En las últimas dos semanas se está generando una nueva escalada de casos de Covid en nuestro país. La incidencia de personas diagnosticadas según la fecha de inicio de los síntomas creció un 369% en comparación con la quincena anterior, con 12.609 casos confirmados, un número casi cuatro veces superior al de la semana pasada en que la cantidad de positivos ascendió a 3.323. El 98% de estos casos son en CABA y provincia de Buenos Aires. Esta ola también se produce en otros países de la región, como Brasil y Chile, y afecta a Europa y China.

Los rebrotes en todo el globo vuelven a colocar en el centro de la escena los problemas y las desigualdades en la vacunación. Estas nuevas cepas demandan un alto grado de inmunización, haciendo que sea sumamente necesaria la aplicación de las terceras, cuarta y quinta dosis para la población.

En este marco, trascendió que una reunión especial de la Auditoría General de la Nación (AGN) archivó información sustancial de un informe secreto sobre todos los contratos firmados con diversos laboratorios para la adquisición de las vacunas contra el Covid. Entre ellos están los contratos con los laboratorios Astrazeneca UK Limited, Serum Institute of Indina (Covishield), el acuerdo con la empresa China National Biotec Group (CNBG) y Beijing Institute of Biological Product y Sinopharm. También figuraba en la nómina el contrato con Rusia por las vacunas Sputnik V; Morena; Cansino Biologics; aquellas vacunas suministradas por el mecanismo Covax de Naciones Unidas y la cesión parcial del convenio de suministro Limited Liability Company Human Vaccine a Richmond Sacif y el convenio con Pfizer.

El secretismo entre los laboratorios y los Estados para la firma de sus acuerdos abrió la puerta al crecimiento de la reticencia entre la población mundial a la aplicación de la vacuna. Durante los momentos más álgidos de la pandemia, tanto el gobierno argentino como los nucleados en la OMS sostuvieron las patentes en beneficio de las farmacéuticas.

Según una investigación del Imperial College de Londres, empresas como Pfizer y Moderna tienen un costo de producción que oscila entre los 60 centavos y los 2 euros por unidad (RFI, 29/7), pero venden sus vacunas a los Estados por entre 18 y 37 dólares (BBC, 15/12/21). El mecanismo Covax, creado para el abastecimiento de las naciones menos desarrolladas, paga un sobrecosto de cinco veces respecto a los costos de producción, según la denuncia de la ONG Oxfam (RFI, ídem).

Las compañías farmacéuticas, en especial, Pfizer y Moderna -pero más enfáticamente la primera, ya que gozó de la confianza local en las vacunas para su enorme estudio de fase 3-, habrían impuesto silenciar los precios negociados con la Argentina, por ser diferenciales. Por fin, el segundo tema fue descripto por una de las fuentes como una “cláusula bastante abusiva”. Le llaman “take or pay”, una suerte de “llevar (el producto) o pagar(lo)”. Es decir, pagar sí o sí (Clarín, 7/12).

La cláusula “take or pay” establece que, quiérase o no, las dosis pedidas deben abonarse. En este caso, se estima, al 100%. Esta modalidad habría estado incluida por lo menos en los contratos del Fondo Ruso de Inversión Directa (vacuna Sputnik), de Pfizer y de Moderna.

En Argentina hubo seis proyectos de vacunas de producción nacional de universidades e institutos públicos, que ante la falta de financiamiento del Estado tuvieron que acordar convenios con laboratorios privados y empresas de biotecnología para afrontar las últimas etapas. Esto lleva a que los investigadores y científicos desarrollen las investigaciones para que luego sus resultados los comercialicen las farmacéuticas.

En el marco de una escalada de los casos nuevamente, el gobierno solo ofrece ajustes presupuestarios, vaciamiento del sistema de salud, salarios de miseria y precarización laboral. Como contrapartida, los trabajadores de salud en todo el país se levantan por reclamos salariales.