La Justicia de la provincia de Córdoba a través de la Cámara Contencioso Administrativa de 3ª Nominación dictó un fallo que cuestiona la reducción de los haberes a través del Decreto 268/2025. Sin embargo, lejos de retroceder, el gobernador Martín Llaryora decidió continuar la ofensiva anti juibilatoria y llevar el caso al Tribunal Superior de Justicia, ratificando su política de ajuste previsional.

Es un hecho político de enorme importancia que la Cámara Contencioso Administrativa declare la inconstitucionalidad de un recorte y cuestione la Ley 11.907; ahora que hasta la Justicia le da la razón a las y los trabajadores, es necesario impulsar la lucha para arrancar el paro provincial.

En un cuadro de crisis económica es claro que Llaryora apunta a profundizar el saqueo jubilatorio en Córdoba. Puesto que vuelve a descargar la crisis sobre las espaldas de trabajadores activos y jubilados provinciales es claro que está en línea con el ajuste anti previsional de Milei y sus complices. A esta verdadera politica de gobierno, las conducciones sindicales burocráticas la dejaron pasar.

Bajo el viejo argumento de que la Caja de Jubilaciones tiene déficit y que “la plata no alcanza”, la denominada Ley de Equidad Jubilatoria impuso un aumento de aportes del 8% a los trabajadores activos y avanzó en una nueva confiscación sobre los haberes previsionales.
La ofensiva continuó mediante el Decreto 268/2025 y la Resolución 496/2025, que trasladaron sobre los jubilados el mismo esquema de aporte extraordinario impuesto a los trabajadores en actividad. Es decir: el gobierno pretende que quienes ya vienen soportando años de deterioro de sus ingresos financien una crisis que no generaron.

Las jubilaciones constituyen un derecho y poseen un carácter alimentario elemental. Sin embargo, el gobierno provincial insiste en convertirlas en una variable de ajuste. El problema no es el supuesto déficit de la Caja: la crisis actual es el resultado de años de desfinanciamiento, reformas regresivas y utilización política de recursos que pertenecen a los trabajadores.

No estamos frente a un hecho aislado. La Ley 8.024 primero y posteriormente la Ley 10.694 introdujeron modificaciones regresivas en los cálculos jubilatorios, agregaron aportes extraordinarios y avanzaron en deducciones sobre los haberes. Se trata de una política sistemática: descargar la crisis sobre quienes viven de su salario o jubilación.

Mientras se ajusta a trabajadores y jubilados, el gobierno sostiene beneficios, subsidios y exenciones impositivas para los grandes grupos económicos, entre ellos sectores del agronegocio cordobés que continúan acumulando privilegios. Como ocurre con cada ajuste, los recursos salen del bolsillo de las y los trabajadores y se transfieren hacia los sectores más concentrados.

Frente unico por el paro provincial

El plenario de jubilados y jubilados de UEPC Capital (sindicato de trabajadores de la educación) debatió las iniciativas frente al saqueo jubilatorio del gobierno de Llaryora. La delegación combativa fue parte de la última movilización de la semana próxima pasada en el aniversario de la aprobación de la nefasta Ley 10.694, y rechazó también la mal llamada Ley de equidad jubilatoria. Asimismo, denunció el ataque de Milei y Llaryora en una movilización unitaria de los jubilados provinciales y nacionales.

La defensa de las jubilaciones, el rechazo a los descuentos confiscatorios forma parte de una agenda común de docentes y estatales. En ese sentido, la UEPC Capital sigue en pie de lucha, las y los judiciales también; es clave unificar las luchas, superando la politica de division de la burocracia, que no unifica porque se trata de una batalla contra la patronal de Llaryora.

En la perspectiva de superar a la burocracia, la convocatoria de un plenario de docentes y estatales es un factor fundamental para construir la fuerza que arranque el paro provincial por la derogación de todas las leyes anti jubilatorias.

Los trabajadores deben tomar nota. La experiencia demuestra que ninguna conquista se defiende en los tribunales solamente. Hace falta una organización independiente de los gobiernos y de las direcciones sindicales que han dejado pasar cada uno de estos ataques. Es necesaria una deliberación en asambleas, un plan de lucha y la pelea por terminar con la intervención de la Caja de Jubilaciones para que vuelva al control de trabajadores activos y jubilados.