El pasado 23 de mayo, el SEP firmó con el gobierno de Martin Llaryora un acuerdo que representa otro ajuste en los ingresos de lxs estatales de la provincia. Los incrementos de un 6% para abril y mayo, en las sumas en blanco y en negro, no recuperan el poder adquisitivo de lxs trabajadores. Además, el Ejecutivo pretende cerrar toda discusión salarial hasta marzo del año que viene.

El gobierno publicita un 19% de aumento de conjunto, y aumentos bimestrales. Pero, lo cierto y concreto, es que Llaryora paga salarios que están muy por detrás de los $1.110.063 que una familia necesita para no ser pobre. La inclusión de la cláusula gatillo apunta a disminuir los reclamos, pero no a dar una solución al retraso salarial.

Por caso, un profesional de la salud con un básico de $631.609,21 por 35 horas semanales tendría solo un aumento de unos $37.000, de acuerdo al impacto de la primera cuota establecida en el acuerdo.

Además, como el mismo contempla cifras en negro y mantiene el diferimiento salarial para las jubilaciones, los grandes perdedores son los adultos mayores que durante años trabajaron en dependencias públicas.

Sergio Castro, secretario general del SEP, reconoció que lo firmado “es insuficiente”. Por eso, la burocracia busca matizar una nueva entrega del salario, argumentando que el gobierno se comprometió, una vez más, con la vigencia de la Ley N° 10.889 de salud, que redundaría en una mejora en los ingresos de lxs trabajadores de salud.

Pero la reglamentación de la norma no será de manera inmediata, sino que queda a merced de los tiempos de la política de Llaryora.

Desde el gobierno afirmaron que las cifras que se destinarían a lxs estatales van en la línea con lo firmado por la burocracia docente dirigida por Roberto Cristalli. En consecuencia, el aparato de comunicación del gobierno salió a decir que con la firma de la burocracia del SEP aseguró la paz social.

La paritaria firmada por la conducción del SEP y Llaryora termina avalando una confiscación de salarios y jubilaciones, que es posible y necesario revertir con una intervención independiente desde el campo de lxs trabajadores.

Los salarios de pobreza que perciben docentes, trabajadores de la salud y demás estatales desmienten la narrativa del gobernador Llaryora que asegura que sostiene “un Estado con superávit y la gente adentro”. Bien vista, la política salarial del cordobesismo va en la línea con la del gobierno de Javier Milei.

La conducción del SEP deja pasar nuevos ajustes, acordando una paritaria a la baja, en momentos en que lxs trabajadores del Rawson rechazan despidos arbitrarios y vienen de una marcha y acto en el que reclamaron un paro provincial. Además, en un cuadro en que la docencia impulsada por Uepc-Capital plantea una reapertura de la discusión salarial, los municipales continúan el plan de lucha por recomposición salarial; y lxs judiciales con la lucha arrancan una mesa de discusión salarial. 

En lugar de unificar los reclamos frente al gobierno-patrón, la conducción de la CGT se subordina a este. Está claro, que la defensa del salario no vendrá de una burocracia sindical adicta al gobierno provincial.

Por eso, la convocatoria del próximo 12 de junio de un plenario de trabajadores y la juventud promueve la intervención de la clase obrera en la crisis. Es necesario construir un canal de intervención contra salarios de pobreza e indigencia, contra el ajuste y persecución, y represión a lxs trabajadores, por parte de quienes gobiernan, 

Es necesario construir el paro provincial para conquistar todos los reclamos obreros y populares. El plenario de trabajadores planteará un plan de acción en ese sentido.

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