Políticas
18/5/2026
Tarifazos y ajuste a los trabajadores, beneficios fiscales a los capitalistas
El ajuste fiscal no es para todos por igual, sino en defensa de la casta patronal.
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Javier Milei.
El gobierno nacional de Javier Milei se ufana de su política de ajuste contra la población, repitiendo hasta el hartazgo que se trataría de una “medida necesaria” para asegurar el superávit fiscal y el pago de la deuda externa: sin embargo, se trata de una orientación dirigida solo contra los trabajadores, con tarifazos, liberación de precios y liquidación de derechos y beneficios, mientras las patronales gozan de exenciones, regímenes especiales, desgravamiento impositivo y garantías de todo tipo.
Esto se muestra de forma palmaria con lo que acaba de ocurrir con el aumento de la tarifa de los trenes que conectan el Amba, de los cuales dependen millones de trabajadores a diario para movilizarse a sus lugares de trabajo, estudio y para el acceso a diversas prestaciones (atención médica, etc.), con un aumento del 18% en los boletos y subas escalonadas para los próximos meses con incrementos del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.
No se trata solo del transporte por trenes sino que es una política que afecta al conjunto del transporte público, con el boleto de colectivo que viene de aumentar un 5,4% y ahora adicionará un 2% más, con un boleto mínimo que supera los $700, y con un servicio cada vez más deficiente, con menos unidades, largas colas y colectivos colapsados.
Siguiendo la línea de servicios tenemos que el gobierno traslada la misma política al sector energético, con tarifazos en la luz, los combustibles y, particularmente, el consumo de gas, pagando precios internacionales elevados a falta de inversión en infraestructura para garantizar la cobertura local del consumo interno, en una política en beneficio de las petroleras exportadoras.
No solo se trata de los nuevos esquemas de aumentos en el precio de gas, que afectarán fuertemente con la suba de la demanda del invierno, sino que el gobierno le ha puesto cupos de consumo a la industria ante la escasez de gas, profundizando su política recesiva sobre la economía y trasladando las consecuencias a los trabajadores, quienes son suspendidos o desvinculados por las patronales.
A pocos días de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, que denunció en todo el país el incumplimiento oficial de la ley de Financiamiento Universitario y el vaciamiento presupuestario, crece ahora la convocatoria a una marcha nacional en defensa de la salud, cuando el gobierno profundiza recortes y ajuste en el sector, liquidando prestaciones y restringiendo tratamientos y acceso a medicamentos para pacientes con diversas patologías.
Cabe resaltar que el gobierno trabaja con un presupuesto cuya proyección de inflación para todo el año ya se encuentra superada por la realidad –lo que implica una licuación de las partidas- y que incluso acaba de reasignar $2,5 billones, sacandole recursos a Salud, Educación, Cultura, obras públicas, jubilados y otros para pagarle al FMI y al capital financiero.
Pero la vara del ajuste no se utiliza por igual para trabajadores y patrones. No contento con el Rigi –con beneficios y garantía excepcionales para los capitalistas y multinacionales- el gobierno prepara un “Super Rigi” para favorecer aún más a los capitalistas, descontándoles impuestos, regalías y aporte para inversiones que de todas forman habrían de darse –es decir que el Rigi no “incentiva” inversiones adicionales-, desfinanciando los recursos del Estado, que luego son extraídos a los trabajadores por diversas formas: tanto recortando partidas y servicios como trasladando aumentos y tarifas. En el cuadro de la política recesiva oficial, es falso que estos beneficios fiscales reviertan la recesión económica sino que se trata de un beneficio para capitalistas parasitarios.
Es el mismo espíritu de la reforma laboral antiobrera y las modificaciones introducidas por la Ley Bases, que premian el trabajo no registrado y el fraude laboral, e incorporan institutos como el Fondo de Cese Laboral que desfinancian el sistema previsional, quitándoles aportes y contribuciones de ley a las patronales.
Mientras el gobierno se esfuerza con no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario ya sancionada, por otro lado insiste en el Congreso para aprobar una redacción retirada del Presupuesto 2026 que implica la condonación de deuda multimillonaria de Edesur y Edenor con el Estado: lisa y llanamente el despilfarro en favor de los capitalistas vaciadores.
La cuestión del ajuste como política de Estado para el gobierno lo es en la medida de que este implique una transferencia de recursos de los trabajadores a los capitalistas: quienes deben pagar el ajuste son los que menos tienen, sobre quienes se descargan todos y cada uno de los impuestos y cargas del Estado, mientras las patronales son beneficiadas y excluidas de esta dinámica, y premiadas con recursos adicionales.
No existe ninguna orientación de “administración sana” del Estado, sino la defensa del Estado capitalista contra los trabajadores, para aumentar la rentabilidad de las patronales y liquidar conquistas y derechos obreros a su paso. Lo mismo que ocurre con el peronismo, que reivindica un "equilibrio fiscal" que debe ser sostenido, comprando el planteo de "déficit cero" de Milei. Hay que derrotar a este gobierno ajustador y a las patronales, con la organización independiente y la huelga general hasta que se vaya Milei y sus colaboradores.
