fbnoscript
17 de enero de 2018 | #1489

[Editorial] Cómo la seguimos después de las jornadas de diciembre

Por Gabriel Solano

Después de la crisis política de diciembre suscitada por las masivas movilizaciones populares contra la aprobación de la ley previsional, el gobierno ha buscado otro camino para profundizar su política de ajuste contra los trabajadores. Con el megadecretazo conocido a principios de enero, cuando hasta el propio presidente estaba de vacaciones, el gobierno cumple reclamos muy importantes de la clase capitalista. Antes que nada, el megadecretazo es una vuelta de tuerca más en su ofensiva contra el régimen previsional. Si con la ley votada en diciembre se le robaba a los jubilados 100.000 millones de pesos, sólo en 2018, ahora se avanza en la privatización del Fondo de Garantía de la Anses, al autorizarlo a crear fideicomisos y “a realizar toda otra operación propia de los mercados financieros y bursátiles”, lo que puede terminar convirtiéndolo en una AFJP pues, en última instancia, las jubilaciones estarán sujetas a los resultados de la especulación financiera. Además, en el mismo decreto se afectan derechos laborales fundamentales, especialmente de los trabajadores del Estado, a los que se les imponen cláusulas de flexibilidad laboral. Para no dar puntada sin hilo, el gobierno también redujo las sanciones a las empresas que contraten en negro y cumplió un reclamo sentido de los bancos, al autorizar el embargo de las cuentas sueldos.

¿Gobierno por decreto?

La amplitud de los temas alcanzados por el megadecretazo obligadamente planteó el interrogante de si se inaugura un período de gobierno por decreto. Hasta los diarios más alcahuetes del oficialismo, que acceden a los chismes del gabinete, comentaron en sus editoriales que durante este año Macri ha decidido eludir al Congreso y gobernar por decreto o por resoluciones administrativas. Los propios comentaristas agregan que esta decisión no debe entenderse como una ruptura con sus aliados pejotistas, sean los gobernadores o el xenófobo Pichetto. Todo lo contrario. Justamente habría sido éste quien sugirió al gobierno manejarse por decreto, para evitar las tensiones que son propias del debate parlamentario. Es que por su propia dinámica, que incluye la exposición pública y un relativo espacio temporal, el debate parlamentario ofrece una brecha donde puede meter la cola la movilización popular. Fue así como ocurrió con la acción popular contra la reforma previsional, que creció exponencialmente entre su aprobación en el Senado y el tratamiento en la Cámara de Diputados. El gobierno no le teme a Pichetto y ni siquiera a los discursos de Cristina Kirchner en el Senado, sino a nuevas y masivas acciones populares que potencialmente condicionan la acción de todas las fuerzas políticas.

De este modo, el pacto con los gobernadores pejotistas continúa en un extremo de crisis. Ahora mismo se está negociando en el Congreso la conformación de la Comisión Bicameral que trata los DNU, en la cual el gobierno tiene ocho miembros sobre 16, pero la oposición aceptaría otorgarle la presidencia (que desempata) durante 2018. Pero, además, si ambas cámaras rechazaran el DNU, éste quedaría anulado de inmediato. La oposición tiene los votos para ello, pero ni Pichetto ni los gobernadores han anunciado que votarán en contra. El kirchnerismo, que sí reclamó el rechazo de ambas cámaras, sigue insistiendo en la unidad peronista con los guardianes del ajuste macrista.

Ataque a las paritarias

Junto con el megadecretazo, el gobierno ha hecho saber que pretende que las paritarias ronden el 15% y que se elimine la llamada ‘cláusula gatillo’, que indexaba a los salarios tardíamente con la inflación. Esta ‘cláusula gatillo’ fue introducida en las paritarias del año pasado para congelar los salarios y evitar que los trabajadores reclamen recuperar los 10 o más puntos perdidos con la devaluación de 2016. Consolidada esta confiscación, la eliminación de la ‘cláusula gatillo’ significa, ni más ni menos, que el gobierno y las patronales van por una nueva reducción de los salarios.

