En una nueva arremetida del gobernador Martín Llaryora contra los empleados públicos de la provincia y contra los docentes en particular, se aprobó un nuevo aporte a la obra social de la provincia Apross, denominado Fosaet: “Fondo solidario de atención para enfermedades emergentes e innovación tecnológica”. Se trata de una medida de ajuste y de una continuidad en la orientación de vaciamiento en la Administración Provincial del Seguro de Salud.

El Fosaet significa un aumento de los aportes para los trabajadores que roza lo burlesco; se ajustaría proporcional al IPC (índice de precios), mientras que los salarios docentes se reajustarían en el 50% de la inflación mensual IPC, sin contar que la cobertura y las prestaciones médicas son cada vez más ineficientes, con hospitales sin recursos, con altísimos co-seguros que tiene que costear la docencia, etc.

Mientras el gobierno, con el aval de la burocracia sindical, continúa los aumentos a los aportes de la obra social, viene recortando la entrega de medicamentos; en el caso particular de quien escribe esta nota, desde hace 4 meses Apross no hace entrega de las tiras reactivas para el control de la glucemia, siendo que se encuentra obligada a cubrirlas al 100% por medio de la ley de diabetes (Ley 23.753). Cabe recordar que tanto la burocracia del SEP como la conducción celeste de Uepc-Provincia disponen de “veedores” en el Apross, que ignoran absolutamente todos los reclamos que se efectúan por falta de cobertura y dilaciones en los reintegros. Como era de esperarse, también están dejando que Llaryora imponga un nuevo incremento en los descuentos.

Tenemos, por lo tanto, una obra social totalmente saqueada, sin inversión por parte de la provincia y con un pésimo funcionamiento. Esta situación se puede dar vuelta con la implementación de una obra social dirigida por las y los estatales, electos de manera democrática; terminando con el sistema de Aseguradora de Seguros de Salud. Este ataque al conjunto de la docencia se puede resolver solamente por medio de la acción directa, organizando medidas desde las escuelas para enfrentar este ataque de conjunto que viene llevando adelante el gobernador Llaryora, siguiendo las medidas nacionales a la perfección. Ante esta situación, es indispensable que la docencia continúe deliberando y organizándose en asambleas, preparando la reapertura salarial de junio y defendiendo las condiciones materiales y edilicias.

Esta nueva carga contra el conjunto de la docencia por parte del gobernador Llaryora se da junto a una paritaria que fue aprobada con la complicidad de la burocracia celeste de Uepc, la cual viene autorizando de manera sistemática la rebaja salarial docente. La aceptación de la nefasta propuesta salarial realizada entre la conducción y el gobierno fue realizada con varios casos en que delegados departamentales celestes asistieron a la asamblea sin contar con mandato de las bases docentes del interior de la provincia, donde no se realizaron siquiera las asambleas para la discusión de la oferta salarial.

Enfrentemos el ajuste de Llaryora, unifiquemos los reclamos populares y démosle una salida poniendo en pie una gran asamblea provincial y nacional.