Políticas
8/9/2026
CABA
Tres proyectos para terminar con la usura, la extorsión y el endeudamiento permanente
Iniciativas de las legisladoras del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Vanina Biasi y Amanda Martín.
Seguir
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más del 81% de la población adulta registra algún tipo de endeudamiento, unas 350 mil personas se encuentran morosas y con deudas promedio de más de 4 millones de pesos. La situación es visiblemente peor en el sur de la ciudad, ya que allí se concentra la población más empobrecida. Esta cifra, lejos de reflejar una acumulación de crédito para la inversión o el consumo suntuario, expone una realidad dramática. Las familias trabajadoras, con salarios pulverizados por la inflación, tarifazos y alquileres impagables, se endeudan para comer, comprar medicamentos o pagar los servicios públicos básicos. Sobre esta miseria social los bancos y el capital financiero montaron un negocio extorsivo e ilegítimo de cobranzas extrajudiciales que opera impunemente.
Desde las bancas de Vanina Biasi y Amanda Martín en la Legislatura presentamos tres proyectos de ley para responder al cuadro de ahogo financiero, usura y extorsión que golpea a las familias trabajadoras. Un proyecto de emergencia crediticia para el desendeudamiento de los hogares, una iniciativa para frenar los abusos financieros de las aplicaciones sobre los repartidores de delivery, y otra destinada a poner un freno definitivo a las prácticas abusivas, hostiles y extorsivas de las agencias de cobranza extrajudicial, garantizando la prohibición de la venta de carteras de deuda y la condonación de sumas usurarias.
Las mafias y las cobranzas extrajudiciales
Una audiencia pública realizada el lunes 7 en la Legislatura porteña dejó al descubierto la dimensión dramática del acoso cotidiano que ejercen los grupos usureros sobre la población trabajadora. Con la participación de unas 150 personas afectadas por este esquema, los testimonios revelaron cómo el endeudamiento obligado para comprar alimentos, pagar alquileres o afrontar costos de tratamientos médicos termina derivando en verdaderas redes de extorsión.
La jornada abrió con el desgarrador testimonio de Érica, quien relató que su hermana se suicidó apenas una hora después de haber recibido un mensaje de su mamá que había sido amenazada por parte de un operador de estas agencias para exigirle que su hija saldara obligaciones financieras. A su vez, se denunciaron casos donde deudas originales de $300 mil fueron transformadas mediante intereses punitorios y recargos ilegales en montos ficticios e impagables de 40 millones de pesos.
Esta realidad expone el funcionamiento de un mecanismo profundamente espurio. Los bancos tradicionales como el Galicia, Francés o Columbia, junto a entidades financieras y billeteras virtuales como Tarjeta Naranja, Ualá o Mercado Pago, venden sus carteras de morosos por apenas el 4% o 5% de su valor nominal. Esta venta a precio vil demuestra la ganancia extraordinaria y usuraria que el sistema financiero ya extrajo previamente. Las carteras son adquiridas por fideicomisos oscuros y estudios jurídicos que actúan como agencias de extorsión, detrás de los cuales operan muchas veces fondos vinculados a mafias y al narcotráfico para lavar dinero mediante la apretada continua a deudores acorralados.
Para terminar con esta impunidad, el proyecto contra las cobranzas extrajudiciales plantea la prohibición absoluta de la venta, cesión o transferencia de deudas derivadas de relaciones de consumo o créditos personales. Dispone la nulidad absoluta de cualquier incremento unilateral de tasas de interés, recargos o comisiones por parte de agencias con las que el deudor no firmó contrato alguno, así como la condonación total y definitiva de las deudas en casos donde se haya incurrido en usura o amedrentamiento. Prohíbe taxativamente las llamadas fuera del horario de 10:00 a 17:00 en días hábiles, los contactos a familiares, vecinos o ámbitos laborales, la simulación de embargos o documentación judicial y las amenazas de escrache público. Establece además sanciones severas con multas y clausuras definitivas de las agencias en la ciudad que sigan este mecanismo.
El problema de la deuda
El planteo de emergencia crediticia va en consonancia con la iniciativa impulsada en el Congreso nacional por las bancas del Frente de Izquierda, ante las aberrantes cifras de endeudamiento que sofocan a los sectores populares en la Ciudad de Buenos Aires. Estas medidas se diferencian del proyecto de "desendeudamiento" de Santoro y el bloque de Fuerza por Buenos Aires que fue aprobado en el recinto con el aval del oficialismo de Jorge Macri. Como denunció en la sesión Amanda Martín, aquella norma constituye un rescate a la banca y a las financieras a costa de consolidar el sobreendeudamiento familiar.
Se impone un tope de tasa nominal del 35% fija para nuevas deudas para cancelar las anteriores y garantiza a las entidades acreedoras un beneficio fiscal del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses. De esta manera, los bloques patronales mantienen el negocio de los especuladores con recursos públicos mientras fuerzan a la población a tomar deudas nuevas para saldar viejas.
Nuestro proyecto declara la emergencia crediticia en la ciudad por dos años, planteando la condonación del 100% de capital e intereses en tarjetas y préstamos de hasta dos Canastas de Consumos Mínimos ($2.558.677) para quienes perciban ingresos por debajo de la Canasta Básica Total ($2.047.179 a julio de 2026), desempleados, jubilados, personas con discapacidad y estatales o docentes despedidos. Para los saldos restantes, fija la quita del 50% de capital y refinanciaciones en cuotas fijas sin interés que no superen el 15% del ingreso del hogar, junto con la suspensión inmediata de embargos, ejecuciones y la salida del Veraz. Asimismo, contempla la creación de una comisión de auditoría integrada por los propios afectados, organizaciones sindicales y populares para fiscalizar a las financieras.
En paralelo, presentamos un proyecto para las plataformas digitales de reparto, un sector particularmente afectado por la crisis y sumamente precarizado que ha aumentado como resultado de los despidos y cierres de empresas. Los datos oficiales exponen que la deuda promedio de los trabajadores de delivery con las mismas aplicaciones creció un 122% en el último año, rondando los $900.000 por repartidor, con costos financieros que alcanzan el 700% anual mediante descuentos directos sobre las comisiones. Planteamos prohibir que empresas como Pedidos Ya y Rappi apliquen tasas de interés que superen las del Banco Ciudad, fijando la nulidad total de los intereses y de las deudas tomadas para comprar herramientas de trabajo. Exigimos el reconocimiento de la relación laboral bajo convenio, la provisión gratuita de insumos operativos y la conformación de una comisión de trabajadores repartidores electos en asamblea con capacidad de auditar algoritmos e interrumpir la operatoria de las apps ante abusos patronales.
El problema es el salario, vamos a la marcha de la bronca
Mientras los bloques patronales eluden discutir la causa de fondo, que es la pulverización del ingreso de los trabajadores real frente a los tarifazos, la inflación y la carestía generalizada, desde el Partido Obrero convocamos a las familias trabajadoras golpeadas por la usura a organizarse de forma independiente para conquistar el tratamiento de estos proyectos.
Hay que pelear por el salario y todas las reivindicaciones en el camino de terminar con los gobiernos que sostienen este régimen de saqueo. La bronca por la situación a la que nos han llevado, la complicidad de los partidos patronales y la entrega de las burocracias sindicales hay que convertirla en organización y lucha. La marcha del 19 de septiembre va en este sentido, y busca ser un punto de apoyo para preparar la intervención de los trabajadores por una salida propia.
