Sindicales
26/8/2026
Acosado por la rebelión de judiciales, Llaryora baja aportes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba
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El gobierno de Martín Llaryora realizaría una baja en la alícuota máxima del 8% al 6%, establecida en la reglamentación de la ley 11.087, autodenominada de (in)equidad jubilatoria, aprobada en diciembre del 2025. La medida procede en momentos en que hay una rebelión de los trabajadores judiciales de Córdoba.
La rebaja del orden del 2% de los aportes a la Caja forma parte de una “nueva” propuesta del Ejecutivo provincial a los judiciales en lucha. Diferentes fuentes sostienen que la medida alcanzaría a todos los trabajadores estatales afectados con el mencionado descuento, que incluso tiene fallos de la Justicia en contra.
No obstante, la mencionada reducción de aportes afecta a un grupo minoritario de judiciales, con lo cual no resulta significativa para una amplia mayoría que está en pie de lucha por una efectiva recomposición salarial que saque de la pobreza al colectivo de trabajadores de los Tribunales de la provincia.
Una ley anti constitucional
Bien vista la reducción de aportes que anuncia el gobierno de Llaryora no representa un cambio en su orientación de confiscación de salarios y jubilaciones, tampoco un cambio sustancial en materia previsional. Se sabe: la intervención de la Caja de Jubilaciones quedó todavía más expuesta tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.
Es que el peronismo de Córdoba, no solo no defendió los fondos de los trabajadores cordobeses, sino que tomó en sus manos la motosierra de Milei en la provincia. Fue tan a fondo que su Justicia adicta tuvo que dictaminar que no podrán realizarse las retenciones previstas en la ley 11.087 a seis trabajadores que presentaron un amparo por advertirse un posible carácter de inconstitucionalidad. Esto entre otra jurisprudencia deja expuesta una política anti obrera, de robo sistemático de las jubilaciones en Córdoba.
Cifras del saqueo previsional
Proyecciones oficiales estiman un déficit anual de la Caja cercano a los $820.000 millones para el ejercicio 2026, acrecentado por los recortes de transferencias del gobierno nacional.
El gobierno ubica la jubilación mínima provincial en torno a los $800.000, el grueso de la masa de pasivos ha visto reducidos sus ingresos debido al diferimiento en el cobro de aumentos, la eliminación del 82% móvil real y los descuentos compulsivos por el artículo 58 y la Ley 11.087.
El sostenimiento de la Caja se garantiza en gran medida únicamente con aportes de los trabajadores y no así con mayores contribuciones patronales, al contrario, estas se reducen en un cuadro de precarización laboral que es amparada por el propio Estado.
De manera que el déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba es entera responsabilidad de sucesivos gobiernos que mantienen una intervención sobre los fondos previsionales, desde hace 30 años. A pesar de ello no se logró mantener su equilibrio financiero, puesto que se la desfinanció y que se destinaron fondos previsionales a otros fines ajenos a su naturaleza.
El otro actor que tiene gran responsabilidad en la reducción de jubilaciones es la burocracia sindical que no convoca a medidas de fuerza para tirar abajo la legislación anti previsional. Finalmente son las mismas conducciones que dejaron pasar los ataques a salarios, jubilaciones, y condiciones de trabajo.
No se nos escapa que la reducción de un porcentaje en los aportes a la Caja se produce en un contexto de rebelión de judiciales, que es necesario apoyar. En este cuadro, es oportuno la realización de un plenario de estatales en la ruta del paro y el plan de lucha por la derogación de las leyes 10.694 y 11.087, por el 82% móvil en base a un salario equivalente a la canasta básica familiar, devolución de la Caja de Jubilaciones.
