Políticas
17/5/2026
Tarifazos y recorte de Zona Fría: Milei vuelve a la carga con el ajuste energético
El gobierno busca descargar la crisis energética sobre los hogares trabajadores.
Seguir
Lo que cayó con el “Capítulo XI” del Presupuesto 2026.
El proyecto PE-003/26 enviado por Javier Milei al Congreso constituye en realidad la reintroducción fragmentada de un aspecto central del Capítulo XI del Presupuesto 2026, aquel capítulo que el gobierno facholibertario no logró imponer en diciembre de 2025. Lo que no pudieron aprobar dentro del presupuesto ahora intentan hacerlo pasar por separado y en debate exprés: tarifazos, recorte de subsidios, traslado automático de precios a tarifa y rescate financiero de empresas energéticas endeudadas.
El debate se dará además en el marco de los pedidos de sesión ya oficializados en Diputados para la próxima semana. El temario impulsado por el gobierno incluye como puntos centrales el proyecto de Derogación de Legislación Obsoleta (“Hojarasca”) y las modificaciones al Régimen de Zona Fría, ambos enviados por el Poder Ejecutivo y con despacho de comisión. En paralelo, diferentes bloques políticos, entre ellos el Frente de Izquierda, pidieron una sesión especial para avanzar con interpelaciones, mociones de censura e informes verbales vinculados a la escandalosa corrupción de “cascada” Adorni, además de emplazamientos relacionados con licencias por paternidad, el programa Remediar, la gratuidad del PAMI y los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional. En ese marco, el gobierno busca retomar por partes aspectos centrales del programa económico y energético que habían quedado golpeados tras la caída política del Capítulo XI del Presupuesto 2026.
Cabe señalar que el tratamiento parlamentario volvió a exhibir, además, una metodología ya característica del gobierno de Milei: al momento de redactarse esta nota el dictamen de mayoría aún no ha sido publicado oficialmente con sus modificaciones finales, pese a que el gobierno avanzó igualmente con anuncios y acuerdos parlamentarios.
Sin embargo, aún con esas modificaciones de último momento, el núcleo del proyecto permanece intacto. El dictamen de mayoría no altera la orientación estructural de la iniciativa original enviada por el Poder Ejecutivo. Apenas introduce cambios regulatorios accesorios mientras preserva el corazón de la reforma: la transformación del régimen de Zona Fría en un sistema crecientemente focalizado por criterios socioeconómicos, el recorte efectivo del beneficio mediante el cambio en la base de cálculo de la bonificación y el traslado automático de precios energéticos a las tarifas.
Incluso, el nuevo texto profundiza la focalización al incorporar explícitamente dentro de la propia ley los criterios de elegibilidad vinculados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), incluyendo topes de ingresos equivalentes a tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios del Renabap, veteranos de Malvinas y personas con CUD. En otros términos: el beneficio deja de estar asociado prioritariamente a las condiciones climáticas y territoriales para quedar subordinado a mecanismos de segmentación administrados por el Estado.
El dictamen también mantiene otro de los aspectos más regresivos del proyecto original: la modificación de la base de cálculo del subsidio. La bonificación deja de aplicarse sobre la tarifa integral y pasa a calcularse exclusivamente sobre el precio del gas, excluyendo componentes decisivos de la factura como transporte y distribución. Esto implica un recorte económico efectivo aun allí donde formalmente continúe existiendo el régimen de Zona Fría. Entre los cambios incorporados aparece además una fecha de vigencia del régimen hasta 2031 y una flexibilización parcial de la prohibición de incluir cargos municipales en las facturas eléctricas. Ninguna de esas modificaciones altera el sentido político y económico central del proyecto.
El corazón socialmente más regresivo del proyecto es el recorte del régimen de Zona Fría. El gobierno cuestiona la ampliación votada en 2021 porque, según sus propios fundamentos, aumentó demasiado el universo de beneficiarios y elevó el costo fiscal del subsidio. Bajo ese argumento, busca reemplazar un criterio territorial y climático por un sistema de focalización socioeconómica. En otras palabras: millones de usuarios dejarían de tener un derecho asociado a las condiciones objetivas de vida y pasarían a depender de filtros administrativos cada vez más restrictivos. En total, quedarán fuera del régimen Zona Fría 55 municipios en Buenos Aires, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe, 3 en Catamarca y 1 en Tucumán.
La propia secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, admitió en comisión que 1,6 millones de usuarios perderían el subsidio. Otros 1,8 millones lo conservarían únicamente si logran permanecer dentro del régimen de subsidios focalizados. La confesión basta para desnudar el verdadero contenido del proyecto: un recorte masivo de cobertura tarifaria sobre regiones enteras del país donde el consumo de gas no es un lujo sino una necesidad elemental de supervivencia.
