Políticas
29/8/2026
Traspaso de la Justicia laboral a CABA: un pacto entre LLA, el PRO y el peronismo
Incertidumbre para los puestos de trabajo judiciales y la defensa de los derechos laborales.
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La aprobación en la Legislatura porteña del traspaso de la Justicia laboral nacional a CABA abre un escenario de grave incertidumbre para los puestos de trabajo y la defensa de los derechos laborales. El desafío de los trabajadores es recuperar los organismos democráticos de base y unificar la lucha de todos los fueros.
El jueves 27, rodeada por una importante movilización de trabajadores judiciales del fuero laboral nacional, la Legislatura aprobó el cierre de la justicia laboral y su traspaso definitivo a la Ciudad de Buenos Aires. Días antes el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 había dejado sin efecto la última cautelar que aún trababa el traspaso, habilitando al oficialismo a llevar el acuerdo al recinto.
Con 36 votos a favor del oficialismo y sus aliados, 20 abstenciones del arco peronista y 2 votos en contra se aprobó el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad. Los dos únicos votos negativos fueron de las legisladoras del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Vanina Biasi y Amanda Martín. Con la sanción de esta ley culmina un proceso por el cual los derechos individuales del trabajo pasarán a estar tutelados por una justicia pro patronal y alineada al lobby empresarial porteño.
Unidad de programa: el pacto político-sindical del peronismo con el gobierno de Milei
El momento en que se gesta el traspaso del fuero laboral está directamente ligado al acuerdo político gestado entre el peronismo, el gobierno nacional y sus aliados para llevar adelante la agenda legislativa oficialista. Los triunfos parlamentarios del gobierno son el verdadero plafón donde se gesta esta votación en la Legislatura porteña.
En la Cámara de Diputados de la Nación el oficialismo se llevó la media sanción a su proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ley de Inocencia Fiscal 2 y varias iniciativas que formaron parte de un "plan canje" con los bloques aliados a cambio de quorum y votos. Otro dato de esa jornada fue que las mociones de la oposición para tratar de forma inmediata proyectos contra el sobreendeudamiento familiar y por la prórroga de la emergencia en discapacidad no prosperaron al no alcanzar las mayorías especiales, a pesar del voto favorable de 133 diputados. Una porción de esos mismos legisladores fue la que luego garantizó los votos para los proyectos del oficialismo, los cuales están lejos de brindar una salida real a las penurias de las familias trabajadoras o a la crisis del sector de discapacidad.
El Senado aprobó un paquete de 67 pliegos judiciales impulsado por La Libertad Avanza con el respaldo de aliados y del peronismo. La clave del acuerdo fue la designación de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi en la Sala I de la Cámara Federal porteña (Comodoro Py), tribunal estratégico que investiga causas de corrupción tanto de funcionarios actuales como de gestiones anteriores. Pese a sus históricos discursos contra el “partido judicial”, el bloque de Unión por la Patria, con senadores del riñón de Cristina Kirchner como Juliana Di Tullio y José Mayans, votó en bloque a favor de Yadarola, ignorando su vínculo con el polémico viaje a Lago Escondido para sellar un pacto de mutua impunidad política.
Por eso el traspaso no es solamente la expresión de un copamiento por parte del PRO, sino que viene a blindar judicialmente la Ley Bases y la reforma laboral que impulsa el gobierno con la colaboración cómplice de la CGT y la CTA, mientras el peronismo facilitaba su curso en el Congreso. Al liquidar el fuero laboral nacional, las patronales buscan eliminar la última trinchera legal para enfrentar los atropellos consagrados en la nueva legislación, dejando a la clase trabajadora en una situación de completa indefensión. De fondo operan los beneficios patronales de la reforma laboral para obturar las garantías vigentes, dando un golpe directo a todo el movimiento obrero.
No sorprende que, frente a semejante ataque, la CGT destaque por su ausencia en una lucha general contra el traspaso. El nivel de compromiso del peronismo en el reordenamiento judicial junto al gobierno nacional es de alto voltaje.
