de los usuarios del sistema.

El boleto de transporte interurbano, servicio que no es prestado por Saeta, aumentó un 50% el 1 de diciembre y aumentará otro 50% el 1 de enero.

Las consecuencias de los anuncios ya se están haciendo sentir. Los servicios nocturnos han sido cancelados y los choferes que cubrían esos servicios fueron suspendidos. Esta medida fue una decisión de las empresas, avalada por Saeta. La UTA se declaró en estado de alerta.

Las empresa aducen que además de los aumentos de los costos (particularmente el combustible), luego de la devaluación de Caputo, desde noviembre no se han girado a la provincia los subsidios del gobierno nacional.

El gobierno salteño duplicó para este año los subsidios que aporta al sistema en relación a lo que aportó el año pasado. A esto hay que sumarle el hecho de que hasta octubre se han recibido montos mayores de subsidios nacionales respecto a los que estaban presupuestados.

Hasta ese mismo mes, según se desprende de la ejecución presupuestaria, de los 16 mil millones presupuestados de subsidios nacionales, se ejecutaron 18.800 millones, es decir que hubo un importante incremento.

Una vez más el gobierno salteño le carga a los usuarios el costo de un sistema donde las empresas prestadoras han obtenido ganancias siderales sin arriesgar un peso. Nunca se plantea una reducción de esa ganancia parasitaria, que debería ser eliminada. El servicio tiene que ser completamente estatal y estar bajo control de trabajadores y usuarios.