El oficialismo intenta presentar el régimen vigente como un privilegio para sectores acomodados, hablando de “pileta climatizada” o consumos suntuarios. Pero lo que está en discusión no son lujos, sino calefacción, agua caliente y condiciones mínimas de vida para millones de trabajadores, jubilados, docentes, estatales y familias populares que ya vienen siendo golpeadas por salarios pulverizados, alquileres impagables y aumentos permanentes de tarifas, alimentos y medicamentos.
Tal como señalamos respecto del Presupuesto 2026, el gobierno pretende reorganizar integralmente el régimen energético argentino en función de la rentabilidad empresaria, el ajuste fiscal y las exigencias del capital financiero. El discurso de la “normalización” y el “equilibrio fiscal” funciona como cobertura ideológica de una transferencia masiva de ingresos desde los hogares trabajadores hacia petroleras, distribuidoras, generadoras y grandes grupos económicos como YPF, Pan American Energy, Tecpetrol, Vista, Pampa Energía o Chevron. No se trata de una política de eficiencia energética ni de racionalización del sistema, sino de una ofensiva de clase para descargar la crisis sobre la población mientras se garantizan negocios extraordinarios al capital energético y a los exportadores ligados a Vaca Muerta.
No sólo es Zona Fría
La ofensiva no se limita a Zona Fría. El proyecto establece mecanismos de traslado automático de precios a las tarifas tanto en electricidad como en gas. Es decir, los aumentos en combustibles, generación, adquisición y transporte de energía pasarían directamente a la factura de los usuarios. En un sistema completamente concentrado, con empresas monopólicas y usuarios cautivos, hablar de “procesos competitivos” es una ficción destinada a justificar nuevos tarifazos permanentes.
Esta orientación retoma exactamente la lógica contenida en el Capítulo XI del Presupuesto 2026. Allí también se buscaba garantizar a las empresas energéticas mecanismos automáticos de actualización tarifaria y compensaciones financieras por ingresos “no percibidos” durante períodos de congelamiento. El nuevo proyecto reincorpora esos mismos principios mediante un esquema de compensación de deudas del Mercado Eléctrico Mayorista que beneficia a distribuidoras y transportistas endeudados con Cammesa.
En términos concretos, el gobierno pretende reconocer diferencias de ingresos reclamadas por empresas privadas y utilizarlas para cancelar deudas acumuladas con el sistema eléctrico. El resultado es escandaloso: las empresas que durante años degradaron el servicio, protagonizaron apagones masivos y acumularon endeudamiento reciben rescates y previsibilidad financiera, mientras a la población se le recortan subsidios y se le trasladan automáticamente los costos a la factura.
Pero esta orientación no nació con Milei. El actual gobierno profundiza tendencias que fueron sostenidas durante décadas por distintos gobiernos patronales, incluido el peronismo kirchnerista, que preservó intacta la estructura privatizada del sistema energético heredada de los ‘90, sostuvo subsidios multimillonarios a grupos empresarios y terminó consolidando un esquema de dependencia respecto de grandes pulpos energéticos. Basta mencionar el pacto, hasta el día de hoy secreto, entre YPF-Chevrón, firmado en 2013 en pleno gobierno de Cristina Kirchner.
El gobierno actual justifica esta política en nombre del “equilibrio fiscal”, pero ese supuesto rigor desaparece cuando se trata de beneficiar al gran capital. El mismo Poder Ejecutivo que recorta subsidios populares sostiene regímenes de privilegio impositivo, cambiario y aduanero como el Rigi para garantizar negocios multimillonarios a petroleras, mineras y grupos exportadores. El problema del gobierno no es el déficit: es quién paga la crisis y quién se beneficia con ella.
Un programa alternativo
La orientación general del proyecto confirma que para Milei la energía no constituye un derecho sino una mercancía sometida íntegramente a las reglas de rentabilidad privada. El criterio es que el mercado interno pague precios equivalentes a la paridad de exportación, aun cuando Argentina produce localmente gran parte del gas y petróleo que consume. De esta forma, los hogares argentinos terminan pagando combustibles y energía como si el país dependiera íntegramente de importaciones atravesadas por conflictos internacionales y especulación global.
El resultado ya está a la vista. Tarifas cada vez más altas, deterioro del servicio y apagones masivos incluso después de aumentos históricos, como los registrados a fines del año pasado. El problema de fondo no son los subsidios sino un régimen energético organizado alrededor de la especulación empresaria y subordinado a las necesidades del capital financiero y exportador.
La caída política del Capítulo XI del Presupuesto 2026 fue un golpe importante contra esta orientación. Por eso el gobierno vuelve ahora a la carga mediante proyectos separados, intentando imponer por partes lo que no logró aprobar de conjunto. La pelea contra el recorte de Zona Fría y los tarifazos no puede desligarse de una conclusión más general: la necesidad de enfrentar integralmente la política de ajuste del gobierno y avanzar hacia una nacionalización de toda la cadena energética bajo control de trabajadores y usuarios, orientada a las necesidades sociales y no a la rentabilidad capitalista.
