La aprobación en el Parlamento de Chile de la reducción de la jornada laboral, pasando de 45 horas semanales a 40, reavivó el debate en Argentina sobre la posibilidad de disminuir las horas de trabajo en el país. Gabriel Solano, legislador porteño del FIT-U y precandidato a presidente, al ser consultado por el diario Perfil acerca del tema, remarcó que su fuerza política está a favor de “de que las horas de trabajo disponibles que existen en la economía se distribuyan entre todos los trabajadores de manera tal que se termine la desocupación; eso debería llevar a una reducción de la jornada laboral porque hoy, por un lado, tenemos trabajadores desocupados y por el otro trabajadores sobreocupados”.

“Dicha reducción y distribución de la jornada debe hacerse sin afectar el salario, esto es muy importante, porque si afecta el salario los trabajadores no lo van a aceptar, ya que si se hace una reducción de la jornada a expensas del salario los trabajadores serían condenados a la pobreza” agregó Solano.

A su vez, el legislador  advirtió que “Argentina está entre los países del mundo en el que se trabaja más horas. Esto tiene que ver con que la caída del salario que es muy, muy acentuada, busca compensarse, al menos parcialmente, con una extensión de la jornada laboral”, con lo que “cada vez estamos más lejos de la jornada laboral de 40 horas (…), hoy lo que vive Argentina es una extensión de la jornada laboral”.

A tal punto es así, que el porcentaje de sobreocupados (personas que trabajan más de 45 horas semanales) representaba el 26,5% de los ocupados en el cuarto trimestre 2020, y ascendió al 28,8% en el cuarto trimestre 2022, según la EPH del Indec. A su turno, la cantidad de horas trabajadas del tercer trimestre 2022 tuvo una variación interanual del 8%, mientras que la cantidad de puestos de trabajo evolucionó por detrás de ese porcentaje (5,8%).

Lo cierto es que el salario no alcanza y muchos trabajadores se ven forzados a hacer otras extras o buscar otro empleo para poder llegar a fin de mes. Muestra de ello es que 1 de cada 3 ocupados es pobre, según el Mirador de la Actualidad del trabajo y la Economía (Mate), en base a datos del Indec del segundo semestre 2022. No solo el 39% de los cuentapropistas y el 45% de los trabajadores del sector privado no registrado están bajo la línea de pobreza, sino también el 10% de los estatales y el 18% de los trabajadores del sector privado registrado, dando cuenta del reguero de paritarias a la baja, avaladas por el gobierno y la burocracia sindical.

Esta sobrecarga laboral es la que buscan profundizar todos los políticos capitalistas, a fin de aumentar la tasa de explotación en beneficio de la clase social que representan, a costa de la población trabajadora. El gobierno busca formalizar la extensión de la jornada laboral mediante la modificación convenio por convenio, con el acuerdo de la burocracia sindical de cada sector. Así ocurrió con la reforma de Toyota, saludada por Alberto Fernández y el Smata, donde la patronal prolongó la jornada laboral obligatoria hasta los sábados al mediodía y redujo los plus por horas extras. La derecha, por su parte, también persigue ese objetivo pero plantea avanzar por medio de una reforma laboral que flexibilice al conjunto de los convenios, introduciendo cláusulas para que las remuneraciones dependan cada vez menos del salario básico y se rijan en mayor medida por el presentismo, la productividad, etc.

Es necesario enfrentar esta ofensiva peleando por un paro nacional y un plan de lucha que defienda los convenios colectivos y exija un sueldo inicial equivalente a la canasta familiar, aumentos salariales indexados a la inflación y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.

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