La cuestión salarial y la suerte de las paritarias se conectan de manera directa con el impasse de la situación económica. La devaluación de fin de año fue un premio a la presión de los devaluadores, pero no ha servido para superar las contradicciones insuperables de la bancarrota económica. El gobierno tiene decidido continuar con su política de megaendeudamiento, que conduce al atraso cambiario vía la entrada masiva de dólares y a mayor inflación, por la emisión monetaria que debe hacer el Banco Central de la República Argentina para comprar esas divisas. La esterilización de esa emisión mediante las Lebac sirvió para armar un negocio de corto plazo al capital financiero internacional, pero a costa de profundizar las contradicciones de la política oficial. Las altas tasas de interés en pesos profundizaron el atraso cambiario y colocan al Banco Central al borde de la bancarrota. Los tarifazos y naftazos que están programados para todo el año en curso agravarán la inflación y con ello los costos de la economía nacional, y preparan así el terreno a nuevas devaluaciones. En este cuadro, la única política ‘antinflacionaria’ del gobierno pasa a ser la reducción de los salarios. Se reclama un nuevo sacrificio de los trabajadores en pos de una política sin destino, condenada de antemano a producir una nueva quiebra nacional.

Por un paro activo y un plan de lucha

El megadecretazo ajustador y privatista, los despidos que se multiplican todos los días y que son ejecutados por el propio gobierno, las contradicciones explosivas que se concentrarán en las paritarias y la pretensión del gobierno de avanzar en la reforma laboral, ya sea por una ley del Congreso, por DNU como el reciente, o por la modificación de los convenios colectivos, plantean la necesidad de una respuesta de conjunto de los trabajadores. Las jornadas de lucha de diciembre, con manifestaciones masivas crecientes, modificaron la situación política en el terreno más importante, que es la disposición de una franja muy importante de los trabajadores a salir a luchar contra el gobierno. Aunque las manifestaciones estuvieron acotadas a sectores amplios de la vanguardia obrera y popular, tuvieron su traducción en un cambio en el humor popular más amplio, como se encargaron de registrarlo los cacerolazos, la pueblada de Azul y hasta las encuestas de opinión que, de manera unánime, mostraron una caída importante en la imagen del gobierno.

A partir de esto, la tarea de la etapa consiste en desarrollar esta nueva situación política mediante una profundización en la intervención de los trabajadores. El gobierno cuenta con la contención de la burocracia sindical, pero se trata de una alianza cruzada por crisis y chantajes. El pacto CGT-Macri ha sido otro de los golpeados por la movilización obrera. Las investigaciones judiciales contra los burócratas son escarceos para imponer una política de contención. Los trabajadores no tienen por qué solidarizarse con estos burócratas podridos, sino que tienen la oportunidad de aprovechar las brechas que abre la crisis para plantear una intervención del conjunto de los sindicatos, mediante el lanzamiento de un paro activo nacional y un plan de lucha que profundice las jornadas de diciembre. Para ello, la convocatoria a un Congreso de Bases, es decir de delegados mandatados por asambleas de todos los sindicatos, de la CGT y sindicatos independientes.

El planteo del Congreso de Bases recoge la necesidad de una acción común de las organizaciones obreras para derrotar la ofensiva capitalista. La campaña tiene un valor en cada sindicato, porque cuestiona la autoridad de la burocracia sindical de firmar paritarias sin consultar a la base y ayuda a impulsar el reclamo por la convocatoria de plenarios de delegados y asambleas en cada una de las organizaciones gremiales que están sacudidas por el ataque en curso.

Llamamos a desarrollar esta campaña en todos los lugares de trabajo y sindicatos, y a impulsar la coordinación de los sectores que peleen por esta salida para defender las luchas parciales y profundizar las movilizaciones. Las organizaciones que comenzaron las movilizaciones contra la reforma previsional están llamadas a tomar la iniciativa y lanzar una nueva movilización en febrero, contra el decretazo ajustador, por paritarias libres, contra la reforma laboral y para derrotar la represión y conquistar la libertad de César Arakaki, Dimas Ponce y todos los detenidos por luchar contra el saqueo a los jubilados. La Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero, ya está trabajando en esa perspectiva.


La lucha decisiva que se desarrolla en el movimiento obrero debe ser preparada por el Frente de Izquierda con una agitación política dentro y fuera del Congreso y las legislaturas. Por esta vía desarrollaremos una salida propia de los trabajadores.

Sobre el Autor

Gabriel Solano

Compartir

Comentarios