Con la aprobación acelerada del Presupuesto provincial para 2024, la Legislatura de Córdoba ha facultado al gobierno entrante de Martín Llaryora a recortar hasta 2% el salario de los trabajadores del Estado, incrementando su aporte personal a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia.

Para los docentes, el aporte pasaría de 11% a 13%. Esto implica, además, un recorte a las jubilaciones porque reduce la base para el cálculo del haber inicial, que se hace sobre el salario deducido el aporte personal jubilatorio y no sobre la totalidad del salario bruto. Es decir que del 82% del 89%, la jubilación pasaría a calcularse como un 82% del 87%. Lo que ya era malo, se pone peor.

Llaryora asume con el poder para recortar salarios y jubilaciones, algo no muy diferente a lo que hizo en su gestión como intendente en municipalidad de Córdoba, en la que una de sus primeras medidas fue bajar nominalmente el salario de los empleados municipales, reduciendo su jornada laboral.

El justificativo de parte del oficialismo (saliente y entrante) para este ajuste está en el déficit de la Caja, un déficit que no han resuelto con ninguna de las reformas anti-jubilatorias previas, y que en realidad no pretenden resolver, porque es un arma para presionar a la baja las jubilaciones y los salarios de activos, y la utilizan en la negociación por el envío de giros de nación para su financiamiento. La responsabilidad del déficit es por entero de los gobiernos que mantienen la Caja intervenida desde hace 20 años y cuentan sus fondos como parte de las finanzas provinciales.

En el informe presentado por el Ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, a la Legislatura se señala que el crecimiento promedio anual de los beneficios que paga la Caja ha sido de 1,9% entre 2016 y junio de 2023, superior al apenas 0,1% que ha crecido el empleo público de aportantes en el mismo período. Lo que elude el Ministro es señalar que ese bajo porcentaje de crecimiento de aportantes a la Caja responde por un lado a la evasión de aportes que comete el Estado vía la precarización laboral con la designación de personal por fuera de las leyes de estatutos y convenios, y, por otro, directamente al ajuste que significa el recorte del personal necesario, fundamentalmente en las escuelas.

En estos últimos meses, las luchas por infraestructura y condiciones de trabajo en muchas escuelas de la provincia han expuesto la necesidad de personal que el gobierno ha hecho desaparecer y se niega a reestablecer, tal es el caso de porteros, ayudantes y encargados de gabinetes, y hasta bibliotecarios e intendentes de mantenimiento.

Lo que también oculta el informe que pretende justificar este recorte del 2%, es que durante años los docentes y empleados públicos aportamos de forma extraordinaria a un fondo complementario, completando un 18% de aportes personales a la Caja. Ese Fondo Complementario fue creado en 2002 por la ley 9075 y se constituyó con el aporte extra del 7%, para asegurar el 82% móvil que se perdía con la armonización.

Luego, en 2009, como coletazo de la sanción de la 9504 de Schiaretti en acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández, este Fondo cerró y sus activos y compromisos futuros fueron trasladados al sistema general. Pero los trabajadores seguimos aportando un 18%, a pesar de haber perdido ya el 82% móvil porque se había modificado el cálculo del haber. La ley 10333 impuso de forma permanente ese recorte.

En octubre de 2016, mediante el decreto 1492, el gobierno provincial redujo las contribuciones patronales para adaptarlas al proceso de armonización contable que exigía el acuerdo que había establecido con el gobierno de Macri para adecuar el régimen previsional de la provincia (léase armonizar) y financiar el déficit.

Ya sin jubilación de 82%, el gobierno ofreció como parte del aumento salarial en 2017 la reducción en un 3,5% del aporte personal a la Caja, algo que siguió haciendo hasta fijar en 2019 este aporte en 11%, en consonancia con el régimen jubilatorio nacional 24.241. Es decir que el gobierno puso sus acuerdos de armonización en la paritaria salarial y extorsionó a los docentes para que entregaran los aportes que venían haciendo desde el año 2002.

Esta entrega allanó el terreno para la sanción de la ley 10.694 en 2020 que destruyó los derechos previsionales y distorsionó profundamente las jubilaciones: quienes más aportan menos jubilación cobran. Asimismo, el reciente triunfo de Milei indudablemente agudizará el ajuste sobre las jubilaciones.

Nada dice Giordano, que en su momento estaba al frente de la Caja, sobre el destino de ese 7% extra que fue robado a los trabajadores y tampoco sobre la perfidia y la inconsistencia de plantear un recorte de 2% cuando antes la reducción de los aportes personales había sido planteada como incremento salarial en paritarias. De fijarse este aumento de los aportes, se ubicarán en el 13%, como fija el régimen especial de jubilación docente nacional (Ley 24.016), pero sin garantizar el derecho del 82%.

El ataque al salario es profundo y suena a burla contra los trabajadores. El acuerdo para el segundo semestre de 2023 contempla una garantía de que el aumento de salario del año quede 10% por encima de la inflación del período entre enero y el mes inmediato anterior. Pero con esta cláusula a la inflación de septiembre, que fue en Córdoba de 13,85%, los docentes la tuvieron que enfrentar con apenas un incremento de 1,39%, es decir que ahí ya se materializó una reducción salarial.

Este ínfimo porcentaje no cubre siquiera lo que plantea recortar Llaryora. En octubre el IPC Córdoba (Índice de Precios al Consumidor) midió un incremento de 8,21%, algo cuestionado por el Centro de Almaceneros, que lo estableció considerablemente por encima, en 10,9%. Ese porcentaje del IPC lo cobrarán los docentes como aumento en el salario de noviembre, es decir que se verá en diciembre, con cerca de dos meses de retraso respecto al aumento de los precios.

Pero además, el gobierno ya ha lanzado su plataforma para atacar el salario docente y cuestionar la actualización salarial del conjunto de los estatales. Además de esta facultad de recortar el 2% que le ha otorgado la legislatura, el gobierno ya ha informado que la recaudación en octubre cayó un 6% con respecto al mismo mes del año anterior.

El gobierno se prepara para no cumplir la cláusula de revisión automática de los salarios. Esto sumado a que el propio presupuesto significa un ajuste al salario, siendo que prevé para 2024 una inflación de 94% (contra las estimaciones que la ubican cerca del 200%) y destina para salarios de trabajadores públicos un 92%.

Los sindicatos estatales aportantes a la Caja han emitido un comunicado llamando al gobierno a que no aplique el recorte salarial para evitar tener que ir a la lucha. Pero la situación plantea objetivamente un escenario de conflicto que es necesario preparar con un método de deliberación e intervención de los trabajadores y un programa de independencia política y frente único. Con este método se forjó la nueva conducción de UEPC Capital y es el compromiso que asume. La defensa del salario y las jubilaciones dependen de la orientación de esta lucha.

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