En las últimas horas se concretó el traspaso de Ymad a la provincia mediante el Decreto 2/2026, publicado en el Boletín Oficial. Con esto, el gobierno nacional oficializó su retiro definitivo de la empresa interestadual. Se abre así una nueva etapa en el derrotero de esta empresa, que fue propietaria del emprendimiento minero más importante de la Argentina en su momento: Bajo La Alumbrera.

Ymad es una empresa interestadual creada en 1958 para explotar los yacimientos de Agua de Dionisio, tras el descubrimiento de Farallón Negro por Abel Peirano. Su estructura estaba integrada por el Estado Nacional, la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, con un esquema de reparto de utilidades que financia a todo el sistema universitario. A lo largo de su historia, Ymad ha sido protagonista de debates por su asociación con Minera Alumbrera, el manejo de fondos universitarios y las disputas políticas por su conducción. Con el retiro de la Nación, el esquema queda con tres miembros en el directorio, con el 60% de utilidades para Catamarca y el 40% para la UNT.

Uno de los objetivos originales de la empresa era impulsar un polo de investigación en el norte del país mediante la construcción de una ciudad universitaria en la UNT, financiada con las utilidades provenientes de los emprendimientos explotados en el llamado Pedimento Peirano. La proyección de riquezas que albergaban esos yacimientos permitía pensar que, una vez construida la ciudad universitaria, Ymad podría aportar financiamiento sostenido a las universidades públicas de todo el país.

La realidad es que el sueño de una ciudad universitaria en Tucumán y el crecimiento de la ciencia mediante la explotación del yacimiento minero Bajo La Alumbrera chocó con el proceso de producción minera a gran escala, potenciado en la década del '90. Básicamente, con la entrega del país y la corruptela de un Estado que, bajo el discurso de la modernización y la apertura al mundo, permitió que las corporaciones corrompieran, saquearan y contaminaran.

La historia de Ymad está atravesada por los mismos hechos que marcaron a la minería en Catamarca: negociados, favores políticos y un entramado de intereses que involucró a distintos niveles del Estado.

Durante los gobiernos nacionales de Carlos Menem, el PJ liberal sancionó una legislación hecha a medida de Minera Alumbrera. En Catamarca, el Frente Civico y Social utilizó todo el aparato provincial —coimas, acuerdos espurios y manipulación institucional— para garantizarle beneficios a la empresa. En la Universidad Nacional de Tucumán, las promesas de una ciudad universitaria quedaron reducidas a un par de edificios inconclusos y a decenas de denuncias y procesamientos por malversación.

En ese escenario se desarrolló Ymad, como propietaria de los yacimientos y socia del emprendimiento, terminó siendo parte de ese entramado de irregularidades.

Pero estos hechos no son excepciones, forman parte de lo que ha significado la explotación minera en Catamarca. Si hacemos un recuento mínimo, basado únicamente en datos que la propia empresa o la justicia —siempre muy cercana a sus intereses— se vieron obligadas a reconocer, vemos que:

En 2010, la Auditoría General de la Nación cuestionó seriamente el manejo de fondos de Ymad y la ausencia total de controles adecuados. A esto se sumó que, en 2016, la Universidad Nacional de Tucumán inició un juicio por utilidades no declaradas, un litigio que recién se cerró en 2024 mediante un acuerdo político que dejó más dudas que certezas.

Ymad y el desastre ambiental

Los derrames del mineraloducto de Minera Alumbrera —del cual Ymad era socia— están documentados y reconocidos oficialmente:

• 1997 – Tucumán
• 2004 – Río Vis Vis, Catamarca
• 2006 – Tucumán
• 2008 – Andalgalá
• 2011 – Santa Ana, Tucumán

Cinco derrames en tres provincias. Cinco episodios que afectaron cursos de agua, suelos y comunidades, sin sanciones proporcionales ni reparación ambiental real. La empresa siempre negó impactos, pero los informes técnicos y las causas judiciales muestran otra cosa.

