Sindicales
11/8/2026
Ante los 300 despidos del Grupo Mirgor hay que imponer una huelga provincial
La ofensiva patronal y del gobierno exige una respuesta obrera contundente.
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El Grupo Mirgor -propiedad de Nicky Caputo, familiar directo del ministro de Economía “Toto” Caputo- concretó durante las primeras horas de la jornada del lunes 10 de agosto un ataque a las familias metalúrgicas, aplicando el despido de alrededor de 300 trabajadores .
Las cesantías alcanzan a 223 operarios de las plantas de producción del holding sobre calle Einstein, y a 73 de la Planta 5 de IATEC, en calle Islas Malvinas, dentro del Parque Industrial de Río Grande. Entre los afectados por esta medida espuria hay personal de planta permanente con más de 15 años de antigüedad. La patronal también avanzó contra integrantes de los cuatro cuerpos de delegados de las distintas fábricas y miembros de la Comisión Directiva de la UOM.
La ofensiva empresarial es parte del vaciamiento sistemático de la industria electrónica fueguina, y descarga una vez más sobre las y los trabajadores las consecuencias del ajuste, la recesión y la apertura importadora impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Todo esto cuenta con la complicidad estelar del gobernador peronista Gustavo Melella, que ha dejado avanzar el vaciamiento y el cierre de fuentes de trabajo: son ellos quienes aplican el ajuste en la provincia. Mientras se desmantela la industria y se promueve la flexibilización laboral, también se profundiza un modelo extractivista que busca convertir a Tierra del Fuego en un territorio al servicio de intereses de corporaciones extranjeras y de tensiones geopolíticas.
Las y los metalúrgicos desvinculados llevaron adelante acciones de lucha: protesta pacífica, cortes, piquetes y fuego en los tachos en las puertas de las plantas de la firma, reclamando respuestas inmediatas y la reincorporación a sus puestos de trabajo, frente a una medida que pretende imponerse por la fuerza y que amenaza con extenderse al conjunto del parque industrial.
Hasta el momento, la UOM se limitó solo a presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Ese organismo -a pedido del gobernador Melella y de la ministra de Trabajo provincial Castiglione— dictaminó la conciliación obligatoria, obligando a las partes a retrotraer las acciones y dejando en suspenso las medidas adoptadas por la empresa. Pero hasta ahora, ello no pasó de ser un deseo en papel mojado, sin ninguna certeza concreta para las familias afectadas, que continúan en la peor de las incertidumbres hasta que se haga retroceder a la patronal, se dejen sin efecto las cesantías y se reincorpore a todos los despedidos a la brevedad.
Se abre un periodo de negociaciones de al menos 15 días, que podrían prorrogarse más. Al mismo tiempo, la empresa ya comenzó a notificar los telegramas de despido a los afectados. En otras empresas electrónicas del parque industrial, como Solnik, Fapesa y BGH, también se estarían preparando nuevas desvinculaciones. Este atropello se consumó inmediatamente después del vencimiento de la prórroga de la conciliación anterior, en pleno intento de imponer la reforma laboral esclavista.
Ante esta avanzada contra la comunidad trabajadora fueguina, la CGT y las CTA deben llamar de inmediato a un paro provincial, con movilización para frenar los despidos y tirar abajo las pretensiones esclavistas de Milei y las patronales.
Ni un trabajador más sin su puesto de trabajo, ni precarizado con contratos basura. Pase a planta permanente de todos los precarizados y contratados como Personal de Prestación Discontinua. Reincorporación ya de los 300 despedidos. Toda nuestra fraternal solidaridad con las y los trabajadores metalúrgicos de Mirgor.
