Salud
16/4/2026
Crisis en discapacidad en San Miguel
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Manifestación Discapacidad.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, conquistada con lucha, organización y solidaridad, finalmente aprobada luego de pasar cinco veces por el Congreso Nacional, se encuentra completamente suspendida por el gobierno nacional de Javier Milei. Los efectos generados por el incumplimiento de estaley son plenamente identificables a nivel territorial.
En el municipio de San Miguel (Buenos Aires) las instituciones que trabajan con personas con discapacidad atraviesan una situación crítica producto de los reiterados retrasos en los pagos por parte del Estado nacional. Centros como Apad, Fundación Nano y Fundación Nueva Imagen denuncian que la falta de financiamiento amenaza directamente la continuidad de prestaciones esenciales para decenas de jóvenes y adultos.
Según informaron, la situación se agravó en el último tiempo: si bien se cancelaron deudas correspondientes a 2025, siguen pendientes los pagos de 2026, con demoras que ya superan ampliamente los 120 días, lo que implica un salto brutal respecto a los plazos habituales -cercanos a los 45 días- y deja a las instituciones al borde del colapso.
El impacto es directo. Los propios centros lo describen como “un proceso silencioso pero sostenido”. En Fundación Nueva Imagen, por ejemplo, asisten jóvenes y adultos con discapacidad severa; en Apad, decenas de concurrentes reciben desayuno, almuerzo y merienda; y en Fundación Nano se acompaña a personas con discapacidad visual. Hoy, todos estos espacios están en riesgo, la asfixia financiera avanza sin estridencias, pero con consecuencias devastadoras. Lejos de tratarse de un problema aislado, la situación se replica en todo el país.
Diversas organizaciones vienen alertando que los atrasos en los pagos se arrastran desde fines de 2025. Lejos de tratarse de una “descoordinación administrativa”, estamos frente a una política de ajuste deliberada sobre uno de los sectores más vulnerables. La falta de pagos obliga a las instituciones a endeudarse para cubrir salarios, servicios e insumos básicos, mientras crece la incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones, los centros sostienen su funcionamiento “como pueden”, a costa de un deterioro creciente de sus condiciones económicas y laborales.
Mientras tanto, desde el gobierno se sostiene que los cronogramas se están regularizando parcialmente, aunque reconocen demoras en algunos sectores. Sin embargo, para quienes sostienen día a día las prestaciones, la situación es crítica y no admite dilaciones: el sistema funciona hoy al borde del desplome.
Pero de esta crisis, nuevamente, empiezan a surgir respuestas. En distintos puntos del país crecen las denuncias, movilizaciones y acciones de visibilización por parte de trabajadores, familiares y organizaciones. La defensa del sistema de discapacidad se vuelve a colocar como una causa nacional y nuestra postura es organizar y apoyar esas acciones de lucha, porque este ataque es tan solo uno de los tantos que el gobierno está llevando a cabo hacia la clase trabajadora y los distintos sectores dentro de la misma. Si con lucha, logramos que se aplique la Ley, logramos quebrar una columna del plan de Milei.
