Políticas
9/10/2026
Vaciamiento, rescate del Estado y reprivatización: Aysa como negocio
De los tarifazos y el desguace menemista a la estatización trucha de los Kirchner, los antecedentes del remate de Milei.
Seguir
Milei privatizó Aysa, como parte de una política de ajuste para pagar la deuda externa e impulsar los negocios de un sector capitalista ligado al Estado. El gobierno justificó la entrega en el déficit de la empresa, ocultando que bajo control privado sufrió un vaciamiento que causó estragos en la población.
Privatización, ganancia capitalista y vaciamiento
Obras Sanitarias fue privatizada en mayo de 1993 por el gobierno de Carlos Menem. De esa operación surgió Aguas Argentinas, operada por un consorcio integrado por la empresa francesa Suez Lyonnaise y la española Aguas de Barcelona. Compañías como Suez continuaron viéndose beneficiadas de este tipo de políticas en otros países de América Latina, mientras avanzaba la penetración de Estados Unidos en el marco del famoso Consenso de Washington.
El acuerdo fue leonino. En 1994, Menem dio luz verde a una revisión “extraordinaria” de tarifas y en 1997 renegoció el contrato habilitando la dolarización y la renegociación anual de las mismas. Los precios de las tarifas de Aguas Argentinas, entre mayo de 1993 y enero de 2002, se incrementaron en un 88,2% (Página 12, 15/5), incluso cuando bajo el menemismo la inflación estaba planchada debido a la convertibilidad y hubo periodos con deflación.
Se estima que la empresa tuvo facturaciones cercanas a los 350 millones de dólares. Las ganancias impresionantes fueron también el resultado de un proceso de vaciamiento extendido en el tiempo, que es lo que explica en buena medida que la empresa haya logrado superávit. El consorcio incumplió buena parte de las metas de inversión (por ejemplo, debía garantizar el acceso al agua potable en el 100% de los hogares incluidos en el área de concesión).
No expandió la red, no impulsó las obras relacionadas al tratamiento de efluentes cloacales y produjo problemas ambientales (como se vio en la presencia de nitrato y nitrito en el agua de varias localidades). Además, los cortes de servicio fueron recurrentes. Una verdadera desgracia para un pueblo que bajo el menemismo tuvo que soportar una desocupación cercana al 20% como consecuencia de la reforma laboral menemista en la que se inspiró Milei para impulsar la suya.
A 12 años de la privatización, el 53% de los habitantes de los municipios del conurbano bonaerense no tenía alcantarillado y el 29% carecía de agua potable. La Universidad Nacional de La Plata estimó que 17 de los 24 distritos “estaban en una situación de muy alto riesgo sanitario y social por la falta de provisión de agua potable” (Revista Zoom, 2005). En este contexto debe ser leída la estatización que impulsó Néstor Kirchner (que había apoyado el rumbo privatista de su compañero Menem) en 2006, que no revirtió la situación de crisis de infraestructura.
Estatización
El kirchnerismo rescindió el contrato de concesión. Puso al frente de Aysa a Carlos Ben, que era director de Aguas Argentinas, y a José Luis Lingeri (cuyo lugar mantuvo durante todos los gobiernos), el secretario general del sindicato de Obras Sanitarias. De hecho, Lingeri estuvo a favor de la privatización menemista como expresión de una burocracia sindical que se benefició bajo ese proceso consolidándose como una casta empresarial.
Los K se distinguieron por desenvolver una política de rescate de las privatizadas, como ocurrió en el caso de Aerolíneas Argentinas con el Grupo Marsans y en el caso de YPF con la empresa española Repsol. Aysa se vio sujeta al mando de un Estado capitalista cruzado por los intereses de una burguesía nacional parasitaria y corrupta, y por los intereses de los acreedores internacionales que succionaron el erario público bajo el amparo de los “nacionales y populares”.
De hecho, estuvo involucrada en el affaire de Odebrecht por el desvío de fondos de su presupuesto. Suez fue al Ciadi y en 2015 el tribunal condenó a la Argentina a pagar 405 millones de dólares más intereses. Seguramente confiaba en que podía ganar, ya que el Estado argentino pagaba, como hicieron los K en su momento. En 2019 Mauricio Macri terminó desembolsando, con una pequeña quita sobre los intereses acumulados, el dinero.
La privatización de Milei se entrelaza con todo esto. Con Alberto y Cristina Fernández en el gobierno, Mauricio Filiberti, socio de Vila y Manzano en Edenor y Metrogas, obtuvo convenios con Aysa para su empresa Transclor gracias a Malena Galmarini, la esposa de Massa. Filiberti es uno de los beneficiarios de la política privatista de Milei, junto a otros empresarios amigos del gobierno y magnates extranjeros. Los Fernández, con sus recortes sobre inversión en Aysa, también fueron cultivando el terreno para que el gobierno libertario avanzara con la privatización.
Aysa fue vaciada al punto tal que un tercio de la población del área carece de acceso a agua potable y cloacas, según el propio Ministerio de Economía que dirige Luis Caputo. Pero justamente ese cuadro es también el resultado del ajuste que el propio Milei aplicó en la empresa, reduciendo los fondos destinados a infraestructura. Detrás de esto se esconde el mismo problema: el pago de la deuda externa. El ajuste sobre Aysa se hacía en función de ese pago y los dólares que ingresarán por la privatización tendrán el mismo destino. Los nuevos dueños, asimismo, facturarán 93 millones de dólares extra por año por un cambio de zonificación (La Política Online, 8/10).
Entre privatizaciones y estatizaciones capitalistas se fueron beneficiando un grupo de empresarios y burócratas del Estado a costa del pueblo. Aysa debe estar en manos de los trabajadores.
