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4 de enero de 2018 | #1488

Paro activo nacional y plan de lucha

Que no pasen la reforma laboral ni los despidos, por inmediato aumento de salarios y jubilaciones
Por Néstor Pitrola

Aunque no pudo evitarlas, el movimiento obrero libró una formidable lucha contra las reformas previsional e impositiva, la primera fase del plan de guerra de Macri y los gobernadores.

Se viene una segunda: la lucha para que no pase la reforma laboral; contra los despidos, especialmente en el Estado y la pelea salarial en las paritarias, ante el recrudecimiento inflacionario -que estalla con el 3% de diciembre.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña anunció extraordinarias en febrero para aprobar la reforma pactada en su momento con la CGT, que afecta pilares fundamentales de los derechos de los trabajadores. Los artículos que “limó” la burocracia sindical son pan para hoy y hambre para mañana: lo que la patronal y el gobierno no impusieron en los 127 artículos que quedaron, lo impondrán mediante convenios a la baja, a través de la Justicia laboral que regimentan y extorsionan a su favor; a través de decretos y aún de la reglamentación de la ley.

Por otra parte, lo que venden como “positivo” es negativo. El llamado blanqueo es un mecanismo de impunidad al evasor y de rebaja de aportes patronales que afectarán a la Anses; lo mismo vale para la agencia de protección a las obras sociales contra las demandas de los afiliados, que son las familias trabajadoras.

Las nuevas condiciones de la lucha

¿En qué condiciones quedamos los trabajadores y el gobierno después de las grandes luchas de diciembre?

Por un lado, el contexto de tarifazos e inflación “recalibrada” es explosivo, al igual que la ola de despidos de compañeros contratados en el Estado, en algunos casos con veinte años de antigüedad. Es decir, sobre la “herencia recibida” de flexibilidad y precarización laboral.

Por otra parte, el gobierno y sus socios del PJ quedaron golpeados y expuestos. Por eso, la “pírrica” victoria con 127 votos de Diputados (que no llegan al quórum) y en medio de una represión que puso a la masa de trabajadores, subjetivamente en la vereda de enfrente de los ajustadores.

Una clara expresión de la extensión de la resistencia de los trabajadores la brindó Santa Cruz, donde los trabajadores acaban de ser reprimidos por la policía de Alicia Kirchner para hacer pasar el pacto fiscal en su Legislatura. Lo mismo ocurrió días atrás con los azucareros de Jujuy.

Al mismo tiempo, la burocracia sindical de la CGT implosionó: la UOM renunció al Concejo Directivo, mientras varios de los gremios más grandes ignoraron el paro fracasado y ahora cultivan la profecía autocumplida: consideran que en 2018 no podrán hacer un paro por el nivel de división interna (La Nación, 2/1).

Violento contraste con las luchas crecientes de diciembre, día por día, que culminaron en la formidable manifestación de 300 mil personas del 18 y el cacerolazo solidario de la noche. Desde ese lugar partimos para enfrentar la nueva etapa del “plan de guerra”.

Es decir que en un marco creciente de luchas obreras, los mecanismos de contención están fragmentados. Ese es el significado más importante del 18D. La burocracia, a diferencia de divisiones del pasado construidas para mejor contener -armando un relevo en forma relativamente consciente-, hoy sufre una fractura múltiple. En paralelo, aunque no la replique exactamente, con la del PJ.

Incluso la denuncia con cuentagotas de las “mafias” sindicales por parte del gobierno para disciplinar al resto, parecen haber echado leña al fuego de indignación y desprestigio entre los trabajadores. Algo similar a lo que ocurre con el PJ. El gobierno para abrir paso a su ofensiva contra las masas no puede evitar agravar la crisis del peronismo y de la burocracia sindical, hoy asociada a las leyes del ajuste y a la entrega. Para botón de muestra, Facundo Moyano acaba de votar positivo el Presupuesto 2018.

La contraofensiva de criminalización de todo el movimiento y las detenciones de los compañeros del PO y otros apuntan contra los canales de lucha que, como la sangre, fluye por otras venas ante una arteria central tapada.

Buscan aislar una impronta combativa que se expresó también en las últimas horas de 2017. Con los paros del Banco Provincia, Santa Cruz, los docentes contra los despidos en la provincia de Buenos Aires y el desmantelamiento de los institutos de formación, en los cortes de ruta de Fanazul, el paro de Radio Nacional, entre tantos otros. El 4 de enero, ATE irá al paro nacional y movilización ante la presión de sus bases en todo el Estado.

Cabe una conclusión: si el 18 había un paro activo con abandono de tareas, éramos uno o dos millones en las calles de todo el país. Vamos por ello, para que no pase la reforma laboral, para reforzar cada lucha contra los despidos, por la libertad de los compañeros presos y preparando la lucha salarial de las próximas paritarias que ya arrancaron. Por eso tenemos que explicar la perspectiva de un Congreso de Delegados de todos los sindicatos electos por la base, para definir programa y plan de lucha. Y preparar ese horizonte desde abajo.
Mediante una decidida lucha política, hay que superar todas las maniobras demagógicas de las fracciones sindicales que pretextan oponerse pero no luchan.

Se trata de una intensa campaña de preparación durante todo enero. Clarificar el contenido nefasto de la reforma laboral, promover asambleas en los lugares de trabajo y plenarios de activistas y, a su turno, de delegados en todos los sindicatos y seccionales. Tenemos bien en claro que serán los trabajadores organizados en los sindicatos de todas las centrales los que derrotarán el plan de guerra, contra la burocracia central. Febrero es mañana y si no pasa la reforma laboral asestaremos un golpe decisivo en favor de los trabajadores.

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Néstor Pitrola

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