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3 de abril de 2018

Caso Daniel Solano: la marcha del juicio

Por Gabriel Musa

Las últimas tres audiencias llevadas adelante en el juicio a los siete policías acusados de ser los responsables materiales de la desaparición forzada del trabajador rural salteño Daniel Solano han arrojado datos relevantes, producto del testimonio de 16 personas.

En el último día de declaraciones dieron su testimonio ocho compañeros de Daniel, que estuvieron con él en el boliche Makuba, en la madrugada del 5 de noviembre de 2011. Uno de ellos declaró que vio de cerca cómo cuatro de los siete policías acusados se lo llevaban del boliche. Siete de los compañeros de Daniel que testificaron participaron del rastrillaje, junto a la policía, en la isla 92 de Choele Choel, sobre la costa del Rio Negro. Allí encontraron una billetera que luego en manos de la policía desapareció.

El octavo policía y la jueza

Tomas Vega, policía de Valle Medio, es uno de los policías más mencionados en las declaraciones. Un compañero de Daniel lo ubica siempre presente en las oficinas de Agrocosecha SA, la agencia que contrató a Solano, junto los hermanos Lapenta, dueños de la tercerizadora, cuando los trabajadores iban a cobrar. Varios compañeros mencionaron que Vega y los hermanos Lapenta aplicaban verdaderas palizas en sus oficinas a los obreros que manifestaban algún reclamo. Sin embargo, Vega fue beneficiado con la falta de mérito en la etapa de investigación.

Sumado a esto, los compañeros de Daniel también testificaron que la abogada Cecilia Constanzo, jueza de faltas de Lamarque y delegada de la Secretaria de trabajo de Choele Choel, era asidua invitada a las fiestas privadas realizadas por la tercerizadora Agrocosecha SA en una casa particular. Según los abogados querellantes, Sergio Heredia y Leandro Aparicio, la abogada tenia múltiples roles. Por un lado, era abogada de la empresa y, en las primeros días de la causa, fue abogada de la familia Solano. Por otra parte, era la encargada de recibir las denuncias a la empresa Agrocosecha y, a la vez, defendía a la empresa.

La búsqueda

Luego de que se consiguiera bajar hasta 67 metros de los 80 necesarios para llegar al fondo del jagüel, ubicado en la estancia La Manuela, a 25 km de Choele Choel, donde se podrían encontrar los restos de Daniel, la empresa Pertersen SA, traída especialmente desde Tartagal, Salta, advirtió sobre la detención de la búsqueda. La empresa argumentó que debía volver a Salta para reorganizarse, producto de los más de 20 días trabajados de manera ininterrumpida. Trabajadores agotados y la necesidad de proveerse de nueva maquinaria para el final de los trabajos fueron sus principales argumentos. Pero han pasado dos meses sin que los trabajos se retomaran.

Por otro lado, el fiscal a cargo de la búsqueda, Daniel Zornitta, ya no se encuentra en funciones, alejado del cargo tras publicar comentarios misóginos en Facebook el 8M. Advertimos que esto puede convertirse en una nueva maniobra para dilatar la búsqueda en el jagüel, reclamada por la familia Solano desde 2014.  

El jagüel se encuentra sellado y custodiado. Esto debería haberse hecho desde un comienzo, a fin de evitar modificaciones, como efectivamente se corroboró que ocurrió en los comienzos de la búsqueda y fue oportunamente denunciado.

El silencio de UATRE

Durante los seis años transcurridos desde la desaparición de Daniel Solano, la UATRE ha permanecido en completo silencio, para no despertar en la conciencia de los trabajadores la mínima idea de organización en defensa de sus derechos, como lo intentó hacer Daniel. La UATRE protege y pacta con las multinacionales como Expofrut o Moño Azul la continuidad de un régimen explotador a cuenta de grandes negociados financieros. El sindicato de los obreros rurales es cómplice histórico de la superexplotación que sufren los trabajadores. Paritarias a la baja sobre sueldos que hoy no llegan a los $12.000, desconocimiento de la zona desfavorable, precarización total y hacinamiento en los lugares de trabajo. 

Conclusiones

Las declaraciones de los testigos han descripto un escenario de opresión y explotación laboral sistemáticas y naturalizadas, en toda la zona del Valle de Rio Negro y Neuquén.

Gracias a los testimonios de los compañeros de Daniel, se ha podido corroborar la relación criminal que existe entre la justicia, policías, funcionarios y empresarios, denunciados en el expediente como una asociación ilícita.

Reforcemos el reclamo de justicia por Daniel, para llevar al  banquillo de los acusados a todos los responsables materiales e intelectuales de este crimen contra la clase obrera e iniciemos, dentro de los sindicatos de la fruta, una campaña por un congreso de bases de todos los trabajadores que resuelva un plan de lucha en la perspectiva de una paro nacional activo.

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