El macrismo ya había intentado avanzar con esta misma ofensiva en 2015, cuando el intento de traspasar la Justicia nacional fue el ropaje que adoptó la reforma laboral para los trabajadores del sector. La enorme lucha que libraron los judiciales durante meses encontró fuerza y organización en las comisiones internas de los fueros Penal, Civil, Laboral y Civil y Comercial Federal, que en ese entonces pasaban a manos de conducciones opositoras. Estas lograron canalizar la bronca contra la pasividad del gremio, superarla y forjar un frente de lucha que llevó adelante asambleas y medidas en los distintos edificios, logrando frenar el traspaso en aquel momento.
La lucha de los trabajadores del fuero laboral
La decisión del gobierno de Milei de disolver la justicia nacional comenzó a tomar forma el 9 de febrero de este año tras el acuerdo firmado entre Manuel Adorni y el ministro de Justicia de la Ciudad, disponiendo el cierre de los 80 juzgados laborales sin dar precisiones sobre el destino de los más de 1.700 trabajadores del fuero.
La predisposición de los trabajadores judiciales para asumir la lucha dejó hitos muy importantes desde los primeros anuncios, llegando a ocuparse el edificio de Diagonal Norte durante un día entero por sus propios trabajadores
Incluso, ante la falta de certezas, los trabajadores comenzaron a autoconvocarse en las distintas dependencias exigiéndole a la conducción gremial el llamado a asambleas generales. La incertidumbre sobre las nuevas condiciones laborales y la continuidad de los puestos de trabajo colocó a los judiciales en estado de alerta.
La votación en la Legislatura echa plena luz sobre el curso de los acontecimientos: consumada la transferencia del fuero sin garantizar a sus trabajadores, la incertidumbre pasa a ser una amenaza concreta. Frente a un gobierno que ya despidió a más de 70 mil trabajadores en la administración pública nacional, es inadmisible confiar en que respetará la estabilidad laboral del empleado judicial. Estamos ante un gobierno que se caracteriza por atacar derechos laborales y cruzar límites cada vez que puede.
El rol de la conducción sindical ante el conflicto
La postura de la conducción de la UEJN no puede entenderse por fuera del compromiso político del peronismo y de la propia CGT. Si por un lado el Consejo de la Magistratura parece dar instrucciones para llevar tranquilidad a las oficinas judiciales, el gremio no hace mucho más por llevar claridad sobre lo que se negocia entre Mahiques, el peronismo y el gobierno con relación al traspaso. Mientras los jueces negociaban sus propios términos y la Corte refrendaba el traspaso dejando a los trabajadores librados a su suerte, el gremio se limitó a lanzar paros aislados y de alcance sectorial, sin preparación previa, a los que aun así los trabajadores concurrieron masivamente.
El desgaste fue provocado por la propia dirección vaciando las medidas de fuerza. Mientras los judiciales reclamaban un plan de lucha unificado con el resto de la Justicia nacional, la cúpula del gremio priorizó negociar su propio posicionamiento ante la consumación del traspaso. Mientras se intenta llevar una falsa tranquilidad a las oficinas judiciales, la conducción gremial oculta lo que verdaderamente se negocia entre Mahiques, el peronismo y el gobierno respecto del traspaso.
Hacia un plan de lucha unificado de todos los judiciales
En el fuero penal la comisión interna (Frente Azul-Bermellón) viene impulsando la elección de delegados por oficina para fortalecer la organización de base frente al avance de los convenios de transferencia del fuero penal juvenil hacia la Ciudad, marco en el cual una masiva asamblea votó resoluciones para profundizar las medidas de fuerza.
Es necesario elegir delegados por oficina en toda la Justicia nacional de menores, juzgados, defensorías y fiscalías, y recuperar las comisiones internas para ponerlas al servicio de un plan de lucha que unifique a todos los fueros. Esa es la perspectiva que debemos construir frente al ataque generalizado.
Se trata del desmantelamiento de la Justicia nacional. Tenemos que prepararnos para una gran lucha.
