fbnoscript
19 de febrero de 2018

Cambios en las Fuerzas Armadas: represión interna y negocios inmobiliarios

Por Gustavo Montenegro

Los cambios que el gobierno está llevando adelante en el alto mando militar en estas semanas tienen el propósito de acompañar una reestructuración de las fuerzas cuyo punto principal consiste en una mayor injerencia de éstas en la seguridad interna. 

El otro aspecto es el botín inmobiliario que representan los terrenos en manos del Ejército en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país.

Negocios

Elisa Carrió expresó su desconfianza por el nuevo jefe del Ejército y respaldó en cambio la tarea del depuesto Diego Suñer. Asimismo, alertó sobre la “venta indiscriminada” de terrenos de las Fuerzas Armadas, habilitada por la derogación de una ley a comienzos de año, y por el otorgamiento a la Administración de Bienes del Estado (AABE) de la potestad de sacarle al Ejército "tierras que considera con falta de afectación específica, subutilizadas o que tenga un uso indebido" (Clarín, 17/2). De este modo, con la queja de Carrió, quedó expuesta la interna que recorre al oficialismo por la venta de terrenos que constituyen un gigantesco negociado inmobiliario.

Según el discurso oficial, esto financiará en parte la reestructuración de las fuerzas (unidad de despliegue rápido, reequipamiento, fuerza de cyberdefensa, etc.). Los terrenos en cuestión constituyen un verdadero tesoro. Por caso, de 26 predios públicos que el Ejecutivo nacional tenía previsto venderle a la Ciudad, cinco pertenecen al Ejército. Entre ellos, el predio de 44 mil metros cuadrados ubicado en Santa Fe y Bullrich, Palermo, donde actualmente se encuentran dos grandes sucursales de Jumbo e Easy. En septiembre de 2017, "el predio del Ejército lindero al Campo Argentino de Polo delimitado por las calles Báez, Dorrego y Clay, en Palermo, muy deseados por el sector inmobiliario, fue vendido en 33 millones de dólares". 

"Pero no sólo hay tierras valiosas del Ejército en la Capital Federal. En Córdoba y Mendoza, posee más de 15 mil hectáreas. Tiene más de 7 mil hectáreas en el Campo de Los Andes, un cuartel militar en Tunuyán, una zona única para la explotación vitivinícola y hortícola" (ídem).  

Los trabajadores de Fabricaciones Militares de Azul, en lucha contra el cierre de la planta, denuncian que uno de los motivos de la decisión del gobierno es la entrega de los terrenos contiguos al capital minero y los especuladores inmobiliarios.

Bajo la tutela imperialista

El “nuevo hombre fuerte” de las fuerzas armadas, según afirma La Nación (19/2), es el jefe del Estado Mayor Conjunto, Bari del Valle Sosa. Algunas versiones indican que éste promovió el desplazamiento de Suñer como jefe del Ejército y su reemplazo por Claudio Pasqualini (Minuto de Cierre, 3/1), quien jura mañana en el cargo. A su vez, del Valle Sosa se encuentra vinculado al general retirado Daniel Reimundes, hombre del ex jefe del Ejército de Fernando De la Rúa, Ricardo Brinzoni, y partidario de “reposicionar al Ejército en funciones de política interna y garantizar la impunidad para los represores de la dictadura” (Página 12, 27/11/17).

El relevo de la conducción de las tres fuerzas se vincula con la reestructuración de las fuerzas, que consiste en su mayor involucramiento en el "combate" al narcotráfico y el terrorismo; es decir su participación en tareas de seguridad interna, de la mano del estrechamiento de lazos con el imperialismo. Pocos días atrás, el gobierno firmó un acuerdo para la radicación de un grupo de tareas de la DEA en Misiones (con el apoyo del gobernador peronista Hugo Passalacqua) y negocia acuerdos de cooperación en el Atlántico Sur con Gran Bretaña. La AFI (servicios de inteligencia), por su parte, abriría una base en Miami (Página 12, 18/2). La línea de involucramiento de las FFAA en la seguridad interna se llevó a fondo en Colombia, Brasil y México, con resultados desastrosos. 

A su vez, el gobierno anunció en estos días un decreto secreto de compra de armas. Esgrimiendo razones de seguridad nacional, no especifica qué armamento se compró ni a qué países, pero sí se sabe que se trató de una contratación directa. Los "secretos militares" encubren todo tipo de enjuagues. En general, se trata de material obsoleto, como los cinco aviones comprados a Francia por 11 millones de dólares. El gobierno también adquirió aviones militares Texan II a Estados Unidos, en paralelo a un vaciamiento de la Fábrica de Aviones (Fadea) en Córdoba.

Que el reforzamiento de las fuerzas de seguridad busca disuadir y enfrentar la protesta social es un hecho, como que el gobierno ha adquirido material antidisturbios por 100 millones de pesos en estos meses (balas, bastones, escudos de Gendarmería, escopetas y 6 mil vallas de contención, pensadas para la cumbre de la OMC pero que, según El Cronista, fueron empleadas también en el Congreso durante el tratamiento de la reforma previsional). En la Patagonia, el reforzamiento del aparato represivo tiene el propósito de resguardar el saqueo de los recursos naturales por parte de grandes grupos empresarios, invocando una falsa “amenaza" mapuche, lo que preanuncia un recrudecimiento represivo, tras las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Para relegitimar a este aparato, el gobierno impulsa el perdón a los genocidas y quiere instaurar la “doctrina Chocobar”.

Rechacemos esta política de militarización interna.

Compartir

Comentarios