Salud
20/4/2026
El gobierno busca liquidar la Ley de Emergencia en Discapacidad y profundiza el ajuste
El miércoles 22 de abril a las 11:00 movilizamos al Ministerio de Salud de la Nación.
Defendamos la conquista arrancada con la movilización popular.
El gobierno de Javier Milei presentó un nuevo proyecto de ley que apunta a reformar el sistema de discapacidad en Argentina en línea con su política de ajuste fiscal. Esta iniciativa se inscribe en una ofensiva más amplia contra la Ley de Emergencia en Discapacidad, una conquista arrancada mediante la movilización popular y sostenida en el Congreso frente a reiterados intentos de derogación.
El proyecto oficial busca redefinir el sistema bajo criterios de recorte, control y medicalización.
Un nuevo ataque a derechos conquistados
El gobierno ya había intentado eliminar la Ley de Emergencia en Discapacidad durante el tratamiento del Presupuesto 2026, pero debió retroceder ante la presión social que empujó al rechazo parlamentario
Sin embargo, la ofensiva continúa: desde el Ministerio de Salud de la Nación confirmaron que se impulsará una reforma de la ley como parte de un paquete legislativo para “compatibilizarla con el equilibrio fiscal”.
Esto no es un detalle menor: significa subordinar derechos básicos —salud, prestaciones, inclusión— a las metas de ajuste del gobierno atacando a los sectores más vulnerados mientras rebajó retenciones al capital agrario y aranceles a las importaciones, eliminó impuestos a autos de lujo y aumentó los sueldos de diputados y senadores.
De la emergencia conquistada al vaciamiento sistemático
La Ley de Emergencia en Discapacidad conquistada (Ley 27.793) establece la necesidad de garantizar prestaciones, regularizar pagos y actualizar aranceles según inflación, justamente para evitar el colapso del sistema. Si bien esta ley significó un salto frente a la situación que se venía arrastrando, quedaron demandas pendientes, como un mayor aumento a las prestaciones y pensiones no contributivas, la ampliación del cupo laboral para personas con discapacidad que continúo establecido en sólo un 4%, entre otras cuestiones.
El gobierno primero intentó vetarla, luego demoró su implementación hasta ser obligado por la justicia y ahora busca modificarla para recortar su alcance.
Actualmente el sistema de prestaciones básicas en discapacidad, sostenido por la Ley 27.793, establece un nomenclador nacional que fija los valores de referencia que deben cobrar prestadores e instituciones. De acuerdo a lo trascendido, el proyecto pretende eliminar el nomenclador nacional, dejando merced al “mercado” la regulación de honorarios y aranceles. Implicaría un brutal ataque a las familias más humildes y a prestadores e instituciones que trabajan con ellas
Desregular el nomenclador: abrir la puerta al mercado y al ajuste
Otro aspecto central del proyecto es la intención de desregular el nomenclador de prestaciones en discapacidad. Sería un cambio estructural.
Hoy este nomenclador establece aranceles de referencia a nivel nacional que determinan cuánto deben pagar obras sociales y prepagas a los prestadores por cada servicio. Es una herramienta clave para sostener el sistema, ya que garantiza un piso mínimo de financiamiento.
El propio Estado viene actualizando esos aranceles mediante resoluciones oficiales, reconociendo que son esenciales para la continuidad de las prestaciones.
Su desregulación implicaría eliminar esos valores de referencia, habilitando que cada obra social o prepaga pague lo que quiera.
Esto tendría como consecuencias directas:
· Competencia a la baja en los aranceles
· Mayor precarización de prestadores
· Abandono del sistema por inviabilidad económica
· Más barreras de acceso para las personas con discapacidad
Pensiones bajo ataque: del derecho a la exclusión
Uno de los puntos más críticos es la transformación del sistema de pensiones.
El gobierno ya avanzó en la conversión masiva y auditoría de pensiones con el objetivo de restringir el acceso a los beneficios con la excusa de “eliminar el fraude de las pensiones”, estigmatizando de este modo a las personas con discapacidad.
Ahora distintos proyectos y borradores oficiales plantean reemplazar el esquema de pensiones por discapacidad por regímenes más restrictivos, vinculados a criterios de invalidez laboral y control del gasto. Esto implica un cambio de paradigma: de un derecho social basado en la inclusión y la autonomía → a un beneficio condicionado y recortado.
Ajuste, deuda y crisis del sistema
Hoy las consecuencias de la política del gobierno de Milei ya son visibles:
· Prestaciones desfinanciadas
· Atraso en pagos a prestadores y cierre de centros
· Dificultades de acceso a terapias, transporte y educación
· Caída del poder adquisitivo de pensiones
Esto sucede porque no se está cumpliendo con la regulación de los pagos de acuerdo a lo que indica la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En este cuadro, ya tan crítico, es que el gobierno pretende avanzar con más ajuste y recorte.
Medicalización y retroceso en salud mental
Otro proyecto que será enviado al Congreso plantea modificaciones a la Ley de Salud Mental, reforzando el rol médico-psiquiátrico y ampliando criterios de internación involuntaria, reemplazando el concepto de “riesgo cierto e inminente” por uno más amplio de “riesgo grave”.
Este cambio amplía la discrecionalidad del sistema y refuerza un enfoque tutelar en detrimento de la autonomía de las personas con discapacidad.
Un régimen de ajuste sobre los cuerpos discas
Lo que se está desplegando no es una política aislada, sino un programa integral: recorte de pensiones, reforma regresiva del sistema, vaciamiento (absorción de Andis en Salud) e incumplimiento de obligaciones para lograr el equilibrio fiscal.
Todo esto configura un ajuste directo sobre las personas con discapacidad, sus familias y quienes trabajan en el sector.
La respuesta: organización independiente y lucha por una salida de fondo
Frente a este escenario, el movimiento de discapacidad vuelve a las calles. Este miércoles 22 de abril convocamos a una movilización al Ministerio de Salud.
Desde la agrupación Tribuna Disca impulsamos una intervención independiente, con un programa claro:
· Cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad YA
· Restitución y aumento de pensiones no contributivas
· Actualización automática de aranceles por inflación
· Pago inmediato de la deuda y aumento acorde a la canasta básica para prestadores
· Defensa de organismos públicos y del sistema de prestaciones
· Cupo laboral real y efectivo (8%) en empresas privadas y estatales
La salida vendrá de la organización de las personas con discapacidad, trabajadores y familias en lucha por un sistema sanitario público y universal bajo control de trabajadores, con el objetivo de promover la vida independiente de las personas con discapacidad
Defendamos la ley de emergencia, enfrentemos el ajuste y organicemos una salida de las y los trabajadores. Sumate a esta pelea con Tribuna Disca.
