El segundo suicidio en lo que va del 2023 en Las Heras, viene a sumar a un 2022 con 10 personas que se quitaron la vida y a plantear una alarma que solo parece que las autoridades políticas no ven. Existe la Ley 27.130 de prevención del suicidio aprobada en marzo de 2015 y la provincia de Santa Cruz adhirió a la misma mediante Ley 3.594 de 2018.

Por su artículo 2, establece que “La Caja de Servicios Sociales (CSS) deberá brindar cobertura asistencial a las personas que hayan sido víctimas de intento de suicidio y a sus familias, así como a las familias de víctimas de suicidio”. Esta atención debe comprender “la detección, el seguimiento y el tratamiento de acuerdo a lo establecido por la Autoridad de Aplicación”. Para el caso de no contar con cobertura de obra social, “… el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia brindará cobertura gratuita en todos los aspectos señalados a aquellas personas que carecieran de obra social”.

La manda legal es tan clara que no necesita reglamentación para constituir un derecho exigible por las familias afectadas. Nada de eso se ha implementado con la excusa de que la Ley 3.594 no ha sido reglamentada desde hace 4 largos años. La ley nacional recién se reglamentó en 2021 por decreto 603/2021, pero en Santa Cruz nada se sabe al respecto, ni siquiera se ha reglamentado la línea gratuita para la prevención del suicidio votada por Ley provincial 3697 en 2020.

Todos los partidos de gobierno, pero especialmente Alicia Kirchner son responsables de este abandono, en una provincia que duplica los índices nacionales de suicidio. Según estadísticas policiales hubo 37 suicidios en 2020 y 54 en 2021 en Santa Cruz lo que lleva a una tasa de 20 suicidios por cada 100.000 habitantes cuando a nivel nacional oscila entre 7 y 10 casos cada 100.000 habitantes.

La salud mental y la prevención del suicidio también están siendo sacrificadas en el altar del ajuste exigido por el FMI, con el apoyo de los partidos del poder.

Las Heras y las contradicciones al máximo nivel

Las Heras es el reflejo de una gran descomposición social, marcada por la extracción de recursos naturales sin control, como el petróleo y el oro (que también se encuentra muy cerca de esta zona), cuya extracción no contribuye al progreso de un pueblo, sino que va dejando la contaminación en sus suelos, una ocupación de trabajadores mínima, con sueldos totalmente desvalorizados en pesos, mientras el petróleo y el oro se cotizan en dólares y quedan en manos de las corporaciones. Todo esto administrado por un gobierno peronista, en clara connivencia con los sindicatos del rubro.

El gobierno local del partido Moveré apuesta al embellecimiento del pueblo con estatuas, luminarias y parquizados en sus plazas, pero que nada tiene que ver con la realidad que sufre este pueblo, que posee una gran desocupación disfrazada en parte con el trabajo precarizado de “cooperativas”,  y por otro lado el abuso que se hace con planes de miseria, a trabajadores totalmente desprotegidos, sin dejar de contar los sueldos casi de indigencia que paga dicho municipio a sus trabajadores de planta.

Este “embellecimiento” resulta superfluo, en relación a las muchas personas que últimamente tomaron la triste decisión de quitarse la vida y este es un verdadero reflejo de la sociedad en que se vive, no ese embellecimiento tan trivial: La falta de oportunidades para los jóvenes, la falta de una salida laboral, la falta de presupuesto para salud mental. Estas, entre otras, muestran las contradicciones en una provincia y en un pueblo tan rico, cuyos dirigentes y administradores del Estado sostienen los privilegios de un sector minoritario, en contra de las necesidades del pueblo trabajador.

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