Represión en Andalgalá

La historia también está llena de ataque contra los pueblos que defiende su teritorio:

• 2010 – Represión en Chaquiago
• 2012 – Represión al acampe
• 2021 – Represión en Choya y Andalgalá por el avance del proyecto MARA

Ymad no apretó el gatillo, pero fue parte del entramado político y económico que sostiene un modelo extractivo que, para avanzar, necesita represión, criminalización y silenciamiento de las comunidades.

Este recuento nos sirve para entender qué es Ymad. Ahora necesitamos analizar cuál es su importancia en el escenario nacional y provincial, especialmente teniendo en cuenta la reapertura de Minera Alumbrera por parte de Glencore, prevista para fines de 2026 y el inicio de producción en 2028.

La reactivación de Alumbrera —aunque será apenas una fracción de lo que fue en su momento de mayor producción— dará un respiro a la estructura productiva de la provincia y generará millones en dividendos. Ese flujo de fondos alimentará nuevamente a la red de proveedores mineros y a las empresas vinculadas al sector. Además, abre la puerta a la puesta en marcha de Mara, que utilizaría las instalaciones de Alumbrera para la molienda, lo que implicaría ingresos adicionales por el uso de la planta. Estamos frente a uno de los negocios más importantes de la última década para el Estado provincial.

Pero esto debe entenderse en su verdadera dimensión. Primero, los beneficios para la provincia serán mínimos, más aún bajo el esquema del RIGI. Segundo, la red de proveedores mineros está conformada en gran medida por punteros del PJ y del radicalismo, cuyo interés principal es obtener ganancias rápidas con el máximo nivel de explotación laboral permitido por la ley. Tercero, la historia demuestra que las riquezas extraídas de estos emprendimientos —y los montos que manejan las empresas mineras— nunca se traducen en mejoras reales para la población ni para los trabajadores.

Por lo tanto, quienes celebran las “grandes oportunidades” de esta instancia, ellos forman parte del armado minero estatal, o son ingenuos que compraron un discurso que, a todas luces, es falso.

Con estos argumentos, Raúl Jalil —gobernador del PJ y aliado político de Milei— busca justificar los apoyos cruciales que los legisladores catamarqueños vienen dando en la Cámara de Diputados, en particular el respaldo a la reforma laboral. Una reforma que, por un lado, es una vieja exigencia del sector empresarial y, por el otro, funciona como una de las monedas de cambio en la negociación por Ymad.

Más allá de esto, es importante señalar que durante las últimas gestiones nacionales el directorio de Ymad ya tenía una fuerte presencia catamarqueña. El caso más evidente fue durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando el representante designado por la Nación era nada menos que el hermano del gobernador, Fernando Jalil. Y en períodos anteriores Catamarca también tuvo una influencia determinante dentro de la empresa. Por eso, lo que hoy se intenta presentar como una “gran victoria” de las negociaciones de Jalil con el gobierno nacional no es más que la continuidad de una situación que, en los hechos, ya existía.

En los últimos días de 2025 se reabrió el debate sobre la Ley de Glaciares, ya que el gobierno de Milei intenta desmantelarla. Se aprobó además la explotación del proyecto minero San Jorge en Mendoza, acompañada de detenciones y represión al activismo socioambiental. En Andalgalá, el fiscal Camps pidió la elevación a juicio de 12 activistas por manifestarse contra las actividades ilegales de la empresa Mara en el Aconquija, entre ellas nuestra compañera Aile Saracho. Estamos frente a una avanzada en la entrega de los recursos naturales y, en consecuencia, frente a un avance de la represión y la persecución a quienes luchan.

Esto solo puede ser resistido con organización y unificación de las luchas de los trabajadores. Todos los ataques que impulsa Milei —junto a los gobernadores mineros— forman parte del mismo paquete que golpea a los trabajadores, a los jubilados, a las universidades y a la salud pública. Para frenar el saqueo minero, necesitamos derrotar políticamente a Milei y a quienes sostienen este modelo.

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El verso del déficit cero solo sirve para ajustar a salud, educación, salarios y jubilaciones. -

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