Carlos Córdoba, secretario general de ATE Tierra del Fuego, fue acusado de estafa y defraudación por administración fraudulenta en relación a 21 viviendas sociales del barrio Barrancas del Río Pipo.

En 2016 el Instituto Provincial de Viviendas (IPV) firmó un convenio con ATE para construir 128 viviendas del programa nacional Techo Digno, que debían adjudicarse a afiliados del gremio que cumplieran los requisitos.

La conducción de ATE, según el juez Javier De Gamas Soler, se quedó con 21 de esas casas y las “negoció a grandes valores económicos” a personas que no eran afiliadas. La fiscalía dice que armaron un “plan criminal” para percibir dinero mal habido usando el acceso a la vivienda como gancho. Para el fiscal Arias, Córdoba “no podía desconocer la maniobra” por su cargo de secretario general. El juez sostuvo que quebrantó la confianza de los afiliados al no administrar en resguardo de ellos. Además llevó adelante gestiones administrativas ante el IPV y recibió reclamos de afiliados que habían pagado.

El burocrata sindical Carlos Córdoba fue procesado por 22 hechos de estafa y administración fraudulenta y la Cámara de Apelaciones de Ushuaia confirmó el procesamiento en 2019. La justicia estimó que los sindicalistas recaudaron unos 13,4 millones de pesos con la venta ilegal de esas viviendas. Parte de ese dinero habría ingresado al circuito financiero mediante lavado a través de una empresa vial.

Córdoba inicialmente denunció a Miguel Arana y Daniel Belbey, integrantes de la comisión de vivienda, como responsables. Su abogado dijo que Belbey grababa las conversaciones con Córdoba y que esos audios lo exculparían. Córdoba sostiene que no contestó preguntas en la indagatoria porque presentó un escrito respondiendo los puntos del fiscal.

La causa fue elevada a juicio oral. En mayo de 2026 estaba programado el juicio en el Tribunal de Juicio de Ushuaia con Córdoba, con Miguel Arana y Erik Moscoso Panozo como imputados. La acusación no es por estafa personal directa, sino por no haber controlado y haber participado, según la fiscalía, en el desvío de viviendas sociales que debían ir a afiliados de ATE.

La causa de las viviendas de ATE es una demostración más de como las burocracias sindicales actúan de forma criminal, lejos de los intereses la clase trabajadora.