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7 de marzo de 2018

Polonia: un campo de disputa entre EE.UU. y la Unión Europea

Que hay detrás del ataque al diario Página/12.
Por Rafael Santos

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Una organización paraestatal polaca ha presentado cargos judiciales contra el diario argentino Página/12 por haber publicado hace unos meses una nota de Federico Pavlosky (hijo del afamado psiquiatra y autor teatral Eduardo Pavlosky, ya fallecido), donde éste recoge la denuncia de que el 10 de julio de 1941 (pocos días después que Hitler iniciara su ataque contra la Unión Soviética) en el pueblo de Jechwabne, a unos 200 kilómetros de Varsovia, la capital de Polonia, entonces ocupada por los nazis, la mitad de la población polaca perpetró un asesinato colectivo contra la otra mitad del pueblo de ascendencia judía.

Unos 1.500 judíos polacos –hombres, mujeres, entre ellas embarazadas, niños y ancianos– fueron golpeados, torturados, vejados y, finalmente, quemados vivos por los otros 1.500 habitantes polacos no judíos. Esto ante la benevolencia de las autoridades nazis, que permitieron que los bienes de los judíos asesinados fueran repartidos entre sus asesinos. Esto fue denunciado, en un libro que causó sensación en el 2001 (“Vecinos”).

Página/12 se ha convertido así en la primera víctima mundial de una ley polaca que comenzó a regir el 1° de marzo de este año, por la cual serán juzgados todos aquellos que osen decir públicamente que sectores del pueblo polaco participaron de alguna forma en el genocidio nazi de 6 millones de judíos europeos, de los cuales la mitad eran polacos.

Esta ley que pena el delito de opinión (y de investigación y revisión histórica) es parte de toda una escalada que viene realizando el gobierno ‘nacionalista’ y ultraderechista polaco del partido Ley y Justicia. Este gobierno atacó derechos como el del aborto, tomó actitudes abiertamente xenófobas contra los refugiados de las guerras de Medio Oriente y llevó adelante una ofensiva jurídica que coloca bajo su control directo a prácticamente todo el aparato del Poder Judicial.

Choques

Esto enmarca el campo de fuertes choques que se desarrollan entre la Unión Europea (UE, dirigida por Alemania y Francia) y el gobierno ‘nacionalista’ polaco que, por ejemplo, rechaza las cuotas de refugiados-inmigrantes que –según fue pactado- recibiría cada país.

Esto ha llevado a que la UE decidiera comenzar el procedimiento para sancionar al gobierno polaco por sus “violaciones al Estado de Derecho”. Entre ellas pudieran estar la limitación o el corte directo de los subsidios que recibe Polonia de la UE: cerca de 3% de su PBI, equivalente a un 50% de la inversión pública.

La respuesta ha sido la de una retórica ‘nacionalista’ por parte del gobierno derechista que llega a acusar a los monopolios alemanes, franceses y otros de la UE de que “por cada euro invertido en Polonia de la UE, 50 céntimos han vuelto a Alemania, Francia, Italia o España”.

Pero el punto central de los choques con la dirección de la UE está en el problema energético, en el gasoducto que va de Rusia a Alemania. El gasoducto ruso Nord Stream II ha estado paralizado desde hace un par de años por la oposición polaca… y yanqui.

Para el gasoducto se pretende instalar una tubería bajo el mar Báltico que transporte directamente el gas ruso a Alemania, evitando atravesar otros países, fundamentalmente Polonia. Esta megainversión tiene un consorcio internacional conformado por la rusa Gazprom con participación alemana, francesa, austriaca y holandesa.

Pero, ahora, finalmente Alemania ha apretado el acelerador para llevar adelante el proyecto y contaría con el consentimiento de Finlandia, Suecia y Dinamarca, por cuyas aguas territoriales pasarían parte de las tuberías.

Contra esto se ha plantado Polonia, con el apoyo abierto de los EEUU y de otros países del este europeo, del llamado bloque de Visegrado (V4) –que integran Hungría, República Checa y Eslovaquia, además de Polonia– que también han sido ‘puenteados’ por la tubería marina del gasoducto del Báltico.

El secretario de Estado de EEUU, Tillerson (el mismo que viene de entrevistarse con Macri para avanzar en el bloqueo y amenaza de invasión a Venezuela) viajó a Polonia para apoyar a ésta contra la UE, considerando una traición a la “seguridad energética” de Polonia y toda Europa por depender del gas ruso.

Los EEUU ya habían sancionado a empresas norteamericanas por estar implicadas en servicios de este proyecto. Pero ahora ha sido más contundente. Consideran que el acuerdo ruso-alemán es un “nuevo pacto” Ribbentrop-Molotov, suscripto entre nazis y stalinistas en 1939, que habilitó el inicio de la Segunda Guerra por parte de Hitler.

A fines del año pasado, el gobierno derechista polaco arribó a un acuerdo para recibir gas licuado yanqui durante cinco años a través del nuevo puerto de Swinoujswcie, en el Báltico. Y Polonia construyó un gasoducto terrestre para derivar el fluido hacia Lituania, con vistas a llegar a otros países.

Militarización

En los actos oficiales, el gobierno polaco agradeció la presencia de tropas norteamericanas en Polonia para prevenir cualquier intento de agresión rusa. Y el secretario Tillerson saludó que Polonia decidiera aumentar su presupuesto militar al 2%, “confiando que las empresas de armamento de EEUU jugarán un papel importante en el proceso de modernización del Ejército polaco” (EFE 27/1).

Desde ya que en el homenaje protocolar que hiciera al visitar el viejo campo de concentración de Auschwitz, Tillerson no dijo una palabra contra el proyecto –ahora ya sancionado– de prohibir bajo pena de cárcel hablar de cualquier colaboración polaca con el holocausto del pueblo judío a manos de los nazis.

Como en su época, bajo la dictadura militar argentina videliana, el imperialismo de la UE se acuerda de los “derechos humanos” para presionar al gobierno polaco. En la Argentina, la dictadura hacía repetir que los “argentinos somos derechos y humanos”, ocultando la verdad de los campos donde fueron exterminados 30 mil militantes.

Los yanquis criticaban que la Argentina vendiera granos a Rusia, rompiendo el boicot cerealero que el imperialismo había instrumentado. En Polonia, la prohibición de cualquier revisionismo histórico es por el temor a salpicar a partidos y personalidades comprometidas con el actual régimen.

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