Las enormes movilizaciones que se dieron las últimas dos semanas debido al recorte de la cadena de pagos de las prestaciones en discapacidad, destaparon la olla y pusieron en la agenda pública el feroz ajuste, que viene de larga data. Lxs trabajadorxs organizadxs y las familias demostraron que este sistema de tercerización de la “inclusión escolar” fue construido para vaciar la educación especial sobre la base de la precarización laboral de lxs trabajadorxs profesionales.

El miércoles pasado hubo una enorme movilización para llevar el reclamo a la reunión de la Comisión de Discapacidad del Congreso de la Nación. En la misma, solamente el Colectivo de Discapacidad y especialmente Prestadorxs Precarizadxs SyE, a través de uno de sus delegadxs votado en asamblea, Guillermo Kühl, ha expuesto la verdadera problemática que atañe a lxs prestadorxs, familias y usuarixs: los tratados internacionales, leyes y resoluciones son papel mojado cuando el ajuste está puesto en marcha.

Al día siguiente hubo una reunión entre funcionarixs de la Superintendencia de Salud, de la Agencia de Discapacidad y representantes del Colectivo de Discapacidad, donde lxs funcionarixs se comprometieron a subsanar la situación de pagos atrasados de junio para el 12 de septiembre y de julio para antes de finalizar este mes. Toda una confesión que desmentía sus dichos acerca de que ellos ya habían realizado los giros a las obras sociales. También se comprometieron a acopiar para el Fondo Solidario de Distribución a partir del día 5 de cada mes (en lugar del 15) para adelantar los pagos.

El superintendente remarcó que este problema es principalmente de recaudación, ya que desde el inicio de la pandemia la recaudación y las contribuciones patronales se han venido a pique. Es claro que la quiebra del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) es causada por las patronales, que a pesar de haber tenido ATP en la pandemia como subsidio para sostener los sueldos de lxs trabajadorxs y una “pena” de doble indemnización para evitar los despidos igual lo han hecho a diestra y siniestra con la complicidad del Estado y las burocracias sindicales que han autorizado y dejado pasar despidos como si nada.

La caja de las obras sociales ha sido históricamente una prenda de cambio, una caja negra, para que las burocracias sindicales hagan la plancha y entreguen a los trabajadores al FMI, como puede verse en la reunión que tuvieron Yasky y Baradel con el embajador norteamericano, al mismo tiempo que este último carneaba el paro docente de la provincia de Buenos Aires y que además tuvo la osadía de sacar la semana pasada un comunicado desde Ioma hablando de “lo bien que estaba la situación de discapacidad”, cuando es de público conocimiento que pagan con meses y hasta años (!) de demora y por debajo del nomenclador, como la gran mayoría de las obras sociales provinciales y prepagas.

Funcionarios como Manzur, Galarraga y demás mienten al argumentar que no hay decisión política que afecte los derechos del colectivo. La supuesta determinación del gobierno nacional de acompañar a las personas con discapacidad y su negación del ajuste no se condice con los aumentos paupérrimos y escalonados de dos a tres meses que se dan anualmente en nuestro nomenclador y muchísimo menos con las condiciones del pago de los prestadorxs, quienes cobran con suerte a los 60 o 90 días de realizado su trabajo, emitida su factura y pagados los impuestos correspondientes.

Es por esto que no creemos que sea un problema que se solucione con los giros en las fechas pautadas, sino que es un problema estructural que seguramente se profundice, ya que en Argentina los despidos son moneda corriente y el trabajo informal y el fraude del monotributo son lo que viene creciendo. Además, el superministro Massa está empeñado en ser el mejor alumno del FMI y ya se vino de Estados Unidos felicitado por el organismo y con nuevas indicaciones de podas para el Presupuesto 2023. Esto nos da la pauta de que el ajuste en salud, educación y discapacidad va a profundizarse… la lucha contra el ajuste también.

Desde Apel Prestadorxs en Lucha proponemos un programa de salida de la crisis de discapacidad que apuesta por un sistema de discapacidad sobre nuevas bases, en el que lxs prestadorxs, las personas con discapacidad (PCD) y las familias tengan el control del mismo, donde lxs prestadorxs y financiadoras tengan igual representación en el Directorio Unico, donde las prestaciones cumplan como mínimo al precio de la canasta básica y sean pagadas a mes vencido, por un nomenclador regulativo nacional y su aumento inmediato, por el pase a planta de todxs lxs trabajadorxs, por la entrega inmediata de certificados únicos de discapacidad (CUD) para todas las PCD que lo están esperando, por pensiones por discapacidad iguales a la canasta básica, entre otros. Por este programa venimos luchando desde la bancada de Romina Del Plá en el Congreso, y continuar organizando a lxs trabajadorxs en la lucha contra el ajuste en todos los frentes.