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12 de marzo de 2018

Crisis en Chaco: ¿qué cambia para los trabajadores?

El gobierno de Peppo, responsable de un amplio entramado de corrupción, ha quedado totalmente desautorizado para imponer el plan de ajuste
Por Juan García

La crisis política en Chaco se produce en el marco de grandes luchas de los trabajadores de la provincia. Los allanamientos y las acusaciones a los funcionarios principales del gobierno provincial se producen en el momento en que los docentes vienen de parar cinco días, con movilizaciones masivas en defensa del salario, y cuando se prepara, para el viernes de esta semana, una gran movilización provincial de los sindicatos estatales y docentes, junto a un paro del conjunto de la administración pública. 

El gobierno pretende imponer una desvalorización salarial y un ajuste contra la educación y la salud pública. Ha recortado los comedores escolares, a la espera de un acuerdo con desarrollo social de la Nación que está en el aire. Pretende imponer un 10 por ciento de aumento al básico, cuando el aumento del año pasado fue del 7,5% contra una inflación del 25% y la inflación de este año rondará el 20%.  Mientras los ingresos de la provincia aumentaron un 30% el último año, los salarios docentes lo hicieron un 7,5% y los estatales, el 12,5%. La primera confiscación de Peppo-Rey es contra los trabajadores. 

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Con los allanamientos dispuestos por la justicia, este gobierno, que quiere meterle la mano en el bolsillo a los docentes, los estatales y todos los trabajadores de la provincia, ha quedado en evidencia como un gobierno de ladrones.

Los allanamientos ponen de relieve una estafa mega millonaria a través de la fiduciaria del Norte, con los mismos fondos públicos que se le niegan a los trabajadores cuando reclaman un salario digno. Parte de la estafa era llevada adelante por la entidad encargada de gestionar la pauta del Estado en los medios de comunicación. La misma pauta que se usa para comprar espacio en medios de comunicación para que desinformen sobre las “licencias extraordinarias” de los docentes, sobre los sueldos “mejor pagos de la región” que cobran los trabajadores de la educación o sobre los “avances” en infraestructura educativa.

Incluso se investiga si la empresa estatal Ecom Chaco había armado un sistema de espionaje a dirigentes políticos, sociales y sindicales opositores.

Otra parte de la estafa estaba en la Unidad Ejecutora Chaco Construye, la misma encargada de negarle los fondos a las cooperativas de vivienda, de recortar en planes habitacionales, o de no recibir nunca a los docentes que reclaman una vivienda propia.

El gobierno de Peppo ha quedado totalmente desautorizado para imponer el plan de ajuste. ¿Con qué cara van a venir los funcionarios a decir que no hay plata después de que se destapa semejante fraude contra las finanzas públicas? El Partido Obrero pone toda la energía en el triunfo de las huelgas docentes y estatales. 

La crisis muestra la necesidad de desarrollar una alternativa política de fondo, contra todos los bloques de la corrupción y el ajuste. Los radicales, socios de la corrupción de Macri con la deuda externa, los negociados bancarios o los fondos off shore, pretenden fortalecerse en base a la denuncia del gobierno provincial. Ni las diferentes variantes del PJ ni el radicalismo son una salida: todos son socios de la coalición del ajuste. Planteamos un congreso de delegados de base que vote un programa de transformación social de la provincia, que vote un plan de lucha por los reclamos populares y que ponga en pie una alternativa política para que los trabajadores le disputemos la provincia a la UCR y el PJ, los partidos de la corrupción y el ajuste.
 

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