En la ciudad de Santa Fe nos movilizaremos nuevamente hacia la Plaza 25 de Mayo este sábado 29 de abril con motivo del cumplimiento de un nuevo aniversario de la inundación del año 2003, la más grave que sufrió nuestra ciudad y que dejó más de 150 muertos, de los cuales el Estado sólo reconoce poco más de 30.

 

A esta altura, está absolutamente claro a los ojos de la población que las inundaciones en Santa Fe, como en muchas ciudades y provincias del país, ocurridas cada vez con mayor frecuencia, no obedecen a "desastres naturales" como se esfuerzan en hacernos creer los funcionarios de turno, sino que resultan de la negligencia y desidia de los distintos gobiernos (Cambiemos, PJ- kirchneristas, Frente Progresista, entre otros) ante las previsibles precipitaciones intensas o los desbordes de cursos de agua.

 

En todos los casos, se comprueba luego que estos desastres no eran “naturales” sino predecibles y que no se habían llevado a cabo las obras públicas necesarias para evitarlos. En todos los casos también se repite el hecho de que el Estado tampoco responde cuando se necesita actuar en favor del rescate a los damnificados: busca eludir sus responsabilidades, no asiste debidamente a las víctimas y retacea o directamente niega las indemnizaciones por las vidas y las pérdidas materiales de la población.

 

Ahora estamos ante una maniobra: en febrero, pasado, la Corte Suprema de Justicia de la provincia hizo lugar a una queja presentada por la defensa del ex intendente del PJ, Marcelo Alvarez (quien estaba al frente del gobierno municipal en el 2003), quien fuera imputado en la causa por "estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas", con la intención de dejar sin efecto una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, donde se rechazaba el recurso de inconstitucionalidad presentado en su momento por la defensa. Con esto, la Corte Suprema santafesina (cercana al ex gobernador Carlos Reutemann), tiene la posibilidad de  hacer prescribir la causa y consagrar la impunidad legal sobre la misma. 

 

 

Pasaron 14 años y nos seguimos inundando

 

Desde  aquel 2003, pasaron gobiernos de distinto signo político. El Frente Progresista en la provincia y en la ciudad ha demostrado ser un continuador del peronismo inundador.

 

Los peligros se siguieron agravando, porque siguen gobernando con la agenda de los intereses de la especulación inmobiliaria y de la obra pública de las grandes empresas constructoras, así como de los grandes propietarios de las ciudades y el campo, en desmedro de los intereses populares.

 

El presupuesto público municipal es dibujado por oficialistas y opositores en función de la "puesta en valor" de los barrios acomodados, mientras en el resto de los barrios se agrava la deficiencia de infraestructura urbana, sin asfalto ni  iluminación y servicios básicos, mientras se propicia la especulación inmobiliaria y los negociados aún a costa del patrimonio público como en el caso de la destrucción del Parque Alberdi para la construcción de cocheras privadas.

 

Lo mismo ocurre a nivel provincial. La obra pública de los gobiernos de Lifschitz y Corral no atiende a la vivienda popular y ni en el Concejo ni en la Legislatura provincial se han escuchado voces planteando  todos estos problemas. Como ejemplo de esto basta mencionar la escandalosa iniciativa del gobierno provincial de gastar más de $55 millones de pesos para remodelar la plaza 25 de Mayo, mientras muchos barrios siguen con calles sin asfalto y vecinos sin servicios esenciales.

 

En muchos  barrios de trabajadores se teme por un nuevo desastre de magnitud cada vez que se anuncian lluvias fuertes. Esto, mientras se vive el calvario de inundaciones menores que se repiten todos los años con distinto nivel de gravedad, afectando a decenas de miles de vecinos (incluso barrios que antes no se inundaban, ahora se inundan).

 

Pero la conciencia popular ha crecido. Por eso, todos los 29 de abril hay movilizaciones importantes. No han podido borrar de la memoria popular lo que ha sucedido ni lo que sucede, como tampoco quienes son los responsables. Por eso es que en los últimos años hemos visto cómo han vuelto a surgir, frente a nuevas inundaciones, asambleas en los barrios afectados, piquetes y coordinadoras barriales que terminan confluyendo en movilizaciones para  realizar reclamos unificados.

 

Este 29 de abril nuevamente vamos a movilizarnos exigiendo: no a la prescripción de la causa. Juicio y cárcel para todos los responsables, por un plan de contingencia real discutido con los vecinos. Plan de viviendas populares. Urbanización de los barrios populares. Planes de obras públicas integrales, bajo control de trabajadores y organizaciones barriales, empadronamiento y trabajo bajo convenio a quienes estén desempleados. Indemnización total para todos los damnificados de cada inundación.