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9 de abril de 2018

Córdoba: es necesario un plan de viviendas populares al servicio de los trabajadores

En una provincia con un creciente déficit habitacional, los empresarios de la construcción cocinan nuevos negociados con el gobierno. Opongamos un programa propio.
Por Emanuel Berardo, dirigente del Polo Obrero de Córdoba

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) presentó a fines de marzo un informe que da cuenta de un déficit habitacional de 242.383 viviendas en la provincia de Córdoba (La Voz, 30/3), en la suma de hogares en condiciones precarias, de cohabitación y de hacinamiento (el mayor de los problemas).

El dato confirma las denuncias del Polo Obrero, que desde hace años viene señalando que más de 300.000 familias sufren de problemas habitacionales en la provincia. Los diferentes gobiernos –Nación, Provincia, los municipios- negaron sistemáticamente esta denuncia sin mayores argumentos, mientras sus políticas profundizaban esta situación; en ese marco es que desde el Polo hemos impulsado la acción directa, con la movilización y la ocupación de terrenos públicos por parte de las familias sin vivienda.

Según los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 2017 –en los que se basa el informe de la Camarco- existen “13.482 hogares precarios; 40.554 en estado de cohabitación (más de un hogar en una misma vivienda) y 188.347 en situación de hacinamiento” (ídem). En un cuadro de agravamiento de la pobreza, con trabajo precario y topes a los salarios que los colocan por detrás de la inflación, no solo no hay perspectivas de mejora para las familias en esta situación, sino que día a día nuevos grupos de trabajadores son expulsados a asentamientos y obligados a vivir en una extrema precariedad, ya que no pueden hacer frente simultáneamente a los costos de la alimentación y del pago de alquileres.

Negocios

Desde ya, no existe ningún interés social en el informe de la Camarco. Los capitalistas de la construcción se hallan preocupados por los síntomas de freno que comienzan a verse en el negocio de la especulación inmobiliaria, como producto de mayores rentabilidades en otros mercados especulativos y de la saturación del inmobiliario -mientras crecían los problemas habitacionales de los trabajadores, año a año se han ido batiendo nuevos récords en los metros cuadrados construidos; ahora abundan los edificios vacíos, ya que nadie puede pagar los precios de los alquileres y mucho menos la compra.

El presidente de la Camarco señaló que “el 60% de los hogares con déficit de vivienda corresponde al segmento de hogares con ingresos totales familiares por debajo de dos salarios mínimos; lo que implica que no pueden resolver su déficit a través del mercado, vía créditos hipotecarios”. Asimismo, detalla “que el 90% de las familias en condiciones de precariedad habitacional no tiene posibilidades de acceder a créditos hipotecarios, incluidos Procrear, por ingresos insuficientes, por lo cual la resolución del déficit de viviendas de este segmento requiere programas de vivienda social” (ídem).

En ese cuadro, las constructoras esperan que sea el gobierno provincial quien les garantice sus negocios: Camarco plantea la construcción de viviendas de 60 m2 a un costo de 1.000 dólares el metro cuadrado, embolsándose 3.700 millones de dólares solo en la construcción –a lo que se debe sumar un monto equivalente en los costos de la infraestructura.

Ello sin tener en cuenta el terreno, otro negocio que pretenden garantizarse los especuladores: los empresarios inmobiliarios, que durante años se han quedado con casi la totalidad de los terrenos aptos para la construcción de viviendas, ahora pretenden vendérselos al gobierno con tasas de ganancias extraordinarias.

Las políticas del gobierno

El planteo de la Camarco llega luego de un sistemático fracaso de los planes habitacionales del gobierno. El plan “Lo Tengo” no entregó, al cabo de dos años, ninguno de los 30 mil terrenos que debía dar en toda la provincia. El denominado “Vida Digna” quedó lejos del objetivo de solucionar el hacinamiento de las familias, ya que los montos fueron devorados por la inflación y la entrega de las ayudas utilizada para comprar votos en las elecciones. El banco de tierras de la Ciudad de Córdoba, creado en 2011, ni siquiera ha sido reglamentado.

Por su parte, el Procrear ha dejado a miles de familias sobre endeudadas para poder cumplir con cuotas de construcción inalcanzables, ya que los montos entregados no se actualizaban por inflación.

Existen terrenos públicos que el gobierno continuó verseando a los trabajadores y entregándoselos a los capitalistas inmobiliarios; así como muchos terrenos aptos para el desarrollo de planes de vivienda, que están en manos de los especuladores a la espera que el Estado dote los loteos de infraestructura y de vía libre a la construcción.

Nuestra salida

Es necesaria una salida para las más de 300 mil familias que tiene problemas de vivienda en Córdoba: empadronarlas, destinar todos los terrenos públicos a loteos para la construcción de viviendas, y expropiar todos los terrenos necesarios para satisfacer las necesidades habitacionales de todas las familias. Desarrollar un padrón de desocupados, junto a las organizaciones de desocupados, creando así una bolsa de trabajo para ser empleados en la construcción a cargo del Estado con salarios de convenio.

Sacando del medio la ganancia de las empresas y de los especuladores inmobiliarios el costo de la vivienda se reduce drásticamente. Una vez en sus nuevos hogares, las familias pueden comenzar a pagar hasta un 10% del ingreso familiar por mes hasta cumplir con el pago total de su vivienda. Con esos fondos se financiaría la continuidad del programa, el cual sólo necesitaría una inyección inicial para comenzar el proyecto.

Somos los trabajadores, los que padecemos la falta de vivienda, quienes debemos tomar la iniciativa política, para que la tierra y la vivienda sean para los trabajadores y no para los especuladores y dar solución al problema de más de 300.000 familias cordobesas.

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