La reciente muerte de la joven cordobesa de 25 años, Camila Giménez, paciente oncológica que no recibió a tiempo su medicación como resultado del recorte del gobierno nacional sobre la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) está despertando un fuerte rechazo contra el gobierno en las redes sociales y un “recule” parcial de un gobierno responsable ya del fallecimiento de dos pacientes oncológicos.

Al caso de Camila se suma el del salteño Aldo Pinto, de 45 años, fallecido a mediados de febrero por la misma falta de entrega de la medicación oncológica para su tratamiento.

Las denuncias de pacientes y organizaciones contra los recortes presupuestarios para la compra de medicamentos oncológicos de alto costo comenzaron a pocos días de asumido el gobierno de Javier Milei, cuando la respuesta ante las dilaciones en las entregas era que el gobierno había cortado el presupuesto del programa respectivo.

Tal es así la cosa que decenas de pacientes, pertenecientes al programa Incluir Salud y registrados en la Dadse, cursaron una carta de protesta señalando la necesidad urgente del restablecimiento de la entrega de medicamentos “interrumpida repentinamente”.

Camila requería la droga Temozolomida 250g, con un valor que asciende a casi un millón de pesos, razón por la cual su madre, ante la negativa del Estado a cumplir con su responsabilidad, salió a buscar desesperadamente la forma de hacerse de la misma para no interrumpir el tratamiento de su hija.

El repudio al ajuste letal del gobierno es tal que el Ministerio de Salud tuvo que emitir un comunicado mezquino en el cual desconocen la interrupción del programa y la entrega de medicamentos alegando una supuesta auditoría de la gestión anterior y una “demora” (fatal) en las entregas por dicha razón, además del pasaje del programa de Capital Humano a Salud.

La ministra Sandra Pettovello se refirió a “irregularidades” preexistentes en las compras de los medicamentos, mientras que el vocero presidencial Manuel Adorni directamente atribuyó la suspensión de las entregas a la campaña de “saneo” del gobierno respecto a la gestión anterior. Es decir que reconocen su responsabilidad en el abandono y muerte de pacientes oncológicos no asistidos por su negligencia.

Una política similar a la que alega el gobierno para justificar el recorte en los alimentos a los comedores populares, respaldándose en supuestas maniobras y compras pocos transparentes para evadir su responsabilidad en el hambriamiento y padecimiento de millones de trabajadores.

Lo cierto es que las muertes de paciente oncológicos no son ninguna tragedia inevitable, sino la crónica de un final anunciado con los recortes presupuestarios en salud y en la provisión de medicamentos de alto costo, como parte del plan motosierra de Javier Milei.

Esto que se expresa de forma directa en los paciente oncológicos empieza a ponerse de manifiesto en todos los ámbitos de la salud, con recortes presupuestarios significativos en la salud pública que implican el achicamiento de áreas, el colapso de guardias con pacientes sin atender, la falta de camas y lugares en las dependencias públicas y la ausencia de medicamentos e insumos para tratar a los pacientes.

Estamos ante un gobierno criminal, con ajustadores que ya cargan con muertes sobre sus espaldas y que aun así redoblan la apuesta para condenar aún más a los trabajadores y beneficiar a los capitalistas. Debemos enfrentar esta orientación organizándonos para derrotar el plan motosierra de Javier Milei, y para garantizar la asistencia y el tratamiento de todos los pacientes.