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8 de marzo de 2018 | #1493

“Combate a la brecha salarial”: puro humo

Por Vanina Biasi

En medio de su programa de ataques múltiples a la clase obrera, el gobierno ha presentado lo que llama “iniciativas positivas”. La modificación de la ley de contrato de trabajo para achicar la brecha salarial entre hombres y mujeres sería una de ellas, junto al debate del aborto en el Congreso y la ampliación de la licencia por paternidad.

Sin embargo, este proyecto es una estafa comparable a las que entrañaron las leyes y proyectos aprobados antes por el kirchnerismo y luego por el macrismo de “combate” al trabajo en negro.

Naturaleza de la brecha salarial

En la Argentina, la brecha salarial entre hombres y mujeres asciende al 27%, de acuerdo con las cifras que ofrece el Indec. Esta brecha se amplía a un 40% en el terreno de la actividad informal. Lo que se mide es la presencia de hombres y mujeres en el mercado laboral y la masa salarial a la que accede cada sector. A su vez, se miden también la masa salarial entre hombres y mujeres en diferentes rubros de la producción, la industria y los servicios. En la única actividad productiva en la que la mujer supera salarialmente al hombre es en la construcción, rama en la que la mujer constituye una minoría absoluta y en la que ocupa lugares administrativos centralmente.

La brecha salarial está determinada fundamentalmente por el hecho de que las mujeres acceden a actividades con menor remuneración.

El millón de mujeres que trabajan como “empleadas domésticas” tienen hoy la paritaria más baja del país, con salarios equivalentes a 8.500 pesos por jornadas de 8 horas de trabajo. Otro rubro en el que el peso de la mujer es determinante es el docente, en el que más del 80% son mujeres.

El proyecto

El proyecto gubernamental implica la modificación del artículo 172 de la LCT, que establece la “prohibición de trato discriminatorio” por razones de género o estado civil, y la inclusión del 173.

Actualmente, el artículo 172 establece lo siguiente: “La mujer podrá celebrar toda clase de contrato de trabajo, no pudiendo consagrarse por las convenciones colectivas de trabajo, o reglamentaciones autorizadas, ningún tipo de discriminación en su empleo fundada en el sexo o estado civil de la misma, aunque este último se altere en el curso de la relación laboral. En las convenciones colectivas o tarifas de salarios que se elaboren se garantizará la plena observancia del principio de igualdad de retribución por trabajo de igual valor”.

La modificación gubernamental propone la siguiente redacción: "Los hombres y las mujeres tendrán iguales derechos en todo lo relativo a su acceso al empleo, a su selección y contratación, a sus condiciones de prestación, a su desarrollo o evolución en la carrera, y a su participación y representación en la empresa". En cuanto a la inclusión del artículo 173, el texto de éste tiene el mismo tenor que el anterior: "se garantizará la plena observancia de la igualdad de género en la aplicación del principio constitucional de igual remuneración por igual tarea" (El Cronista, 1/3).

En pocas palabras, el proyecto gubernamental no pasaría de constituir un caso de sinonimia sintáctica, con contenidos ya incluidos, tanto en la ley de contratos de trabajo como en la Constitución Nacional.

Pero lo más importante es que, en la práctica, el gobierno plantea que habilitará medios para que las mujeres que estén cobrando menos que un hombre por igual tarea, en un mismo ámbito laboral, puedan hacer las denuncias. Pero actualmente ya existen mecanismos para reclamar la equiparación salarial. Lo único realmente innovador al respecto hubiera sido que el Estado fuera el que, con auditorías y controles, detectara cuándo las patronales ejercen esta discriminación y, en consecuencia, ordenara modificar la situación de la mujer. Sin embargo, una vez más se coloca la responsabilidad de la acción en la mujer trabajadora. Como ocurría con los trabajadores “en negro” y las cínicas campañas organizadas por el gobierno anterior, nuevamente se le pide a la trabajadora discriminada que sea ella la que actúe en su defensa frente a las patronales, sin poner por delante ninguna acción del Estado.

La medida es puro humo por partida doble. Porque apunta a “atacar” un aspecto de la brecha salarial que es totalmente minoritario, aquel que refiere a la discriminación por sexo entre dos personas que realizan la misma tarea en el mismo lugar de trabajo (sería el caso de las actrices de Hollywood que vienen denunciando esto) y porque una vez más descarga la responsabilidad de librarse de la discriminación al eslabón más débil de la cadena, la mujer discriminada.

Las “iniciativas positivas” del gobierno en el campo laboral son una agenda de maquillaje a la feroz reforma laboral -que ya está en curso, con las modificaciones de los convenios por actividad- dirigidas a precarizar aún más el mercado laboral y, por lo tanto, a profundizar todas las tendencias existentes a mantener e incluso incrementar la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Sin ir más lejos, la primera medida que profundizará esa brecha es la negativa oficial a ofrecer a la docencia una paritaria que supere la inflación anual, que hoy ya se encuentra en el 25%.

Puro humo para ocultar las políticas rabiosamente antiobreras.

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