Políticas
29/3/2026
sentencia de la Cámara de Apelaciones de Nueva York
YPF: “la política de Estado” es la privatización petrolera
La nafta aumentó un 20% en un mes, mientras sobreactúan kirchneristas y facholibertarios.
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La sentencia de la Cámara de Apelaciones de Nueva York ha desatado una pelea sobreactuada entre Milei, que emitió una forzada cadena nacional con Adorni a su lado y el kirchnerismo que se atribuye ser la madre del borrego. Lo ocurrido es, sin embargo, que fue puesto en su lugar un fallo completamente ilegítimo de una jueza de distrito, Loretta Preska, que pretendía obligar a YPF -y a su turno a la Argentina como país- a pagar un "cuentita" de U$S 18.000 millones, un importe capaz de terminar de quebrar al país.
Es el espectáculo de una pelea de gallinero entre un gobierno que perdió la brújula, hundiéndose en los escándalos de corrupción; la inflación; el salto en la desocupación como resultado de la recesión, la avalancha importadora y el ajuste; un riesgo país tenaz que pone en duda su capacidad de afrontar los U$S 20.000 millones de deuda de este año; la caída del consumo y la recaudación; los cierres de empresas; una movilización el 24 de marzo de varios centenares de miles largos en todo el país y luchas como la tenaz ocupación de Fate por los trabajadores y el Sutna que ha concitado un fuerte apoyo popular, la lucha universitaria y los conflictos docentes, de un lado. Del otro, un peronismo en completa crisis que se apresta a una nueva “traición” (y van…) aportando los gobernadores y los votos para la ley antiglaciares a la medida de las mineras.
A ambos les vino como anillo al dedo para buscar protagonismo en la mentada “conversación pública”. Pero ¿cuánto durará cuando los combustibles no paran de aumentar y con ellos un costo de vida que viene en ascenso hace diez meses? ¿El fallo ayuda para bajar el precio de la nafta? Por supuesto que no, pero la cuestión de fondo, que es el esquema de explotación de los hidrocarburos, tiene que ver con el precio de los combustibles, claramente.
El ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, a cargo del caso YPF entre 2017 y 2019, dice sin embargo algo distinto a los que disputan la paternidad del fallo, afirma que la defensa atravesó a cuatro gobiernos y se trata de “una política de Estado” (Clarín, 28/3). Y, obviamente, fueran Macri, Alberto Fernández o Milei tenían que poner los abogados del Estado a litigar para no tener que pagar semejante factura. La factura de una estafa.
El juicio lo llevó adelante un fondo buitre llamado Burford, comprando el poder de litigarlo a la familia Eskenazi, dueños del grupo Petersen, un grupo de la llamada burguesía nacional kirchnerista. Es que el gobierno kirchnerista metió este grupo en la YPF de Repsol privatizada por Menem, con el mecanismo de quedarse con el 25,46% de las acciones pagando el paquete con los propios dividendos de la compañía. Cuando el ministro de Cristina, Axel Kicillof, paga la expropiación del 51% del paquete accionario en la friolera de U$S 5.000 millones en bonos a jugosa tasa de interés a Repsol, a Eskenasi le dicen si te he visto no me acuerdo y el grupo declaró el default, para luego vender el litigio al mencionado fondo buitre.
La “paternidad” que reclaman Kicillof y Cristina es en realidad la estafa de pagar cinco mil palos verdes en bonos que con intereses se estiraron a nueve mil según cálculos de la época, por una empresa que desinvirtió durante 20 años al punto de llevarnos a importar la mitad del petróleo y el gas. Esa política se hizo repartiendo dividendos entre los socios, no sólo en las narices de los nacionales y populares, sino convalidando el vaciamiento mientras dejaron morder al grupo Eskenazi, dueño del 51% del Banco de Santa Cruz.
Desde nuestro bloque de diputados en 2013 denunciamos la estafa de esta indemnización a Repsol, cuando sólo el pasivo ambiental dejado por la compañía estaba valuado en no menos de U$S 3.000 millones. Sólo cabía una investigación y la expropiación sin pago. Pero, al contrario, se garantizó al conjunto de los monopolios petroleros que YPF S.A. con mayoría estatal se constituiría en sociedad de bolsa, garantizando la más completa seguridad jurídica a todos los monopolios en cuanto a todo el esquema de explotación privada de Vaca Muerta. Convalidando el pacto con Chevron cuyas cláusulas confidenciales no se conocen hasta hoy, los subsidios de los planes “Plus” para promover las inversiones en el shale y garantizando la cuestión de la libertad de precios y dolarización de tarifas que rige hasta hoy.
Por eso nótese que ni Macri en su momento ni ahora Milei han cuestionado el esquema de YPF S.A., donde los gobiernos provinciales participan con el 24% de las acciones de la parte estatal. Desde luego el otro 49% se negocia libremente en la bolsa, donde están capitales como Jaime Soros y otros. De esa manera la parte estatal de YPF, opera en realidad un 16% de la explotación de hidrocarburos y es una garantía para el resto de los grupos que con el Rigi amplían sus garantías de exportación libre y aún de realizar en el exterior sus dólares de exportación sin pasar por el Banco Central en un plazo de cuatro años.
La libertad de exportación garantiza en realidad el saqueo de un recurso no renovable y de alto impacto contaminante por el fraking. Pero los contratos petroleros garantizan precio internacional por lo cual con la guerra imperialista de Trump y Netanyahu contra Irán y Líbano, el precio de la nafta en la Argentina aumentó un 20% en un mes aunque los costos no se hayan movido ni un milímetro. Esta es la verdadera “política de Estado”, no la gestión de la “aventura procesal”, como califica el propio Saravia Frías al juicio en los tribunales extranjeros de una jueza local sobre una decisión soberana de un país en el otro extremo del continente. Que Trump haya jugado a favor para sostener al facholibertario, que es su perro faldero internacional, es cierto porque hubo una presentación del ministerio de Justicia, aunque Biden también había apoyado. En cualquier caso, revela que la “democracia” yanqui tiene una Justicia del poder lo mismo que acá.
El Partido Obrero, que no votó aquella indemnización escandalosa a Repsol y, al contrario, de la mano del movimiento de exypefianos luchó y arrancó una reparación a la estafa de Menem sobre la Propiedad Participada de la privatización de los ’90, denuncia hora estos tarifazos. Y volvemos a poner sobre la mesa la cuestión de la nacionalización integral de los hidrocarburos bajo control obrero, lo mismo que el control del comercio exterior, tareas que escapan por completo a las fuerzas políticas de la burguesía. Tareas que sólo llevará adelante un gobierno de trabajadores. Abajo los tarifazos. Juicio Político. Fuera Milei.
