Políticas
13/5/2026
Tierra del Fuego: el gobierno quita subsidios al gas envasado
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Movilización en rechazo a la medida.
El gobierno provincial de Gustavo Melella, mediante un decreto, avanza en el recorte de los subsidios al gas envasado que alcanzan actualmente a 5.800 familias fueguinas. Se trata de una medida de ajuste en sintonía con las impulsadas por el gobierno nacional de Javier Milei y que castiga directamente a las familias más humildes en medio de una profunda crisis económica con desempleo y pérdida de poder adquisitivo.
Bajo el eufemismo de la “sustentabilidad fiscal”, se transforma un servicio esencial en un bien de lujo. En Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el gas no es un consumo opcional: es una condición básica para poder vivir en un clima de frío extremo y en una región apartada.
En 2025 el gobierno provincial ya había aplicado un recorte de 50 kilos de GLP a todos los usuarios de la provincia, dejando un cupo mensual que no alcanzaba siquiera para cubrir las necesidades básicas de calefacción y cocina, y obligando a pagar cada kilo excedente a precios prohibitivos. Ahora, por decreto y en plenas primeras heladas y nevadas del año, resuelven sacar 300 kilos de gas mensual a familias que, según el propio gobierno, deberían pedir e instalar la red de gas natural en plena época de “veda invernal” para este tipo de obras. Todo esto mientras las petroleras (Total, PAE, Roch) se llenan los bolsillos extrayendo nuestro recurso.
El subsidio al gas licuado alcanza a más de 3.500 familias en Ushuaia y alrededor de 1.800 en Río Grande. El nuevo esquema de recorte golpea directamente a cientos de hogares de trabajadores, jubiladas, jubilados y sectores populares que no tienen red de gas natural y que ya están viendo cómo se les terminan las garrafas o cargas a granel antes del peor momento del invierno.
Mientras las temperaturas caen por debajo de cero, quienes prometieron que “vamos a vivir mejor” toman la motosierra nacional para recortar a quienes no tienen calefacción. Sin subsidio, el costo mensual del gas envasado para una familia puede superar el millón de pesos: una cifra insostenible para el bolsillo de los trabajadores.
La situación ya estalló. Vecinas y vecinos autoconvocados realizaron una movilización y luego votaron una toma pacífica de la Casa de Gobierno de Ushuaia. En Río Grande, referentes de familias del sector Margen Sur mantienen la ocupación pacífica de la Delegación de Gobierno. Esto muestra hasta dónde llegó el hartazgo y no se descartan nuevas medidas de lucha en las calles en los próximos días.
Ante este escenario, el gobierno provincial de Gustavo Melella y Mónica Urquiza deben dejar de esquivar su responsabilidad. Son cómplices activos del ajuste. Es urgente atender a los sectores más golpeados e imponer (no solo "debatir") quién se queda con la riqueza que se produce en la provincia: que paguen las petroleras, los grandes empresarios, los monopolios. No el pueblo trabajador.
Gas al pueblo, no a las petroleras. Basta de ajuste criminal. Suspensión inmediata y derogación de la quita de subsidios al GLP. Que se garantice el acceso al gas como servicio público esencial, bajo control obrero y popular.
