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8 de marzo de 2018 | #1493

[Editorial] La agenda de la mujer se mete de lleno en la crisis política

Por Marcelo Ramal

Los editorialistas de los dos diarios más afines al gobierno no dejan dudas en relación al origen de la decisión oficial de habilitar el debate sobre el derecho al aborto. En La Nación, Morales Solá señala que el presidente de la Cámara, Emilio Monzó “advirtió al gobierno que no estaba en condiciones de asegurar el control de la sesión especial sobre el aborto pedida por un grupo de legisladoras de varios partidos”. Una fuente oficial citada por el editorialista añade que “era preferible conducir un debate moderado que dejarlo en manos de los fánaticos” (ídem, 4/3). 

Los “fanáticos” serían aquellos que, con el telón de fondo de la multitudinaria movilización del 8, procurarían sancionar o al menos debatir sobre el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo en un hospital público, y de un modo gratuito y seguro. Los “moderados”, en cambio, son los bloques y lobbyes político-clericales que ahora, en nombre del debate “en comisión”, van a maniobrar contra aquel derecho. 

En Clarín (5/6), Ignacio Zuleta revela que el gobierno “temió que las ligas abortistas ocupasen la calle y se pusieran al borde de lograr una sesión especial el 8 de marzo”. Hay que tomar nota de la relación (antagónica) entre esta crisis y la grandes jornadas de diciembre contra el saqueo previsional: cuando el Congreso se aprestaba a cercenar un derecho -como ocurrió el 14 y 18 con los jubilados- el gobierno acusaba a los manifestantes de “no dejarlo sesionar”. Ahora, cuando un grupo de diputadas -y una marcha multitudinaria- iban a reclamar la sanción de un derecho -al aborto legal- es el propio Congreso el que se las arregla para “no sesionar”. Nada retrata mejor al carácter reaccionario de este Estado y sus poderes que la imagen de un Congreso “con candado”, en el mismo momento en que millones de mujeres irán por un derecho crucial.

La sesión especial,  acompañada de una gran movilización afuera, hubiera echado por tierra la supuesta “iniciativa positiva” del macrismo, para convertirla necesariamente en una respuesta al movimiento de mujeres en lucha y a los bloques políticos que aceptaran la sesión especial.   

En cualquier caso, la conclusión es clara: si el gobierno ha tenido que abrir el debate sobre el aborto, ha sido bajo la inmensa presión del movimiento de la mujer, como ya se expresó en las movilizaciones de estos años y volverá a manifestarse el próximo jueves 8.

Distraccionista

Es frecuente escuchar hablar -incluso de parte de esos mismos editorialistas oficiales- del objetivo “distraccionista” de la iniciativa oficial, en medio de los despidos, la carestía y la impasse más general del gobierno macrista. Pero para que una reivindicación sirva para “desviar” o “distraer”, al menos en grado de tentativa, tuvo que  ganarse antes un lugar crucial en la consideración popular. Ello ocurre con el derecho al aborto, al cual los sondeos de todas las encuestadoras -de las más a las menos oficialistas- lo dan con la aprobación mayoritaria de la población. También se ha dicho que el gobierno maniobra con el derecho al aborto para “dividir a la oposición”. Pero lo que el macrismo explota es el carácter furiosamente clerical que domina a esa oposición patronal, como se manifiesta en la posición antilegalización que va desde Cristina Kirchner a “Chiche” Duhalde, pasando por Graciela Caamaño.

A caballo de estas maniobras, el gobierno ha redoblado la apuesta y anunció “la equiparación salarial entre el hombre y la mujer”. La medida oficial podría atender algunas situaciones de discriminación salarial o de carrera, las cuales suelen afectar a los estratos gerenciales o profesionales (éste era un reclamo central del feminismo burgués del siglo XIX). Pero no puede dar cuenta de las diferencias salariales que se originan en trabajos de menor calificación, como resultado de las trabas a la formación profesional o dedicación laboral que resultan de condenar a la mujer a las tareas domésticas, o la obligan a desplegarse entre éstas últimas y el trabajo. O sea que el anuncio no subsana la situación salarial de la absoluta mayoría de las mujeres. Finalmente, el peregrino proyecto oficial pone a la misma mujer discriminada y coaccionada a controlar la pretendida “igualdad” salarial en los lugares de trabajo, una verdadera impostura.

Cómo intervenimos

Es necesario que el movimiento de la mujer -y toda la clase obrera- aprecie las contradicciones de la situación que tenemos por delante. Por un lado, es claro que si el gobierno, empujado por el vendaval de la lucha de la mujer, ha sido obligado a considerar estas reivindicaciones, no se va a privar de explotarlas en pos de una cooptación política. Esta maniobra buscará dirigirla, con toda seguridad, al feminismo liberal, que se ha empeñado en escindir a la lucha de la mujer de la lucha de clases y de todo movimiento de conjunto por la emancipación social general. Esa tentativa chocará, de todos modo,  con los límites de la  reaccionaria política oficial. No es un secreto que el macrismo ha colocado la reivindicación del aborto legal en un juego de extorsiones con el devaluado papa Francisco, a quien Macri amenaza con un traspié “en la propia casa” después de los varios fracasos sufridos por la diplomacia internacional vaticana. En este campo de maniobras, el oficialismo especula con un “proyecto de mínima (para) llevar a la ley la actual jurisprudencia de la Corte” (La Nación, 5/3), que autoriza a los llamados ‘abortos no punibles’. A su turno, un acuerdo “transversal” de quince diputados -pejotistas, massistas, kirchneristas y macristas- ha presentado un proyecto que prohíbe cualquier forma de aborto legal. Es necesario poner de manifiesto todas estas maniobras, y convocar a una intensa acción del movimiento de la mujer para desbaratarlas y abrirle paso, de una vez por todas, al aborto legal.

En cambio, y en nombre del carácter “distraccionista” o maniobrero de la iniciativa macrista, el arco político de las organizaciones sociales ligadas al Vaticano, el pejota-kirchnerismo y el ex maoísmo local –que es una agencia de todas las anteriores- quieren’subalternizar’ la reivindicación del aborto legal para la marcha de este 8. Con ello, protegen al clero -y a sus propíos diputados y senadores clericales- frente a la deliberación en curso respecto del derecho al aborto. Pero además, le prestan un valioso servicio al macrismo: si éste “agita” los derechos de la mujer con el propósito de ningunear a la crisis social y las luchas obreras, los “clericales y populares” han resuelto acordarse de estas luchas… pero para ningunear el derecho al aborto. Los partidarios de la “gran unidad opositora” son ellos mismos un factor de división de los explotados.

En oposición a unos y otros, las y los socialistas revolucionarios trabajamos por la unión de los dos campos en lucha, los cuales, por otra parte, nunca han dejado de estar férreamente ligados. Luchamos por un derecho al aborto legal cuyo telón de fondo es la miseria social, la violencia doméstica, la coacción laboral (donde un embarazo puede conducir a un inmediato despido), la falta de educación sexual o de recursos anticonceptivos. Por eso mismo, el derecho al aborto es inseparable de toda la agenda de lucha de los explotados –el fin de los despidos, de la precarización y flexibilidad laboral, o las paritarias con techo. Pero también, de sus métodos de lucha, el paro activo y la huelga hasta derrotar el plan de guerra oficial contra la clase obrera. La decisión de acompañar la jornada del 8 con un paro se inscribe por completo en esa línea, con la cual nos estaremos movilizando masivamente en este  jueves.

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Marcelo Ramal

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